Haber participado directamente en determinadas labores de control migratorio federal podría convertirse en un impedimento para acceder a algunos empleos públicos en California si el gobernador Gavin Newsom firma un proyecto de ley que ya llegó a su escritorio.
California busca limitar empleos públicos a exagentes de ICE; el proyecto llega al escritorio de Newsom
El proyecto AB 1896, que busca limitar el acceso a ciertos empleos públicos de California a exagentes o contratistas que participaron en labores de control migratorio federal, espera la decisión del gobernador Gavin Newsom.
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El proyecto AB 1896, impulsado por el asambleísta Mark González y el presidente de la Asamblea estatal, Robert Rivas, busca establecer restricciones para determinadas personas que hayan participado personalmente en actividades de aplicación de las leyes migratorias federales y que posteriormente pretendan ocupar ciertos puestos de servicio público en California.
La propuesta ha generado un nuevo enfrentamiento político en torno a las operaciones migratorias federales y el papel que deben desempeñar las autoridades estatales.
Los Angeles Times reportó que la medida se encuentra ahora a la espera de la decisión de Newsom.
“Buena suerte encontrando trabajo aquí”
González ha utilizado un discurso particularmente duro para defender la iniciativa.
“Una y otra vez, hemos visto que estos agentes demuestran que no están dispuestos a enfrentarse a órdenes ilegales”, dijo el legislador.
El asambleísta también sostuvo que quienes, a su juicio, hayan participado en acciones que vulneren los derechos civiles no deberían posteriormente ocupar puestos de confianza pública en California.
“Estos agentes me repugnan y no tienen lugar… ni derecho a servir al público aquí en California”, afirmó González. “Buena suerte encontrando trabajo aquí en el Estado Dorado”.
Sus declaraciones han colocado a AB 1896 en el centro de la disputa entre California y el gobierno federal sobre las políticas migratorias y las operaciones de agentes federales en el estado.
¿Qué establece realmente el proyecto?
Aunque la propuesta ha sido descrita como una medida para impedir que exagentes de ICE obtengan determinados empleos públicos, no establece una prohibición automática para cualquier persona que haya trabajado alguna vez para ICE o el Departamento de Seguridad Nacional.
El texto contempla categorías específicas de personas que, a partir del 1 de enero de 2028, podrían quedar descalificadas para determinados puestos si anteriormente trabajaron como agentes de seguridad pública bajo juramento o como contratistas individuales y participaron personalmente en actividades de aplicación de las leyes migratorias federales.
La iniciativa también contempla requisitos de declaración y revisión para algunas personas que busquen convertirse en agentes del orden público o ingresar a programas básicos de capacitación policial.
Por ello, la aplicación de la medida dependería de las funciones específicas que haya desempeñado cada persona y de las condiciones establecidas en la legislación.
Los impulsores del proyecto argumentan que quienes reciben un salario público y ocupan posiciones de autoridad deben cumplir estándares compatibles con las leyes y los valores que California busca proteger.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han respaldado la propuesta y sostienen que las acciones de las autoridades migratorias han generado temor entre algunas comunidades.
Monica Madrid, defensora de políticas públicas estatales de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), afirmó durante una reunión legislativa que las operaciones migratorias tienen consecuencias directas para las familias.
“Nuestros informes documentan patrones de crueldad, perfilamiento racial e intimidación por parte de ICE y CBP”, sostuvo Madrid.
La activista agregó que también han documentado situaciones en las que agentes federales se han dirigido contra personas que buscan registrar las operaciones migratorias o brindar apoyo a miembros de sus comunidades.
Para los defensores de AB 1896, la iniciativa busca establecer una separación entre determinadas labores de control migratorio federal y los puestos que implican ejercer autoridad pública dentro de California.
La propuesta también enfrenta oposición de organizaciones que representan a agentes del orden.
Diversas asociaciones policiales de California, incluida la Peace Officers Research Association of California (PORAC), se han manifestado en contra del proyecto.
La California State Sheriffs’ Association sostiene que la medida podría discriminar injustamente a empleados del Departamento de Seguridad Nacional al establecer restricciones basadas en su experiencia laboral previa.
El debate plantea una cuestión poco habitual: si el trabajo que una persona realizó para el gobierno federal puede convertirse posteriormente en un factor para determinar si tiene derecho a ocupar determinados puestos dentro del gobierno estatal.
Los partidarios de la iniciativa consideran que sí, cuando se trata de personas que participaron directamente en determinadas actividades de control migratorio.
Newsom tiene la última palabraAB 1896 todavía no es ley. Después de ser aprobado por la Legislatura de California, el proyecto quedó en manos de Newsom, quien deberá decidir si lo firma o lo veta.
Si entra en vigor, las principales disposiciones comenzarían a aplicarse en 2028.
La decisión del gobernador podría marcar un nuevo capítulo en la disputa entre California y la administración federal sobre inmigración y definir hasta qué punto el estado puede establecer límites para quienes buscan ocupar puestos públicos después de haber participado en determinadas operaciones federales de control migratorio.