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Junta de Control Fiscal

Junta de Supervisión Fiscal propone reestructurar la deuda pública de Puerto Rico

El plan provee un marco para reducir la deuda del gobierno a niveles sostenibles de 12 mil millones de dólares y proporciona un camino para salir de la quiebra.
27 Sep 2019 – 9:23 AM EDT

La Junta de Supervisión Fiscal presentó hoy su plan de ajuste propuesto para reestructurar 35 mil millones de dólares de deuda y otras reclamaciones contra el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos y el Sistema de Retiro de Empleados; y más de 50 mil millones en obligaciones de pensiones.

El plan provee un marco para reducir la deuda del gobierno a niveles sostenibles de 12 mil millones de dólares y proporciona un camino para salir de la quiebra.

Reduce las obligaciones totales de 35 mil millones del territorio -bonos y otras reclamaciones- en más del 60%, a 12 mil millones. Combinado con la reestructuración de la deuda de Cofina a principios de este año, el plan reduce el servicio de la deuda anual a poco menos del 9% de los ingresos del gobierno, comparado con casi 30% antes de la Ley Promesa.

La Junta de Supervisión había alcanzado acuerdos con el Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR), la Coalición de Deuda Constitucional Legal (CDCL) y el Grupo de Tenedores de Notas QTCB (QTCB) que representan a ciertos tenedores de bonos de obligación general, y los Servidores Públicos Unidos del Consejo 95 de Puerto Rico (SPU)/AFSCME, que se han unido para comprender la situación financiera en la isla y apoyar el plan como un compromiso para lograr la estabilidad de Puerto Rico.

Estabilidad y sostenibilidad

“Hoy hemos tomado un gran paso para dejar atrás la quiebra y empezar a visualizar el futuro de Puerto Rico bajo condiciones de estabilidad fiscal y sostenibilidad económica”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión.

“Tres años después de que el Congreso aprobara la Ley Promesa y a dos años del peor huracán en los últimos 100 años en la historia de Puerto Rico, después de más de una década de declive económico y desorden fiscal, y de que miles de puertorriqueños abandonaran la isla en busca de prosperidad, hemos alcanzado un punto de inflexión”, sostuvo Carrión.

Agregó que “el plan de ajuste que proponemos inicia nuestro camino para salir de la quiebra. Todavía no estamos ahí. Necesitamos la aprobación del tribunal, y tomará un tiempo llegar. Un plan que tiene el apoyo de ciertos bonistas, retirados y empleados públicos es el mejor plan para eliminar la nube que ha estado colgando sobre la economía de Puerto Rico”.

Las pensiones

Además, la Junta publicó un análisis exhaustivo e independiente de los sistemas de pensiones del gobierno, como lo requiere la sección 211 de Promesa.

El informe de Ernst & Young evalúa el impacto fiscal y económico de los flujos de caja de pensiones, incluidas las obligaciones de pensiones y la estrategia de financiamiento, las fuentes de financiamiento, los beneficios existentes y su sostenibilidad, y la estructura legal, así como los arreglos operativos del sistema.

El plan de ajuste presentado hoy ofrece reducciones significativas a los bonistas, proveyendo, en promedio, una merma combinada de más del 60% del total de las obligaciones del gobierno de Puerto Rico.

El plan fortalece las pensiones estableciendo un fideicomiso independiente de reserva de pensiones para garantizar que los beneficios de PayGo se puedan pagar independientemente de la situación económica o política del país. Incluye una reducción de pensión del 8.5% para los retirados que devengan más de 1,200 dólares al mes, por lo que el 60% de los jubilados no enfrentarían ningún recorte.

Recordó que en 2016, cuando la Junta de Supervisión comenzó sus labores, el gobierno y las corporaciones públicas de Puerto Rico, como la AEE y Cofina, habían acumulado más de 70 mil millones de dólares en deuda que no podían pagar, y adeudaban a los jubilados puertorriqueños más de 50 mil millones en beneficios de pensiones no financiados.

El gobierno tenía que gastar casi tres de cada 10 dólares de ingresos contributivos sólo para repagar su deuda.

La voz de Jaresko

“Este plan, combinado con la reestructuración completa de la deuda de Cofina, reduce el total máximo anual del servicio de la deuda -respaldada por impuestos netos del gobierno- de 4,200 millones a 1,500 millones. El servicio de la deuda combinado de las acreencias del gobierno y Cofina se reduce de 82 mil millones a 44 mil millones durante un período de 30 años, lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo”, afirma la Junta.

Los bonistas individuales locales tienen la oportunidad de recibir bonos tributables con pagos mensuales de interés.

“Reestructurar la deuda y poner a Puerto Rico sobre una base fiscal sólida son los mandatos centrales de la Junta de Supervisión”, dijo a su vez Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión.

“El plan de Ajuste que radicamos y el apoyo que negociamos con los retirados, uniones y ciertos bonistas es un primer paso importante para restaurar la solvencia y crear el tipo de certeza que las empresas necesitan para invertir y el tipo de estabilidad que la gente de Puerto Rico necesita para lograr prosperidad”, agregó.

El plan reestructura los bonos de obligación general (OG); las reclamaciones de reembolso contra el territorio; los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP); los bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE); las reclamaciones generales no garantizadas contra el territorio, la AEP y el SRE; y las obligaciones de pensiones del territorio.

Incluye los siguientes términos específicos de recobro:

  • Una reducción del 36% para los tenedores de bonos OG emitidos antes de 2012.
  • Una reducción del 28% para los tenedores de bonos de la AEP emitidos antes de 2012.
  • Una reducción del 87% para los tenedores de bonos del SER.

El plan también ofrece una opción para los tenedores de bonos emitidos después de 2011, cuya deuda ha sido impugnada como inconstitucional, como resultado de la revisión independiente de la deuda de Puerto Rico por Kobre & Kim y otros profesionales. La oferta de acuerdo incluye los siguientes términos para la liquidación de los bonistas:


  • Una reducción del 55% al 65% para los tenedores de bonos OG y reclamaciones garantizadas contra el Gobierno de Puerto Rico impugnados.
  • Una reducción del 42% para los tenedores de bonos de la AEP impugnados.

Este mecanismo de liquidación reduce los gastos de litigio para el gobierno y acelera la resolución de estas reclamaciones. El plan se construye sobre el acuerdo de apoyo al plan anunciado en junio y negociado con titulares de aproximadamente tres mil millones de dólares en reclamaciones. A partir de la fecha de radicación, el plan incluye el apoyo de titulares de aproximadamente cuatro mil millones en reclamaciones, que representan el 54% de las reclamaciones de bonos de la AEP emitidos antes de 2012 y el 22% de todas las reclamaciones de OG y AEP, lo que hace que el acuerdo sea efectivo.

Como se contempla en el acuerdo de apoyo al plan, la Junta de Supervisión aprobó y certificó la radicación de una petición voluntaria bajo el título III de Promesa para la AEP permita la reestructuración de las reclamaciones de la AEP a través del plan.

La Junta de Supervisión radicó el plan ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, que tiene jurisdicción sobre los casos de quiebra de Puerto Rico bajo la Ley Promesa.

Para más información, puede visitar la página de la Junta de Supervisión en https://juntasupervision.pr.gov/plan-de-ajuste/ .

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