El constante discurso del presidente Donald Trump y sus aliados sobre las supuestas amenazas del voto de personas sin ciudadanía estadounidense suena cada vez más fuerte a medida que se acercan las elecciones de noviembre.
Las afirmaciones sobre el voto de personas no ciudadanas impulsan los ataques de Trump contra las intermedias
La Oficina del Censo promovió un dudoso informe sobre miles de no ciudadanos que habrían votado en 2020. Gracias al informe y desde este momento, varias personalidades afines a Donald Trump ya están señalando posibles fraudes electorales en las elecciones de medio término en noviembre
El mandatario está presionando para que el Servicio Postal de EEUU envíe boletas por correo únicamente a votantes cuya ciudadanía estadounidense haya sido verificada. La Oficina del Censo promovió un dudoso informe sobre miles de no ciudadanos que habrían votado en 2020, una elección en la que el republicano perdió frente al demócrata Joe Biden. El Departamento de Seguridad Nacional de Trump afirma, sin aportar pruebas, que podría haber 250,000 personas sin ciudadanía en los padrones electorales de solo cuatro estados.
Esta semana, el candidato republicano a la gobernación de Maine confirmó una grabación de audio en la que aseguraba tener planes de pedirle al «zar fronterizo» de Trump el envío de alguaciles federales y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los centros de votación del estado para garantizar que solo voten personas autorizadas legalmente.
La evidencia del voto de no ciudadanos continúa «acumulándose», afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, al ser consultada sobre el informe del censo.
En realidad, el voto de personas sin ciudadanía es sumamente inusual y constituye un delito grave que conlleva el riesgo de deportación. Aun así, los críticos señalan que la fijación de Trump y sus aliados con este tema está preparando el terreno para impugnar judicialmente cualquier resultado desfavorable en las elecciones de mitad de mandato, donde el control del Congreso está en juego.
«Lanzan estas afirmaciones engañosas e inexactas como pretexto para generar caos», señaló Alexandra Chandler, directora de programas de impacto para elecciones libres y justas del Democracy Project, de carácter no partidista. «Así podrán desconocer los resultados más adelante».
La metodología del informe del censo tiene fallas, pero podría sembrar desconfianza
El informe del censo, citado por el presidente en una publicación de Truth Social, indicó haber hallado en un «análisis preliminar» que 24,000 no ciudadanos votaron ilegalmente en 2020. Para ello, recurrió a datos de un registro de votantes de origen comercial cotejado con archivos federales.
Diversos especialistas advierten que la metodología pudo haber generado falsos positivos; por ejemplo, si el nombre de una persona quedó asociado a una dirección incorrecta o si su condición de ciudadanía no se había actualizado en una base de datos determinada.
Faltaron precisiones que normalmente figurarían en un estudio de este tipo sobre márgenes de error, explicó Justin Levitt, profesor de derecho de la Universidad Loyola Marymount. Con todo, expertos electorales afirman que esto podría fomentar la desconfianza entre ciertos votantes de cara a las elecciones generales de este año.
«Se trata de una carpeta vacía que el gobierno agitará cuando afirme que las elecciones fueron fraudulentas y que votaron personas sin ciudadanía», sostuvo Levitt.
Autoridades electorales, perplejas ante la afirmación de 250.000 no ciudadanos registrados
La carta enviada en julio por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, a California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania —en la que aseguraba que casi 250,000 no ciudadanos estaban registrados en esas entidades— fue recibida con escepticismo y solicitudes de mayores aclaraciones.
«Tengo serias dudas sobre la fiabilidad de sus datos y la veracidad de sus afirmaciones, dado que mi oficina no ha compartido la lista estatal de registro de votantes con el DHS ni con ninguna otra dependencia o funcionario federal», respondió la secretaria de Estado de California, la demócrata Shirley Weber.
En Nueva Jersey, el departamento a cargo de Mullin señaló que hasta 35,000 personas sin ciudadanía estaban empadronadas. Poco después de la misiva, el estado, de mayoría demócrata, reveló que unos 6,600 no ciudadanos fueron registrados indebidamente a través de su sistema de vehículos de motor entre 2023 y 2024.
La gobernadora demócrata Mikie Sherrill explicó que esas personas marcaron la opción «no» cuando se les preguntó si eran ciudadanas, pero fueron inscritas de todos modos. La mandataria estatal precisó que su administración detectó que «menos de 400» llegaron a sufragar y que ya comenzó a reemplazar al proveedor vinculado con esos registros indebidos.
Por su parte, el secretario de la Mancomunidad de Pensilvania, el republicano Al Schmidt, señaló en una carta esta semana que funcionarios del DHS admitieron durante una reunión reciente no tener certeza suficiente de que las 14,576 personas mencionadas en la comunicación inicial fueran realmente no ciudadanos mal registrados. Agregó que los representantes federales prometieron remitir la metodología empleada y que las autoridades locales siguen a la espera de esa información.
El secretario de Estado de Nevada, el demócrata Francisco Aguilar, declaró no entender la metodología utilizada por el gobierno federal.
«Lo único que puedo decir es que hemos trabajado intensamente para garantizar que nuestros padrones electorales estén lo más depurados posible», afirmó.
Las solicitudes de comentarios enviadas por The Associated Press al DHS no fueron respondidas de inmediato.
¿Refuerzo de la seguridad electoral o interferencia en los comicios?
La constante atención mediática sobre las acusaciones de que personas no ciudadanas empañan los comicios en Estados Unidos se produce mientras Trump sigue presionando a los senadores republicanos para aprobar un proyecto de ley que exigiría presentar prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar en las legislativas, pese a que millones de votantes no cuentan con acceso inmediato a dichos documentos.
La Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America Act) fue aprobada en la Cámara de Representantes —de mayoría republicana—, pero sigue estancada en el Senado, donde incluso legisladores del propio partido del presidente muestran reticencias hacia sus disposiciones.
Kathy Boockvar, exsecretaria de Estado demócrata de Pensilvania que actualmente encabeza una firma no partidista de seguridad electoral, consideró que la difusión del informe del censo forma parte de una estrategia de «hacer todo lo que esté al alcance» para sacar adelante la legislación.
Los defensores republicanos aseguran que la norma mejoraría la transparencia comicial, incluyendo la obligación de exhibir una identificación con foto. Sin embargo, reunir los documentos para certificar la ciudadanía resultaría complejo para numerosos electores potenciales: un estudio de 2025 de la Universidad de Maryland calcula que 21,3 millones de personas habilitadas para votar en EEUU carecen de documentos que acrediten su condición de ciudadanos o tienen dificultades para acceder a ellos.
Los adversarios de Trump argumentan que revivir el fantasma del voto de no ciudadanos para sugerir posibles resultados fraudulentos no busca resguardar la legitimidad comicial, sino allanar el camino para que su partido conserve el poder en Washington tras las elecciones de noviembre.
El viernes, la fiscalía federal de Los Ángeles aprovechó el arresto de un ciudadano hondureño acusado de haberse registrado fraudulentamente como señal de que se pondría un mayor foco sobre este asunto en California, estado clave que definirá varias bancas decisivas de la Cámara de Representantes en noviembre. El fiscal federal adjunto Bill Essayli advirtió que la detención era «la primera de muchas por venir» y sentenció que «no hay forma de saber cuántas personas sin ciudadanía están registradas actualmente para votar» en la entidad.
«Trump está intentando preparar el terreno para rechazar las elecciones de 2026», sentenció la secretaria de Estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold. «Intenta desestabilizar tanto la confianza ciudadana como la administración electoral en sí. Sus maniobras para enturbiar los datos y la gestión electoral no están funcionando».