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El fallo del Tribunal Supremo devuelve a los tribunales infer
iores los casos que impugna
n la orden ejecutiva del presidente sobre la ciudadanía por naci miento. Sin embargo, el destino final de la política presidencial sigue siendo incierto.
El efecto trasciende la ciudadanía por nacimiento. Con el poder de los jueces de distri to limitado a sus jurisdicciones por decisión del Supremo, el presidente Trump queda liberado para pone r en marcha muchas de esas órdenes ejecutivas que han quedado en suspenso, al menos, en los distritos donde no llegan las decisiones de los jueces federales, como indica ahora al Corte Suprema.
Qué sigue en el caso de la ciudadanía -Test - El fallo de la Corte Suprema en un caso relacionado con el derecho constitucional a la nacionalidad por-test App Cashe 2025 -Test Cahse2
La batalla legal sobre la medida de Do nald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución y que el presidente quiere limitar en una orden ejecutiva está lejos de terminar, a pesar de la importante victoria que obtuvo el gobierno republicano el viernes en la Corte Suprema de Justicia que limita los mandatos judiciales a nivel nacional que mantenían bloqueada la aplicación del decreto.
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La drástica reducción del poder de las cortes federales
La Casa Blanca de Trump ha argumentado que los jueces de tribunales inferiores se basan en los mandatos judiciales a nivel nacional para interferir con la agenda del presidente de maneras que exceden la función constitucional de los tribunales. Pero quienes defienden los mandatos judiciales a nivel nacional argumentan que se debe a lo que perciben como una frecuente disposición del gobierno a violar la ley para lograr sus objetivos políticos y que se trata de una herramienta necesaria para el balance de los poderes públicos.
Hasta este viernes, más de 1000 jueces tenían la facultad de emitir órdenes judiciales a nivel nacional que podían frenar al gobierno federal. Ahora, sus decisiones solo rigen para los demandantes en el caso.
Impacto en las políticas vigentes de Trump
- Prueba de ciudadanía para ejercer el voto: En marzo, la Casa Blanca impuso nuevos requisitos para la identificación de los votantes en los centros de votación. La iniciativa fue bloqueada por jueces de Washington, D.C. y Massachusetts, con el argumento de que probablemente violaría las leyes que garantizan el derecho al voto. La demanda fue presentada por 19 estados y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, junto con otras dos organizaciones, lo que plantea la posibilidad de que los requisitos de votación propuestos por la administración se apliquen en algunos estados, pero no en otros.
- Condicionar fondos federales a los estados para que se plieguen a las políticas de Trump: la administración amenazó con congelar hasta $3 billones (trillions, en inglés) en fondos federales a los estados para que se ajusten a las políticas de la administración federal. La orden fue bloqueada por jueces de Washington y Rhode Island, tras recibir demandas que involucran a 23 estados y cuatro organizaciones sin fines de lucro.
- Eliminar programas DEI en escuelas públicas: el Departamento de Educación aspira que las escuelas públicas eliminen los programas que promueven la diversidad y la equidad, o que pierdan su parte de aproximadamente $75,000 millones en fondos federales. Jueces de New Hampshire, Maryland y Washington bloquearon una iniciativa
- Fondos de ayuda exterior de USAID: El gobierno congeló unos $2,000 millones en ayudas que autorizó el Congreso para ser distribuida por la desmanteladas USAID o el Departamento de Estado, pero un juez en Washington ordenó que los pagos continuaran.
¿Qué está analizando la Corte Suprema a pedido de la administración Trump?
La respuesta de Trump a esto fue, una vez más, acudir a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, para intentar el respaldo a su decreto mediante una inusual solicitud de emergencia.
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El tribunal aceptó un recurso de urgencia del gobierno en marzo pasado —algo que no hace con frecuencia— para estudiar si se restringen las órdenes de cortes de circuitos federales que, por ejemplo, han impedido que los cambios en materia de ciudadanía ordenados por Trump en un decreto el 20 de enero entren en vigor en todo el territorio estadounidense.
La administración Trump está pidiendo a la Corte Suprema que restrinja la aplicación de la medida cautelar de una corte de distrito únicamente a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.
En específico, se pidió que se permita la entrada en vigencia de la orden ejecutiva de Trump en el país de forma limitada: excluyendo a los niños nacidos en los estados de las tres demandas en las que fallaron los jueces de Washington, Massachusetts y Maryland.
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“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la Enmienda 14. “Ningún Estado promulgará ni aplicará ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos”.
Los jueces intentaron entender con sus preguntas cómo podría operar el gobierno si el máximo tribunal les diera la razón y permitiera la implementación de la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento sólo en los estados donde no hay demandas: qué pasaría entonces con los niños que nacen en esos estados, cómo se aplicaría la orden ejecutiva. Con sus preguntas, los magistrados mostraron sus dudas sobre este tema.
“La afirmación del presidente de que la Enmienda 14 solo pretendía otorgar la ciudadanía a los hijos de personas esclavizadas recién liberadas es falsa, y no puede conciliarse con el texto ni la historia de la Enmienda 14”, dijo a elDetector por correo electrónico, Anna Jessurun, abogada del Constitucional Accountability Center, un think thank para “preservar los derechos y las libertades de todos en Estados Unidos y proteger nuestro poder judicial”.
La restricción a la ciudadanía por nacimiento fue una de las propuestas electorales del presidente Trump, que buscó ejecutar de inmediato tras su toma de posesión el pasado 20 de enero de 2025. Rápidamente se encontró con múltiples contratiempos, como: suspensiones temporales a la orden ejecutiva, el desafío de 22 estados, y que pende de la decisión que tome al respecto la Corte Suprema a finales de junio o principios de julio de 2025 tras escuchar los argumentos del gobierno el pasado 15 de mayo.
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Su última ronda de decisiones del jueves supuso un duro golpe para los esfuerzos del Partido Republicano por recortar cientos de miles de millones de dólares del presupuesto de Medicaid durante la próxima década. Los republicanos del Senado podrían optar por ignorar sus recomendaciones, pero es poco probable que lo hagan.
Veamos más de cerca qué hace la parlamentaria del Senado y por qué los legisladores están tan pendientes de sus recomendaciones en estos momentos.
El papel crucial del parlamentario
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado cuentan con un parlamentario que presta asistencia sobre las normas y los precedentes de esa cámara. A menudo se les ve asesorando a quien preside la cámara sobre los procedimientos adecuados que deben seguirse y las respuestas apropiadas a una consulta parlamentaria.

El presidente afirmó que aunque "Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país", calcula que "la situación se igualará en cinco años" con los países que le siguen en el ranking como Rusia y China.





