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Leyes y Prohibiciones

Negocios de Puerto Rico no podrán obligar a pagar en efectivo a partir de hoy

Ahora ya no podrán forzar a los consumidores a pagar en efectivo, medida que busca combatir la evasión contributiva, además de proveer una nueva fuente de pago a los usuarios.
15 Jun 2016 – 1:28 PM EDT

SAN JUAN, Puerto Rico.- A partir de hoy todos los comercios y negocios de Puerto Rico tendrán que ofrecer al menos dos métodos de pago y por lo tanto no podrán forzar a los consumidores a pagar en efectivo, lo que se espera que ayude a combatir la evasión contributiva.

"Es importante que médicos, abogados, otros profesionales y comercios acepten métodos alternos al pago en efectivo, para beneficiar a los consumidores y combatir la evasión contributiva", explicó hoy el senador por el distrito de Carolina, Luis Daniel Rivera Filomeno.

Detalló que la Ley 46-2016 facilita al consumidor la alternativa de tener dos métodos para efectuar sus pagos en todo tipo de comercios y servicios, después de "un proceso intenso de orientación, junto al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO)".

La Ley fue firmada por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, el 4 de abril de 2015 y se concedió un tiempo para preparar su aplicación, con lo que la entrada en vigor no se ha producido hasta hoy.

"El pago de servicios será a través de métodos alternos al efectivo, como tarjetas de crédito y débito, así como cheques y giros postales o bancarios", explicó el senador, que preside la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado.

Según dijo, "eso ayuda a los profesionales a ser más competitivos, porque el consumidor tendrá más formas de pagar y, de una vez, fortalecemos los mecanismos para combatir la evasión contributiva".

La aplicación y alcance de la Ley excluye a los microempresarios y pequeños empresarios, es decir, los negocios cuyo volumen de negocio no supere los 50.000 dólares anuales.

El Departamento de Hacienda velará por el cumplimiento de esta ley y garantizar su efectividad. de la misma. El dinero que se recaude por concepto de multas por no cumplir la legislación se ingresará en el Fondo General del Gobierno local.

"No obstante, se separará un 20 por ciento de dichas cantidades para depositarlas a las unidades correspondientes del Departamento de Hacienda que realicen labores contra la evasión contributiva", reza la medida.

Las personas que violen la nueva ley incurrirán en un delito menos grave y serán castigados con multas. La primera infracción conlleva una multa no menor de 500 dólares ni mayor de 3.000. Las infracciones subsiguientes serán castigadas con una multa no menor de 5.000 dólares ni mayor de 10.000.

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