Drogas, votos y cárceles, el nuevo escándalo que involucra a la gobernadora Jenniffer González

SAN JUAN, Puerto Rico - La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, acusó a la agencia de periodismo independiente ProPublica de difamación, por la publicación "irresponsable" que hizo esta semana, sobre un presunto fraude electoral en las cárceles de la isla, que incluia el intercambio de drogas por votos.

Expuso ProPublica, agencia sin fines de lucro, localizada en Nueva York y especializada en investigaciones periodísticas, cómo fiscales federales tuvieron que frenar una pesquisa que perseguía confirmar si la campaña política de González en 2024 o la propia funcionaria, estaban implicados en el fraude.

Entrevistaron a cuatro fuentes cercanas al caso y pidieron una reacción a la gobernadora, quien prefirió responder con un mensaje que publicó el martes, 5 de mayo, en sus redes sociales.

"La reciente publicación difamatoria en un medio nacional, que hace referencia a supuestos planes de la administración anterior (del gobernador Pedro Pierluisi) y ahora intenta relacionarlos con mi campaña, es falsa e irresponsable", afirmó en un largo escrito en inglés.

Drogas y votos en la cárcel

Como resultado de su investigación, la periodista Raquel Rutledge, de ProPublica, detalló que desde 2020 agentes antinarcóticos estuvieron investigando la entrada de drogas a las cárceles del archipiélago puertorriqueño. Fue así como descubrieron, en 2024, cómo la pandilla G31 obligaba a otros confinados a votar por Jenniffer González.

Según los agentes investigadores, mientras trabajadores del Departamento de Corrección se hacían de la vista larga, los llamados 'Tiburones', líderes de la G31, amenazaban a sus víctimas con violencia o les restringían el acceso a las drogas.

¿En qué cárcel ocurrieron los hechos? Guerrero, en Aguadilla; Guayama 1000; Bayamón y Las Cucharas, en Ponce, por mencionar algunas.

Los agentes recopilaron "pruebas sólidas" contra los presos y trabajadores de instituciones penales. Cuando buscaban el vínculo con la campaña de Jenniffer González, que dirigía el hoy secretario de la gobernación, Francisco Domenech, recibieron un alto.

Justo después de que Donald Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos y Jenniffer González ganara la gobernación, en noviembre de 2024, hubo un cambio significativo, documentó ProPublica.

La Fiscalía Federal en Puerto Rico ordenó a los investigadores y fiscales de este caso, excluir de la acusación cualquier cargo relacionado al voto en las cárceles.

Así fue como el 12 de diciembre de 2024, solo presentaron una acusación formal contra 34 reclusos y sus asociados por distribuir drogas que causaron al menos cuatro muertes por sobredosis, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.

En la documentación del caso, los fiscales describieron el esquema de drogas por votos y destacaron los privilegios que disfrutan los miembros de G31.

Mencionaron que tienen teléfonos celulares para utilizar en cualquier momento, audífonos de música conectados a Bluetooth, televisores de pantalla grande y consolas de PlayStation. Además, reciben visitas fuera del horario oficial.

El fiscal Jorge Matos, que lideró esa pesquisa, renunció a su puesto en junio de 2025.

Jenniffer González ve un ataque

La divulgación de esta información fue descrita por la gobernadora como "un claro ataque político, diseñado para engañar al público y dañar mi reputación. Y no tendrá éxito".

"Cualquier supuesta investigación federal, si es que existe, es anterior a mi administración. El informe no es más que un esfuerzo con motivaciones políticas por parte de aquellos que buscan atacar y distraer", insistió González, sin abundar.

ProPublica no menciona a la administración del ex gobernador Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP) que hoy lidera Jenniffer González. Ambos eran un equipo hasta que ella, ocupando el puesto de comisionada residente en Washington, lo retó en primarias, el 2 de junio de 2024.

En esas primarias, el voto de los confinados favoreció a Pierluisi, espetó la gobernadora a quienes se le acercaron el martes a preguntarle sobre el reporte de ProPublica.

No se refirió a las elecciones generales, celebradas el 5 de noviembre de ese mismo año. No mencionó que los confinados también votaron el 3 de noviembre y que ella obtuvo el 83% del apoyo.

