Reforma tributaria de Trump amenaza con dar golpe mortal a la economía de Puerto Rico

El gobierno de Puerto Rico intentará frenar en el Senado de EEUU las secciones de la Reforma Tributaria del presidente Donald Trump aprobada esta semana en la Cámara que imponen un arancel de 20 por ciento a productos importados desde la isla y que amenazan con eliminar 70,000 empleos y aniquilar la economía local, según expertos.

Las secciones 4301 y 4303 del proyecto legislativo de Reforma Tributaria aprobado el jueves por la Cámara afectarían particularmente a Puerto Rico porque requieren a las empresas norteamericanas tributar en EEUU el 14 por ciento de las ganancias generadas fuera del país y pagar un impuesto del 20 por ciento a las compras que hagan a una afiliada fuera del país.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es, para fines tributarios federales, un territorio extranjero, y el objetivo del proyecto de la Cámara es que la actividad manufacturera vuelva a Estados Unidos y con ella los ingresos, producción y generación de empleos de empresas norteamericanas que por razones tributarias mantienen sus operaciones fuera de EEUU.

En Puerto Rico, el Gobierno y expertos afirman que una ley de esa índole representaría un golpe mortal a la economía de la isla pues el impuesto de 20 por ciento incluye a las ventas de los productos manufacturados por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), incluidas las de Puerto Rico, cuando son adquiridos por sus matrices en Estados Unidos.

El impuesto podría desincentivar la permanencia de esas empresas en el Estado Libre Asociado, donde dejan más de 1,500 millones de dólares anuales al fisco y generan entre 70,000 y 80,000 empleos directos, y más de 200,000 indirectos.

El economista Gustavo Vélez, de la asesora Inteligencia Económica, dijo a Univision que la Reforma Tributaria tal como aprobada por la Cámara “puede tener un impacto dramático en las próximas décadas en Puerto Rico”.

En la isla “hay 40 empresas norteamericanas que crean más de 80,000 empleos, los mejores empleos en Puerto Rico. Esos empleos pagan 80,000, 90,000 dólares anuales. Ahí tenemos una tercera parte de los ingresos al fisco…esas empresas pagan cerca de 1,600 millones a (el departamento de) Hacienda todos los años”, dijo Vélez.

Esas recaudaciones son vitales para el funcionamiento de la isla que está en bancarrota por una deuda pública de más de 70,000 millones de dólares, ha sido arrasada por dos huracanes que dejaron pérdidas ascendentes a más de 94,000 millones de dólares y se está quedando sin base contributiva por las casi 200,000 personas que la han abandonado por la ruina que dejaron los ciclones.

Por su parte, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) hizo un llamado al gobierno local a seguir cabildeando en Washington para que se exima a la isla de estas secciones de la Reforma.

“Tenemos que proteger lo que ha sido la columna vertebral de la economía de Puerto Rico en los últimos años y el principal sector económico que nos queda luego del embate del huracán María: la base industrial puertorriqueña”, dijo el presidente de la AIPR, Rodrigo Masses.

“Este no es el momento, ni la reforma contributiva el vehículo para cambios al modelo comercial de la última década. En lugar de estar hoy preocupados por la subsistencia económica de Puerto Rico, debemos estar enfocados en obtener las herramientas para el desarrollo y crecimiento económico”, agregó.

Tras haber fracaso en su intento en detener el avance de la Reforma Tributaria tal y como la aprobó la Cámara, el gobernador Ricardo Rosselló dijo que el proyecto actual es discriminatorio contra los puertorriqueños y que intentará que se modifique en el Senado mediante reconciliación en conferencia legislativa.

"Si el Congreso toma esta acción sin tomar en consideración a Puerto Rico, laceraría la economía, lo que va contra los propósitos de la Ley PROMESA, legislada precisamente por ese Congreso. Esa acción discriminaría contra los 3,4 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico", dijo Rosselló.

"De ser considerado, sería un trato desigual y discriminatorio para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico", agregó.

Por otro lado, en una declaración conjunta emitida en Washington el jueves, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y la Comisionada Residente (delegada sin derecho a voto), Jennifer González, dijeron que intentarán modificar el proyecto de ley en conferencia con el Senado para que sea beneficioso para Puerto Rico.

“Nuestra intención es hacer mejoras a nuestra legislación en materia de reforma tributaria, en lo que se refiere a Puerto Rico, cuando vayamos a conferencia”, indica la declaración conjunta.

“Una de esas maneras es a través de incentivos fiscales adicionales para que nuestros conciudadanos estadounidenses en Puerto Rico puedan tener todos los recursos posibles para reconstruir sus vidas y su economía”, agrega el texto.