HOUSTON, Texas- La vida de María, nombre ficticio para proteger su identidad, ha cambiado drásticamente en los últimos 15 años.
Cómo una hispana logró evitar pagar una multa migratoria de $1.8 millones e iniciar su proceso de residencia en EEUU
¿Cuánto vale no haber salido de Estados Unidos tras una orden de deportación? Para el gobierno federal, el costo puede ascender a 900 dólares diarios. Esta es la realidad que enfrentó una inmigrante en Houston, quien a pesar de colaborar con la policía y poseer una visa U, descubrió que su pasado seguía acumulando intereses.
Video DHS anula multa de $1.8 millones contra inmigrante con visa U tras apelación legal: te explicamos
2011: la falsa promesa de residencia
Esta inmigrante se casó con un hombre salvadoreño en California; ella era indocumentada y él tenía el amparo del TPS.
Según relata la mujer a N+ Univision 45, un falso abogado de inmigración les prometió que, al estar casados, él podía gestionar la residencia de la hispana. La pareja de esposos confió, pero todo terminó siendo una estafa económica.
María explica que se dio cuenta que todo era un fraude cuando, en una de sus citas ante el tribunal de Inmigración en el año 2011, un juez le otorgó una salida voluntaria de Estados Unidos debido a que no tenía un estatus legal.
2017: una amenaza de muerte
La inmigrante no se fue de Estados Unidos. En el 2017, según relata entre lágrimas, su propio hermano intentó asesinarla a ella y a uno de sus hijos.
Por esta razón, buscó protección bajo la Visa U, un recurso legal para víctimas de delitos que colaboran con las autoridades.
María cuenta que recibió todo el apoyo de las autoridades, a pesar de su estatus migratorio, de hecho le prometieron que su cooperación borraría las sombras de su historial.
" Me dijeron que todo eso sería borrado porque yo estaba colaborando", cuenta la señora María. "Les pregunté si me iban a deportar y me dijeron que no".
La deuda con el DHS seguía incrementando
Pasaron los años sin saber que, al incumplir la salida voluntaria, entraba inmediatamente en proceso de deportación.
María creía que con la Visa U sus problemas habían acabado. De hecho, tras cumplirse los cuatro años decidió aplicar a la residencia de Estados Unidos desde Houston, Texas.
Cuando todo estaba encaminado al 'Sueño Americano' recibió en un correo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el que exigían el pago de $1.800.000 y excedentes.
" En mi vida he visto tanto dinero", relató con la voz entrecortada, recordando el impacto de una cifra que casi le provoca un colapso físico.
La millonaria deuda
Según explica el abogado de inmigración Gabriel Roscom, el gobierno utiliza leyes que permiten imponer sanciones civiles diarias de hasta 900 dólares a quienes ignoren una orden final de deportación.
En este caso, la acumulación de casi 15 años resultó en una multa de siete cifras.
Esta práctica, intensificada durante la administración Trump mediante el endurecimiento de la Immigration and Nationality Act, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitir juicios finales sin posibilidad de apelación en cortes superiores, dejando al inmigrante en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a supervisores administrativos.
Defensa y resolución legal
El abogado Raed González señala que existen argumentos constitucionales y legales para combatir estas "multas estratosféricas".
Bajo la Quinta Enmienda, se puede alegar la falta de un debido proceso si la persona no fue notificada adecuadamente, mientras que la Octava Enmienda protege contra multas excesivas y desproporcionales.
Además, existe una prescripción federal de cinco años para ejecutar este tipo de cobros, un detalle técnico que a menudo es ignorado por las oficinas gubernamentales.
En el caso de esta madre, la clave fue demostrar que su permanencia no era un acto deliberado de rebeldía, sino que estaba fundamentada en su proceso activo de Visa U y su rol como testigo colaboradora.
Hace apenas unas semanas, gracias a una apelación estratégica, la multa de 1.8 millones de dólares fue finalmente revocada.
Un futuro sin cadenas
Hoy, tras años de incertidumbre y el asesoramiento de expertos que lograron enmendar los errores de gestiones previas, la mujer vislumbra el final del túnel.
" Me siento muy feliz. Me han quitado una piedra de encima", cuenta entre lágrimas la hispana.
Con su permiso extendido hasta el 2030 y la multa anulada, se prepara para recibir la residencia en el país donde ha construido más vida que en su propia tierra.
Su historia queda como una advertencia sobre la importancia de una representación legal correcta; un mal consejo inicial casi le cuesta una deuda eterna, pero la justicia, aunque tardía y costosa, finalmente reconoció su derecho a permanecer.
