Donald Trump considera que tiene derecho a una multimillonaria indemnización de parte de su propio Departamento de Justicia por las investigaciones sobre los supuestos vínculos de su primera campaña presidencial con Rusia y el caso de su negativa a regresar los documentos clasificados que tenía en residencia de Mar-a-Lago.
4 claves del multimillonario reclamo de Trump a su propio Departamento de Justicia por haberlo investigado
Trump considera que tiene derecho a ser indemnizado por las investigaciones de sus supuestos delitos en el pasado: deben decidir quienes lo defendieron y que ahora dirigen el Departamento de Justicia.
Video ¿Por qué Trump le está reclamando 230 millones de dólares al Departamento de Justicia?
Según el presidente, los dos casos obedecieron a motivaciones políticas y por eso ahora debe ser compensado. A nadie se le escapa el potencial para un conflicto ético en un asunto que va a quedar en manos de quienes fueron sus abogados personales, Pam Bondi y Todd Blanche, que están ahora al frente del Departamento de Justicia.
Y del propio Trump, como el mismo apuntó, sonriente. " Es interesante, porque yo soy quien toma la decisión. Esa decisión va a pasar por mi escritorio. Es horriblemente extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo", dijo Trump en respuesta a periodistas en la Casa Blanca.
"¿Han tenido uno de esos casos en que tienen que decidir cuánto tienen que pagarse a sí mismos por daños y perjuicios?", preguntó a quienes lo acompañaban en el Despacho Oval, miembros de la comunidad hindú con los que celebraba la festividad diwali entre los que estaba Kash Patel, director del FBI.
Trump buscó adelantarse a los obvios cuestionamientos derivados de que el presidente acepte una compensación monetaria de su propio Departamento de Justicia alegando que no busca dinero y que lo donaría a obras de caridad o para las obras de su gran salón de baile en la Casa Blanca.
Estas son algunas claves del caso y cómo podría seguir el proceso:
1. Cómo funciona el proceso en las indemnizaciones por perjuicios del gobierno federal
Antes de volver a la Casa Blanca, Trump presentó dos demandas ante el Departamento de Justicia solicitando 230 millones de dólares en daños y perjuicios relacionados con el registro que el FBI realizó en 2022 en su propiedad de Mar-a-Lago en busca de documentos clasificados y para una investigación independiente sobre posibles vínculos entre Rusia y su campaña presidencial de 2016, según informó The New York Times el martes.
Presentó las demandas en 2023 y 2024 en virtud de una ley que permite a las personas demandar a agencias federales, como el Departamento de Justicia, si consideran que han sido perjudicadas por empleados de dichas agencias que actúan en el ejercicio de sus funciones. Según la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, las personas deben presentar primero una demanda administrativa ante la agencia gubernamental. La agencia dispone de seis meses para resolver la demanda o denegarla de plano.
Si la agencia deniega la demanda o no actúa al respecto dentro de ese plazo, la persona puede presentar una demanda federal. Trump aún no ha presentado una demanda por ninguna de las dos acusaciones, a pesar de que han transcurrido seis meses.
La fuente habitual de pagos para las reclamaciones contra el gobierno proviene del conocido como Fondo de Sentencia. Los registros del Departamento del Tesoro muestran pagos del Fondo de Sentencia durante el último año en nombre de diversas agencias federales relacionadas con denuncias por discriminación, violaciones de la Ley de Privacidad y otros asuntos.
En un caso reciente de alto perfil, el Departamento de Justicia acordó en 2024 pagar más de 138 millones de dólares para resolver 139 reclamaciones administrativas presentadas por personas que acusaron al FBI de gestionar de forma extremadamente deficiente las acusaciones de agresión sexual contra Larry Nassar en 2015 y 2016.
2. ¿Por qué Trump dice que el gobierno le debe dinero?
Trump ha afirmado durante mucho tiempo que fue víctima de la instrumentalización de un Departamento de Justicia que lo persiguió con fines políticos y que abandonó las dos causas penales cuando el ahora presidente ganó las elecciones por la política de ese despacho de no procesar a un presidente en funciones.
El presidente manifestó su interés en una compensación durante una comparecencia en la Casa Blanca la semana pasada junto al fiscal general adjunto Todd Blanche, el director del FBI Kash Patel y la fiscal general Pam Bondi, declarando a la prensa: "Me estoy demandando a mí mismo", aunque sus reclamos hasta la fecha no son demandas.
Una de las reclamaciones administrativas, presentada en agosto de 2024 y revisada por The Associated Press, solicita 115 millones de dólares en daños compensatorios y punitivos por el registro de su propiedad en Mar-a-Lago y el caso resultante, por frustrar los intentos de la administración de recuperar los documentos clasificados que se había llevado.
Acusa al ex fiscal general Merrick Garland, al exdirector del FBI Christopher Wray y al fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith de acosar y atacar a Trump con un "procesamiento malicioso" con el fin de perjudicar su intento de ganar las elecciones para regresar a la Casa Blanca.
El NYT informó que la otra demanda busca una indemnización por daños y perjuicios relacionada con la investigación Trump-Rusia, concluida hace tiempo, que continúa enfureciendo al presidente.
3. Los abogados defensores de Trump y sus aliados podrían tener la última palabra
Las demandas de Trump han planteado espinosos problemas éticos, ya que, según la política del Departamento de Justicia, las propuestas de acuerdos de más de 4 millones de dólares deben ser aprobadas por el fiscal general adjunto o el fiscal general asociado.
El ahora fiscal general adjunto es Todd Blanche, quien fuera uno de los principales abogados defensores de Trump en la investigación de Mar-a-Lago. Y el fiscal general asociado Stanley Woodward representó al empleado de Trump Walt Nauta, uno de los coacusados en el mismo caso.
El departamento no ha dicho si Blanche y Woodward serían recusados en las negociaciones del acuerdo, pero señaló en un comunicado del martes que "en cualquier circunstancia, todos los empleados del Departamento de Justicia siguen la guía ética de los funcionarios de carrera".
Pero, en julio, Bondi despidió al principal funcionario del departamento responsable de asesorar al fiscal general y al fiscal general adjunto en cuestiones de ética.
4. Los demócratas denuncian "extorsión" inconstitucional
Los demócratas reaccionaron a la noticia anunciando que el representante Jamie Raskin, principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara Baja, iniciaría una investigación sobre lo que denominaron una "extorsión" que violaba la Constitución.
No quedó claro de inmediato cómo se concretaría dicha investigación, pero parece improbable que Raskin u otros demócratas obtengan cooperación de los líderes del Departamento de Justicia, especialmente tras la combativa comparecencia de Bondi ante el Congreso a principios de este mes.
Con información de AP.
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