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Impuestos

Liderazgo político de Puerto Rico observa con angustia cómo avanza la Reforma Tributaria que amenaza a la economía de la isla

El proyecto republicano podría incentivar a que las pocas manufactureras que quedan en el país lo abandonen destruyendo más de 70,000 empleos.
5 Dic 2017 – 1:50 PM EST

El gobierno de Puerto Rico y el liderazgo político y empresarial local esperan ansiosos noticias sobre la negociación de la reforma tributaria del presidente Donald Trump entre la Cámara y el Senado de EEUU ante la posibilidad de que, si no se toman medidas especiales para la isla, la legislación termine eliminando más de 70,000 empleos y aniquilando la economía local.

En palabras del líder del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Puerto Rico “se juega la vida” con la reforma fiscal de Trump que eliminaría la poca ventaja competitiva con que cuenta la isla para atraer industrias ante las más grandes economías de los estados de EEUU.

El proyecto de ley de reforma fiscal aprobado el pasado fin de semana en el Senado de EEUU contiene dos secciones de la versión aprobada en la Cámara que preocupan a las autoridades locales pues requieren a las empresas norteamericanas tributar en EEUU el 14 por ciento de las ganancias generadas fuera del país y pagar un impuesto del 20 por ciento a las compras que hagan a una afiliada fuera del país.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es, para fines tributarios federales, un territorio extranjero, y el objetivo de la reforma es que la actividad manufacturera vuelva a Estados Unidos y con ella los ingresos, producción y generación de empleos de empresas norteamericanas que por razones tributarias mantienen sus operaciones fuera de EEUU.

En Puerto Rico, el Gobierno y expertos afirman que una ley de esa índole representaría un golpe mortal a la economía de la isla pues el impuesto de 20 por ciento incluye a las ventas de los productos manufacturados por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), incluidas las de Puerto Rico, cuando son adquiridos por sus matrices en Estados Unidos.

El impuesto podría desincentivar la permanencia de esas empresas en el Estado Libre Asociado, donde dejan más de 1,500 millones de dólares anuales al fisco y generan entre 70,000 y 80,000 empleos directos, y más de 200,000 indirectos.

“Si Puerto Rico no es considerado en este proyecto, que ha sido nuestro llamado desde el primer día, lo que implica es que estaríamos cogiendo un azote a nuestra economía bárbaro y sin precedentes”, dijo el lunes el gobernador Ricardo Rosselló, a referirse a la reforma.

“Estamos hablando de 25 por ciento potencialmente de nuestro ‘workforce’ en Puerto Rico, de 42 por ciento de nuestra economía, el 77 por ciento de los recaudos por corporaciones y el 35 por ciento de los recaudos de manera general en el gobierno”, explicó.

Las industrias que pudieran verse afectadas por el impuesto son algunas de las que mejores sueldos ofrecen en la isla, sobre todo en los sectores farmacéutico y biomédico, que representan más del 70 por ciento de las exportaciones de la isla.

“Esos empleos pagan 80,000, 90,000 dólares anuales. Ahí tenemos una tercera parte de los ingresos al fisco…esas empresas pagan cerca de 1,600 millones a (el departamento de) Hacienda todos los años”, dijo a Univision el economista Gustavo Vélez.

El gobierno de Puerto Rico ha intentado, sin éxito, que los senadores o representantes estadounidenses muestren alguna consideración con la isla que necesita generar actividad económica para reponerse de dos recientes huracanes que dejaron pérdidas ascendentes a más de 94,000 millones de dólares, pagar una deuda pública de más de 70,000 millones de dólares y todo esto mientras se achica su base contributiva por las casi 200,000 personas que han emigrado desde el azote de los ciclones Irma y María.

La última opción que le queda al gobierno local es intentar que los legisladores eximan a la isla de los impuestos cuando estén reconciliando los proyectos de Cámara y Senado en conferencia, pero carecen de poder para influenciarlos.

“No nos debe sorprender, en Puerto Rico no tenemos un poder real. Hemos estado yendo a Washington, múltiples secretarios, el de Hacienda, de Desarrollo Económico, hablando del proceso técnico y por qué esta decisión es esencial para Puerto Rico”, dijo Rosselló.

“A las compañías en Puerto Rico, si se les va difícil en una jurisdicción, trasladan su producción a otra jursidicción”, agregó el gobernador.

El mandatario apuntó que cualquier decisión adversa al desarrollo económico de Puerto Rico también va en contra de la ley PROMESA aprobada por el Congreso para reorganizar las finanzas de la isla porque despojaría al territorio de una fuente de ingresos esencial para pagar su deuda pública.

“Si el Congreso no considera a Puerto Rico (en la reforma contributiva) estaría yendo en contra de PROMESA. Nos estaría privando de una fuente de recaudos muy grande”, dijo.

“El objetivo de este proyecto (la reforma) era crear más empleo en EEUU y Puerto Rico se tiene que considerar. Buscamos trato igual…si vamos a tener un trato igual, hay una responsabilidad de parte de EEUU para tener un conducto para desarrollar la economía y no lacerarla”, agregó.

El mandatario viajará a Washington para intentar conseguir algún trato preferencial para la isla en la reforma.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes local, Johnny Méndez, también dijo que iría a la capital estadounidense con un grupo de legisladores para intentar que se modifique la reforma de Trump porque tal y como está representaría un “huracán categoría 10” para el país.

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“El discurso nuestro es el siguiente: nosotros acabamos de pasar por un huracán categoría cinco y otro huracán categoría cuatro que devastó la isla y no nos podemos exponernos ahora a un huracán categoría diez”, dijo Méndez.

Por su parte, el líder del PPD, Héctor Ferrer, anticipó que la reforma fiscal tal y como está sería “un golpe mortal a nuestra economía, por lo que esta semana no puede existir otro asunto que no sea unirse a los esfuerzos para que Puerto Rico se excluya en la aplicación de esta nueva ley contributiva”.

Ferrer dpresentó un desglose de la cantidad de empleos directos que se perderían municipio por municipio si las empresas manufactureras afectadas decidieran abandonar la isla al perder su trato fiscal favorable.

Los municipios con mayor empleo manufacturero son Ponce (3,638); Juncos (3,089); Caguas (2,965); San Juan (2,898); Arecibo (2,591); Añasco (2,574); Barceloneta (2,530); Carolina (2,372); Vega Baja (2,146) y Manatí (2,018).

“Si se aplica la reforma como está, representaría el colapso de nuestra economía”, dijo Ferrer.

“Esta crisis va más allá de la política. Se nos va la vida, por lo que nuevamente nuestro llamado es a que todos los sectores se unan en este esfuerzo”, señaló Ferrer.

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