El Partido Popular Democrático (PPD) pondrá a disposición de los empleados públicos a varios abogados que estarán listos para llevar ante los tribunales los casos de despidos "injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción ilegal que violente sus derechos como trabajadores del sector público".
El PPD pone abogados a disposición de funcionarios públicos en caso de despidos
Tomarán casos de despidos injustificados, persecución política, traslados forzosos y cualquier otra acción que atente contra sus derechos laborales.
Los empleados públicos en Puerto Rico enfrentan reducción a su jornada laboral.
Imagen Joe Raedle/Getty Images
Así lo anunció el presidente del PPD, Héctor Ferrer, quien junto al representante Jesús Manuel Ortiz, denunció "el impacto billonario" de las medidas del plan fiscal del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.
Por su parte, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, señaló que ni Ferrer ni Ortiz “tienen fuerza moral para lanzar críticas a la gestión de la presente administración para asegurar los derechos de los empleados públicos”.
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Ferrer explicó que hasta ahora, el plan fiscal del gobernador ha afectado a unos "5.000 trabajadores transitorios que fueron despedidos, cerca de 1,6 millones de pacientes de la reforma que han sufrido las reducciones en sus cubiertas médicas, otros 50.000 estudiantes del sistema de la UPR con los aumentos en sus matrículas y recortes en el presupuesto; y ahora, con la inminente reducción de jornada laboral que podría impactar hasta a 138.000 trabajadores".
"A esos miles de servidores públicos y sus familias que ya comenzaron a sentir la carga que le impone el plan fiscal del gobernador les digo; el PPD no los dejará solos", advirtió.
El PPD pondrá a su disposición "a nuestros abogados para defenderlos de cualquier acción que este fuera del marco legal y la justicia. Vamos a evaluar los despidos, la reducción de jornada, las transferencias irregulares de una agencia a otra y cualquier otro acto guiado por motivaciones de fanatismo político", dijo.
Los dirigentes populares también opinaron que el gobernador "pretende hacer responsable a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de la nueva ola de despidos al solicitar que sea ese ente y no el gobierno el que proceda con la remoción de los empleados públicos", dijo.
Por su parte, Ortiz sostuvo que el plan fiscal del gobernador y aprobado por la JSF tendrá un impacto que sobrepasará los mil millones de dólares en un año.
"Los recortes a los municipios han obligado a la reducción de jornada laboral de más de 15.000 empleados municipales en 22 municipios con un impacto económico de 31 millones", reveló.
Asimismo, indicó que se despidieron más de 5.000 empleados transitorios, lo que representó una merma de 100 millones de dólares en salarios y beneficios que perdieron esos empleados, otros 350 millones en servicios esenciales en los municipios como recogido de basura, mantenimiento de carreteras y atención directa a la grupos poblacionales; y, “como si fuera poco, ya se inició la reducción de 100 millones en el Plan de Salud del Gobierno, especialmente en los medicamentos", señaló.
El PNP cuestiona las intenciones del PPD
En el caso de la Universidad de Puerto Rico, dijo, los recortes escalonados conllevarán un impacto de unos 200 millones, otros 250 millones en los recortes de pensiones y otros 420 millones en reducciones de la jornada laboral que representará el 10 por ciento del salario de los empleados públicos.
Por su parte, el secretario general del PNP afirmó que Ferrer y Ortiz ahora “se pintan como los defensores de los empleados públicos. Lo que no dicen es que fueron ellos los que dejaron de enviar las aportaciones patronales de las pensiones y quebraron el Sistema de Retiro”.
“Lo que no dicen es que fueron ellos los que por años retuvieron sus reintegros para pagar los contratos de sus ‘amigos del alma’. Lo que no dicen es que fueron ellos los que nos dejaron con un déficit de 7,600 millones de dólares y un gobierno sin crédito y en quiebra”, apuntó Rivera Ortega.
“Lo que no dicen es que mientras Anaudi Hernández afirmaba que el representante Ortiz era su contacto en La Fortaleza, los empleados sufrían los aumentos en los impuestos incluyendo el aumento del IVU de 7% a 11.5%”.
Por su parte, el senador Abel Nazario Quiñones cuestionó: “¿Dónde estaba el presidente del PPD ese partido abusó, por cuatro años, contra de los empleados públicos? ¿Dónde estaba Ferrer cuando el pasado 11 de agosto el PNP en el Senado aprobó la Resolución Concurrente 42 para repudiar la reducción de jornada de la Junta de Supervisión Fiscal, y su delegación PPD en el Senado le votó en contra?”
El secretario general del PNP agregó que “nuestro plan fiscal y presupuesto identifican todos los fondos necesarios para mantener a todos los empleados públicos con su jornada completa. El PPD sabe bien que fue la Junta la que, por enmiendas unilaterales, incluyó en esos documentos la reducción de jornada innecesaria, y que sería devastadora para nuestra economía. Aunque el PPD se alegre de eso, nosotros le haremos frente, en defensa de nuestro pueblo”.