“Que no merecemos estar aquí”: así usan amenazas con ICE para presionar a trabajadores en Texas

El temor a la deportación se ha convertido en una herramienta de presión dentro de entornos laborales y relaciones personales en Dallas–Fort Worth. Organizaciones comunitarias y testimonios recogidos advierten que algunas personas están siendo amenazadas con reportes a autoridades migratorias como forma de control, y la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo.

“Que él puede llamar al ICE y traerlo hasta la casa”, relata María, una trabajadora que pidió reserva de su identidad. Su testimonio coincide con otros casos documentados por organizaciones locales. Empleados a quienes se les advierte que, si faltan por enfermedad o reclaman pagos, podrían ser reportados a migración.

“Mis compañeros y yo trabajamos ahí y ninguno tenemos documentos. Siempre que nos enfermábamos o queríamos faltar, recibíamos amenazas”, cuenta.

Según su versión, las advertencias eran constantes. “El mánager decía que iba a llamar a migración, que nos iba a mandar el ICE para deportarnos, que no merecemos estar en este país”.

Las denuncias se repiten en sectores donde el trabajo informal es frecuente. El Workers Defense Project, que opera en Texas, ha documentado que en sectores como la construcción y servicios, una proporción significativa de trabajadores inmigrantes —en algunos estudios enfocados en trabajadores de bajos ingresos, hasta uno de cada cinco— ha enfrentado robo de salario o intimidación laboral.

A nivel nacional, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, a través de su División de Horas y Salarios, reportó la recuperación de más de 274 millones de dólares en salarios no pagados entre 2023 y 2024, un indicador de la magnitud del problema.

"Para tenerlos trabajando con salarios bajos"

“Empleadores utilizan esto como medio de intimidación para mantener a las personas trabajando por salarios muy bajos”, explica Linda Stone, portavoz y directora de la organización Mamás con Poder.

El uso de amenazas migratorias no se limita al ámbito laboral. También aparece en contextos de violencia doméstica. “Y en relaciones personales ocurre algo similar: se usa la situación migratoria para controlar”, añade Stone.

Las cifras disponibles muestran un fenómeno subregistrado. Organizaciones como el Survivor Justice Center reportan que muchas víctimas no denuncian, y que el miedo a consecuencias migratorias es una de las principales razones.

Esa tendencia también aparece en estudios nacionales. El Urban Institute ha documentado que una proporción importante de inmigrantes, en particular latinos y personas en situación irregular, evita contactar a la policía incluso en emergencias. Organizaciones nacionales contra la violencia doméstica señalan que el temor a la deportación es un factor recurrente que limita las denuncias.

Por su parte, el Texas Council on Family Violence reportó que 158 mujeres fueron asesinadas por sus parejas íntimas en 2023, el último año con datos completos, y advierte que una proporción significativa de las víctimas eran latinas. En condados como Dallas se registran decenas de miles de incidentes anuales de violencia doméstica, según datos de autoridades locales.

Amenazar puede ser un delito

A pesar de ese panorama, las organizaciones insisten en que el uso de amenazas migratorias puede constituir delitos. Cuando se emplea para forzar trabajo, impedir denuncias o ejercer control, puede encajar en figuras legales como extorsión, coerción laboral o trata de personas.

“Recomendamos buscar apoyo en organizaciones comunitarias que puedan orientar y acompañar estos casos”, señala Stone. Mamás con Poder, a través del correo info@momsrising.org, conecta a víctimas con programas locales en español y sin costo.

En el norte de Texas existe una red de apoyo que incluye refugios, asesoría legal y acompañamiento. Genesis Women’s Shelter ofrece atención 24 horas; The Family Place brinda ayuda en órdenes de protección y vivienda; SafeHaven of Tarrant County atiende a víctimas en Fort Worth y Arlington; y Families to Freedom facilita transporte de emergencia para personas que necesitan salir de situaciones de alto riesgo. En materia laboral, el Workers Defense Project y el Texas Advocacy Project ofrecen asesoría y apoyo legal.

El acceso a estas rutas no depende del estatus migratorio. En situaciones de emergencia, autoridades locales indican que llamar al 911 no está destinado a activar procesos migratorios y que la prioridad es la atención inmediata. Las policías de ciudades como Dallas y Fort Worth han señalado que, en la atención a víctimas o testigos, no priorizan la verificación del estatus migratorio, aunque la cooperación con autoridades federales puede variar según el contexto legal del estado.

Además, existen mecanismos legales específicos. Las víctimas de ciertos delitos pueden solicitar una Visa U si colaboran con las autoridades; en casos de violencia doméstica, la ley federal contempla protecciones bajo la VAWA; y en situaciones de explotación laboral, la Visa T puede aplicar. Estas figuras pueden permitir protección migratoria y autorización de trabajo mientras el caso se investiga.

En el ámbito laboral, también existen canales formales para denunciar. La Texas Workforce Commission recibe reclamaciones por salarios no pagados, y el Departamento de Trabajo federal investiga violaciones laborales y puede proteger la identidad de los trabajadores durante el proceso. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia puede intervenir en casos de coerción, trata o discriminación.

A pesar de ese marco, el silencio sigue siendo el principal obstáculo. “Siempre nos han estado amenazando con no pagarnos el cheque por no tener documentos”, dice María. Su caso no ha llegado a una denuncia formal.

Las organizaciones coinciden en que la reducción de reportes no refleja una disminución del problema, sino un aumento del temor. En ese contexto, las amenazas con llamar a ICE se mantienen como un mecanismo de presión en espacios donde las víctimas, en muchos casos, conocen menos sus derechos que quienes las intimidan.

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