Registro del FBI a sede electoral del condado Fulton en Georgia: expertos denuncian uso del gobierno federal como herramienta de represalia política

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no ha apagado una de sus mayores obsesiones políticas: revertir, al menos en el relato, su derrota electoral de 2020. Aunque perdió la reelección hace ya más de cinco años, el presidente insiste en que aquel proceso estuvo marcado por un fraude masivo, una afirmación falsa que ahora busca respaldar desde el poder federal.

El miércoles, agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la sede electoral del condado de Fulton, en Georgia, que incluye gran parte de Atlanta, para incautar papeletas de las elecciones de 2020. La actuación se produjo después de que Trump insinuara a comienzos de mes, durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que nuevas acciones judiciales relacionadas con aquellos comicios eran inminentes.

La decisión ha encendido las alarmas entre expertos legales y defensores del sistema electoral.

Rick Hasen, profesor de Derecho en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), describió la situación como el uso del poder del Estado para alimentar una fijación personal. “El hombre tiene obsesiones, como muchas personas, pero es el único que cuenta con todo el poder de Estados Unidos detrás”, declaró a la agencia AP.

Hasen y otros analistas consultados por la Associated Press advierten que el uso del FBI encaja en un patrón más amplio: la transformación del Gobierno federal en una herramienta de represalia política.

Desde el Partido Demócrata, las críticas no se han hecho esperar. El senador por Georgia Jon Ossoff comparó el registro en Fulton con otras actuaciones recientes del Ejecutivo federal, como la ofensiva migratoria en Minnesota, y acusó al presidente de utilizar las fuerzas del orden como un instrumento personal.

“De Minnesota a Georgia, a la vista del mundo entero, lo que se ve es a un presidente fuera de control, usando a las fuerzas federales sin rendición de cuentas como arma de poder y venganza”, afirmó Ossoff en un comunicado.

David Becker, exabogado del Departamento de Justicia especializado en derechos electorales y director del Center for Election Innovation & Research, se mostró escéptico, en declaraciones a AP, sobre que el registro del FBI en Georgia desemboque en procesamientos exitosos. Recordó que otras exigencias de Trump para imputar a adversarios políticos han quedado estancadas en los tribunales.

“Gran parte de lo que ha hecho esta Administración es lanzar acusaciones en redes sociales en lugar de acudir a los tribunales”, dijo Becker. “Sospecho que esto tiene más que ver con envenenar el terreno de cara a 2026”.

Temores por elecciones de mitad de período este año

El movimiento llega además en un momento delicado: los responsables electorales de todo el país comienzan a prepararse para las elecciones legislativas de 2026, en las que Trump enfrenta dificultades para ayudar a su partido a mantener el control del Congreso.

Algunos recuerdan que, tras perder en 2020, Trump llegó a plantearse el uso del Ejército para confiscar máquinas de votación, lo que alimenta el temor de que esté sentando las bases para maniobras similares si vuelve a perder.

“Georgia es el modelo”, dijo Kristin Nabers, de la organización progresista All Voting Is Local, en declaraciones recogidas por AP. “Si aquí pueden llevarse material electoral, ¿qué impediría que hicieran lo mismo en otro estado después de una derrota?”

Georgia y las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral en 2020

Georgia ocupa un lugar central en la narrativa de Trump sobre 2020. El 2 de enero de 2021 llamó al entonces secretario de Estado del estado, el republicano Brad Raffensperger, y le pidió que “encontrara” 11,780 votos adicionales para declararlo ganador. Raffensperger se negó, recordando que múltiples recuentos habían confirmado la victoria ajustada de Joe Biden.

Esas revisiones se repitieron en otros estados clave —muchas de ellas impulsadas por autoridades republicanas— y confirmaron el triunfo de Biden en lugares como Michigan, Wisconsin y Nevada. Trump también perdió decenas de demandas judiciales y su propio fiscal general reconoció entonces que no existían pruebas de un fraude generalizado.

Algunos aliados que difundieron esas acusaciones falsas han sido condenados o han llegado a acuerdos millonarios por difamación. Entre ellos figura el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien tuvo que responder ante dos trabajadoras electorales de Georgia. Empresas fabricantes de máquinas de votación también demandaron a medios conservadores por emitir acusaciones sin fundamento; Fox News cerró uno de esos casos pagando $787 millones después de que un juez señalara que era “cristalino” que las denuncias eran falsas.

El intento de Trump de revertir el resultado en Georgia derivó además en una fallida imputación en su contra y contra algunos de sus aliados por parte de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis. Ese proceso colapsó tras acusaciones de conflicto de intereses contra la fiscal, y Trump terminó demandándola.

Ya de vuelta en el poder, el presidente indultó, conmutó penas o prometió retirar cargos a unas 1,500 personas acusadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. También firmó una orden ejecutiva para imponer nuevas reglas a los sistemas electorales estatales, aunque los tribunales la han bloqueado reiteradamente al recordar que la Constitución otorga a los estados —y en algunos casos al Congreso— la autoridad sobre las elecciones.

Como parte de su agenda de represalias, Trump ha hablado incluso de procesar penalmente a legisladores que integraron el comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio, y ha cuestionado la validez de los indultos preventivos otorgados por Joe Biden. También ha apuntado contra antiguos funcionarios de ciberseguridad que certificaron la limpieza de las elecciones de 2020.

Pese a tener sobre la mesa crisis internacionales como las guerras en Gaza y Ucrania, y grandes paquetes legislativos de impuestos y gasto, Trump vuelve una y otra vez a 2020. Ha calificado falsamente aquellos comicios de “amañados”, ha acusado a los demócratas de hacer trampa e incluso ha colocado una placa en la Casa Blanca que afirma que Biden asumió tras “la elección más corrupta de la historia”.

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