Un juez federal en Boston detuvo los esfuerzos del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recopilar datos destinados a demostrar que las universidades no consideran la raza en sus procesos de admisión.
Juez bloquea plan de Trump para recopilar datos raciales en universidades
El Departamento de Educación defendió la iniciativa, señalando que busca garantizar transparencia en el uso de fondos públicos; esta política está vinculada a acuerdos con universidades como Brown y Columbia, que aceptaron proporcionar datos detallados sobre solicitantes y someterse a auditorías.
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La decisión, emitida el sábado 4 de abril de 2025 por el juez F. Dennis Saylor IV, concede una orden judicial preliminar que aplica únicamente a instituciones públicas de los 17 estados que presentaron la demanda.
Implementación “apresurada y caótica”
Aunque el juez reconoció que el gobierno federal probablemente tiene autoridad para solicitar esta información, criticó la forma en que se implementó la medida. Señaló que el plazo de 120 días impuesto por la administración provocó un proceso “apresurado y caótico”, sin permitir una interacción adecuada con las universidades para atender preocupaciones sobre los nuevos requisitos.
La orden de recopilar datos surgió en agosto, tras preocupaciones del presidente Trump sobre posibles prácticas discriminatorias en las admisiones universitarias. En 2023, la Corte Suprema prohibió el uso directo de la acción afirmativa, aunque permitió considerar experiencias personales relacionadas con la raza en ensayos de admisión.
Los fiscales generales estatales argumentaron que la recopilación de datos podría violar la privacidad de los estudiantes y generar investigaciones injustificadas. También destacaron que las universidades no tuvieron tiempo suficiente para cumplir con los requisitos. La abogada Michelle Pascucci calificó la medida como irresponsable y apresurada.
Defensa del gobierno federal
El Departamento de Educación defendió la iniciativa, señalando que busca garantizar transparencia en el uso de fondos públicos. La política está vinculada a acuerdos con universidades como Brown y Columbia, que aceptaron proporcionar datos detallados sobre solicitantes y someterse a auditorías.
El gobierno advirtió que las instituciones que no cumplan podrían enfrentar sanciones bajo la Ley de Educación Superior. Además, la administración ha intensificado la presión sobre otras universidades, como Harvard, a la que también ha exigido datos similares bajo amenaza de acciones legales.
JICM
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