Nuevo gobierno de Puerto Rico acelera planes para convertir a la isla en un estado

Un proyecto presentado este miércoles en el Congreso de Estados Unidos busca convertir a Puerto Rico en un estado de la nación, el primer paso que dará el nuevo gobierno de la isla para intentar solucionar su crisis económica mediante un cambio de estatus político.

La propuesta fue presentada en la Cámara de Representantes por la nueva comisionada residente de Puerto Rico, Jenniffer González, quien había prometido priorizar el tema durante su campaña por representar a la isla en Washington.

El proyecto es parte de un plan para convertir a Puerto Rico en estado antes del 2025, una de las prioridades del nuevo gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

Según González, la administración de Rosselló buscará organizar un referendo para que los puertorriqueños decidan si quieren vivir en un país independiente o en un estado de Estados Unidos. Además el nuevo mandatario quiere celebrar comicios para elegir a dos 'senadores' y cinco 'representantes' que vayan al Congreso de Washington para exigir la estadidad, una estrategia que utilizó Tennessee para integrarse en la unión en el siglo XVIII.

Puerto Rico ha sido un territorio estadounidense desde 1898, cuando España cedió la isla a Estados Unidos tras su derrota en la Guerra Hispanoamericana. Los boricuas fueron convertidos en ciudadanos estadounidenses en 1917, aunque aún no pueden votar en las elecciones presidenciales ni tienen representación con voto en Washington.

El estatus de la isla "nos impone una ciudadanía americana de segunda categoría", dijo González a The Associated Press, afirmando además que su proyecto busca garantizar el trato igualitario para los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla.

Un proceso largo

Han pasado casi seis décadas desde que el estado más nuevo de la nación, Hawaii, obtuvo la estadidad en agosto de 1959. Unos ocho años más tarde, Puerto Rico tuvo su primer referendo sobre el estatus territorial, y la mayoría de los electores de la isla votó a favor de permanecer como territorio estadounidense.

Desde entonces Puerto Rico ha tenido tres otros plebiscitos para medir el sentir de los boricuas sobre su relación con Estados Unidos, aunque legalmente sería el Congreso de Estados Unidos el único organismo con el poder de conceder la estadidad a la isla.

En cada referendo, muchos más electores votaron por la estadidad que por la independencia, pero el apoyo casi siempre favorecía la idea de continuar como estado libre asociado de Estados Unidos. El plebiscito más reciente, en 2012, contaba con dos preguntas en la papeleta: en la primera, un 54% de los electores votó a favor de cambiar el estatus político de la isla, y en la segunda un 61% dijo que apoyaba la estadidad.

Sin embargo, muchos electores dejaron la segunda respuesta en blanco ante un pedido del gobernador Alejandro García Padilla, quien favorecía una relación soberana con Estados Unidos mas no la anexión de Puerto Rico como estado.

El otro problema que deberá priorizar Rosselló

Además de avanzar su agenda estadista, el nuevo gobernador deberá responderle este año a la Junta de Supervisión Fiscal, un organismo no electo que creó el congreso estadounidense en 2016 tras la aprobación de la ley Promesa.

La ley Promesa estableció un moratorio que protege a Puerto Rico de las demandas de sus acreedores, dándole tiempo para reestructurar una deuda pública que García Padilla había descrito como impagable. A su vez la ley creó una junta de siete miembros (y un miembro ex oficio) con un amplio poder para manejar las finanzas de la isla.

Esta junta ha pedido a Rosselló que entregue un plan fiscal para Puerto Rico antes del fin de enero, unos 15 días antes de que expire el moratorio a las demandas establecido por Promesa.

Para Rosselló y González, convertir a Puerto Rico en estado es parte de la solución. "La crisis económica es parte de nuestra condición territorial", dijo González a AP. "No nos asignan los mismo recursos".

Con información de The Associated Press.