'Ataques' y 'distracciones' no le faltan desde que comenzó el cuatrienio. Hay decenas de casos, empezando con La Parguera y las demandas contra LUMA hasta el más reciente, sobre la extrema generosidad de la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig, con un contrato.

¿Otros más?

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Los Domenech Ferraiuoli

Jenniffer González designó a Francisco Domenech como secretario de la gobernación, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y presidente del Banco Gubernamental de Fomento, con un salario de 225,000 dólares anuales.

Para asumir esos cargos públicos, Domenech declaró bajo juramento que vendió su empresa de cabilderos, Politank, a una corporación. El nombre de la persona a cargo de esa corporación se desconoce.

Según Domenech, a él se le pagaron 4 millones de dólares por la empresa y con eso se desconectó.

El asunto es que los supuestos dueños nuevos de Politank aumentaron sus contratos con el gobierno bajo la administración de Jenniffer González.

El Senado de Puerto Rico interrogó a Domenech para entender por qué un empresario vende un negocio millonario para dedicarse a trabajar por un salario más bajo, como empleado público.

Pocas respuestas contundentes recibieron. El funcionario solo dejó claro que cuando llegan a su oficina contratos de Politank, su secretaria no le permite intervenir.

Francisco Domenech es esposo de Verónica Ferraiuoli, a quien Jenniffer González designó como secretaria de Estado.

Ese nombramiento tuvo que retirarlo porque la abogada Ferraiuoli no declaró impuestos en la isla en los años 2021, 2022 y 2023.

Tanto la necesitaba, que Jenniffer González le creó un puesto como Coordinadora de Eficiencias y directora ejecutiva del Centro de Convenciones, con un salario de 200,000 dólares anuales.

La gobernadora confía en ambos trabajadores, conocidos por el pueblo porque en 2018, Verónica Ferraiuoli denunció a Francisco Domenech por violencia doméstica.

El caso no progresó porque la denunciante, que recibió golpes, no acudió a las citas en la corte.

Ocho años después, las respuestas públicas sobre el incidente se han limitado a sostener que se trató de algo "privado", que resolvieron en familia.

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¿Promesa incumplida?

En febrero de 2026, la gobernadora Jenniffer González invirtió miles de dólares en publicidad, destacando alivios contributivos sin precedentes para los puertorriqueños.

Entre otros beneficios, los padres, que anteriormente solo podían reclamar $2,500 por dependiente, recibirían el doble, $5,000 por hijo, promovió la presidenta del PNP en todos lados.

No contó con que la Junta de Control Fiscal tenía que aprobar esa reforma contributiva antes de ella anunciarlo.

Avanza la primera semana de mayo y todavía nadie celebra, porque no se concretó antes del 15 de abril.

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Ciary Pérez y Vivienda

Cuando ganó la gobernación, Jenniffer González seleccionó a Ciary Pérez como jefa del Departamento de Vivienda.

Poco después de cumplir su primer año en la agencia, el pasado viernes, 14 de marzo, Omar Figueroa, subsecretario de Vivienda, presentó su carta de renuncia y un día después, la gobernadora lamentó que Ciary Pérez tomara la misma decisión.

Los motivos de Figueroa para dejar el puesto, son inciertos. Pero, en el caso de Ciary Pérez, son evidentes.

Bajo juramento declaró que desde 2017 no recibía ingresos por parte del negocio Yabucoa Auto Service, que administraban su papá y su hermano.

Pero el presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, recordó que, como parte del proceso de confirmación, Pérez entregó documentos financieros que evidenciaban lo contrario.

No fue todo. Una investigación periodística de Bárbara Josefina Figueroa reveló que Yabucoa Auto Service fue señalado como parte de un grupo que defraudó a clientes, cobrando por inspecciones y otros procesos que carecían de validez.

Tuvieron que dejar de dar servicios, recibiendo más de 1,900 multas del Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Ciary Pérez indicó que ella solo aparecía como "dueña registral", pero que no hablaba nada con su papá, ni su hermano, sobre el centro. Ni siquiera sobre el cierre, dijo al periodista Rafael Lenin López.

¿Cuándo reabrió sus puertas negocio?

Después del verano de 2024, la multa les fue reducida a $25,000 y luego a $5,000. ¿Por qué?

La situación se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia.