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Junta de Control Fiscal

La reforma de pensiones golpeará a tres de cada cuatro jubilados en Puerto Rico

Decisión de Junta de reformar pensiones afecta colectivo golpeado por crisis
7 Ago 2017 – 4:30 PM EDT

La decisión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de reformar el sistema de pensiones de los empleados públicos de Puerto Rico afectará a tres cuartas partes de los jubilados de la isla, uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica.

El pasado viernes, la JSF, creada por la Ley Promesa para manejar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, que no tiene para pagar su deuda pública ascendente a 70,000 millones de dólares, aprobó en su novena reunión la reducción de las pensiones como medida para contar con unas finanzas públicas saneadas y presupuestos sin déficit durante los próximos años.

"Los sistemas de retiro de empleados -públicos- pronto agotarán los activos que usan para pagar beneficios. Si no se toma acción, esto podría llevar a grandes recortes de beneficios para todos los retirados que serían devastadores", dijo el miembro de la JSF y experto en sistemas de pensiones Andrew Biggs.

Aclaró que el recorte de las pensiones tiene como objetivo que el Gobierno pague los beneficios a los retirados tan pronto venzan, inscribir a los empleados activos y a los de nueva contratación en un sistema de retiro de contribución directa y, por último, asegurar que todos los empleados de nueva contratación estén inscritos en el Seguro Social.


Recordó que el plan fiscal certificado para Puerto Rico, documento guía para los presupuestos de la próxima década, establecía la posibilidad de una reducción en desembolsos de beneficios de pensiones del 10% para el año 2020, para asegurar que los sistemas puedan cumplir sus obligaciones con todos los retirados.

Estas reducciones a los beneficios se implementarían de manera progresiva, con protecciones para asegurar que aquellos que se encuentran por debajo del nivel de pobreza no sean impactados por los ajustes.

La reforma de las pensiones en Puerto Rico puede afectar a tres de cada cuatro empleados públicos, según un cálculo hecho por el diario local El Nuevo Día.

El problema reside en que el dinero que los gobiernos sacaban de los salarios de los empleados públicos destinado a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) fue utilizado para fines distintos a garantizar las pensiones futuras de los funcionarios y ya no está disponible.

El gobernador Rosselló dijo la pasada semana que los empleados públicos tienen garantizadas sus pensiones, aunque la decisión del viernes de la JSF deja en entredicho esa afirmación.

Está previsto que los recortes afecten a tres cuartos de los jubilados y que la cuantía de la reducción sea del 10%.

Las reducciones tendrán una repercusión social y económica al afectar a un territorio en el que casi de la mitad de la población se encuentra cerca del umbral de la pobreza y en uno de los peores momentos de una crisis que dura una década, agudizada desde que en 2015 el Gobierno local se declarara insolvente para pagar su deuda.


En fotos: La crisis económica de Puerto Rico

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