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Corrupción

El caso de Anaudi desenmascara viejas denuncias de corrupción dentro del gobierno de Puerto Rico

Representa uno de los esquemas de corrupción, fraude y sobornos más controvertidos en la historia política de Puerto Rico e involucra a varios funcionarios y empresarios ligados al PPD.
9 Sep 2016 – 10:15 AM EDT

GUAYNABO, Puerto Rico.- El caso de corrupción gubernamental liderado por el exrecaudador político Anaudi Javier Hernández Pérez ha paralizado a toda la isla. Incluso, ha tomado matices de telenovela.

Anaudi era hasta hace un tiempo un poderoso inversionista puertorriqueño, con acceso directo al actual gobernador, Alejandro García Padilla, y múltiples tentáculos con los que fraguó uno de los esquemas de corrupción, fraude y sobornos más controverciales en la historia política del país.

Actualmente es eje de una pesquisa a nivel federal por corrupción gubernamental que involucra a varios funcionarios y empresarios ligados a la administración del Partido Popular Democrático (PPD) y a García Padilla.

Hasta el 2012 el empresario de 41 años de edad era dueño de una compañía de venta de celulares, mismo año en que se unió al grupo de recaudadores del PPD y dieron inicio las confabulaciones.

Anaudi conocía al hermano del gobernador, Luis Gerardo "Gerry" García Padilla, de cuando trabajaban juntos en Verizon Wireless en el 2004. Esa amistad fue la llave de acceso al PPD y a las puertas de La Fortaleza, residencia oficial y centro de operaciones del Ejecutivo isleño.

El caso ha sacudido a la clase política a dos meses de las elecciones generales. La popularidad de este caso ha llevado a analizar las repercusiones de el juicio federal versus el juicio público que se ha realizado. “Hay ocasiones que hay acusados que ni los han mencionado en los testimonios. El testimonio pasa y nunca se menciona a fulano o a fulana”, explicó el veterano periodista Oscar Serrano. Sin embargo, a medida que pasan los días de juicio en el tribunal federal, lo que ha dicho Anaudi salpica más personas que no están acusadas.

“Ahí todavía puede haber un veredicto de no culpabilidad. Que la gente no se crea que por lo que está escuchando, el caso está probado. Ahí todavía puede haber un veredicto de no culpabilidad porque los que están acusados no son ni Mari Tere (González), ni el gobernador, ni "Gerry", ni Perelló”, resaltó Serrano.

Por su parte, el candidato a la gobernación por el PPD, David Bernier, ha reiterado que este no es su gobierno, que su gobierno comienza en el 2017 y que en el mismo no va a haber “No habrá espacio para los Anaudis Hernández ni para los ‘Empresarios con Rosselló’ ".

Para los analistas Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo el caso de Anaudi es uno problemático para la campaña electoral en curso.

En primera instancia, este se ha convertido en el tema a discutirse y se ha desviado la atención al caso de Anaudi y los problemas del PPD, en vez de de poder atender una campaña política a dos meses de los comicios electorales.

Los analistas políticos explicaron cómo a pesar de que en el caso judicial existe la presunción de inocencia, en el ámbito político una incriminación de esta índole puede afectar la carrera política y las posibilidades de poder ganar en unas elecciones.

“Está ardiendo la cosa, pero no por la campaña”, expresó en WKAQ 580 Pabón Roca. El partido popular ahora enfrenta hasta vacantes en su papeleta y un problema de imagen empañado por un caso federal.

Arrestados por el FBI

En diciembre de 2015, el Negociado federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) realizó la operación 'Botín de guerra' que culminó con el arresto de Anaudi y otros 9 implicados.

El arresto formó parte de un operativo que incluyó 10 órdenes de detención, entre las que figuran varios funcionarios en altos puestos de Gobierno, incluyendo la exadministradora de Derecho Laboral, Sally López, la exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Ivonne Falón y su hermana, Mariely Falcón, así como la directora de compras de la AAA, Sonia Barreto y Víctor Burgos, exempleado de la Cámara de Representantes.


A estos se les acusa de conspirar para llevar a cabo múltiples esquemas de fraude millonario contra la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Cámara de Representantes. Unos 25 cargos fueron radicados por soborno, obstrucción a la justicia, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico y extorsión por actos cometidos desde 2012 hasta el momento, y cuyos beneficios sumaron más de 2 millones de dólares.

En aquel momento, el entonces jefe del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, envió un reto serio al Gobernador y al gobierno en general “ a limpiar la casa de parásitos y garrapatas políticas que tienen a Puerto Rico desangrado y en cuidado intensivo”.

Ostentosos regalos y puestos a cambio de contratos

El principal objetivo era obtener contratos y beneficios. Según detalló la jefa de fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, esas agencias eran “controladas” por Anaudi, quien creó corporaciones sin peritaje ni experiencia para dar servicios requeridos por contratos en agencias e, incluso, tenían que subcontratar.

También tuvo un contrato para ferias de empleo que fue enmendado varias veces y que subió de 300 mil dólares a casi un millón de dólares así como un contrato para el servicio telefónico en la Cámara de Representantes que inicialmente fue rechazado, pero tuvo que bajar el valor por miles de dólares.

A través de influencias, logró el recaudo de millones de dólares para el entonces candidato a la gobernación, García Padilla, y el representante Jaime Perelló, quien tuvo que renunciar a su puesto de presidente de la Cámara de Representantes tras múltiples cuestionamientos sobre su falta de supervisión administrativa que trascendieron durante el juicio federal.

Fue bajo el mandato de Perelló - quien no ha sido acusado de corrupción - que Anaudi consiguió contratos en la Cámara para ofrecer servicios de una línea de teléfonos que nunca funcionó.

Estos contratos se consiguieron a través del entonces administrador de la Cámara, Xavier González Calderón, y el director de tecnología, Víctor Burgos quienes ya se declararon culpables de participar en esquema de corrupción.

Tras una auditoría realizada sobre el proceso de otorgación del contrato se reveló que 3Comm, empresa de Hernández Pérez, no era empresa adecuada, instaló teléfonos incorrectos y tuvo que contratar una empresa externa para poder cumplir con sus funciones.

Anaudi también recaudó fondos para las campañas de los senadores Jorge Suárez y Mari Tere González, quien también renunció a su candidatura a la reelección por el PPD el pasado miércoles al ser puesta en el banquillo de los testigos y se amparó en su derecho a no autoincriminarse cuando le preguntaron sobre un aporte de 2,000 dólares por parte de Anaudi.

Anaudi, quien se convirtió en íntimo amigo del Gobernador, viajó con él a Francia luego de las elecciones de noviembre de 2012 que ganó el Mandatario. El hermano del Gobernador también viajó con ellos.

Sin embargo, García Padilla ha reiterado que tras las declaraciones de Anaudi sobre dicho viaje que “no se desprende ninguna ilegalidad contra mí ni contra algún miembro de mi familia tan siquiera”.

Lo que sí dejó claro el gobernador fue que estaba dolido y frustrado pues le “faltaron a la amistad. Nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa. Uno piensa que hay un interés genuino de ayudar, pero, de repente, uno se da cuenta de que son inversionistas”.

Además, Anaudi puso a personas de su confianza en distintas agencias, para luego obtener contratos de miles de dólares, gracias a influencias y pagos indebidos en regalos que incluían objetos de valor, cenas costosas y boletos a conciertos.

El recaudador del PPD, a quien se le confiscó su mansión de cuatro millones de dólares en el pueblo de Aguadilla, “usó sus conexiones para que se usaran personas de su confianza en cargos claves”, reveló Rodríguez al momento de la detención.

Muchos le enviaban el currículo o recomendación a Anaudi, quien conseguía que la persona obtuviera el puesto y luego les mandaba regalos que desembocaban en contratos para sus empresas.

Entre la evidencia que ha desfilado en el juicio, figuran cientos de correctos electrónicos, entre estos algunos con el hermano del gobernador, a quien le envió una lista de 14 personas para ser nombradas a puestos de confianza, así como una lista de empleados del Partido Nuevo Progresista (PNP) que ocupaban cargos de confianza en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para que los removiera de sus puestos.


La lujosa mansión de Anaudi J. Hernández Pérez

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Se declaró culpable y comenzó a “cantar”

En el Tribunal Federal, Anaudi - quien permanece bajo reclusión domiciliaria- se declaró culpable en febrero pasado por 14 cargos relacionados con varios esquemas de fraude a programas federales por soborno, conspiración para privar a Puerto Rico de los servicios honestos de funcionarios por medio de fraude electrónico y extorsión a cambio de un acuerdo de sentencia.

Asimismo, reveló la existencia de un esquema para burlar el límite de donativos permitidos por ley en las campañas políticas. 'La Pirámide', según Anaudi, fue creada por Irving Faccio, director de campaña del gobernador. Bajo esta 'Piramide', integrada por Ismael Torres, Alex Medina, Jaime Babilonia y otras dos personas que Anaudi dijo no recordar, sus integrantes tenían que buscar personas que donaran fondos a García Padilla.

Este era un “grupo selecto y pequeño” para recaudar fondos - entre $700,000 y $800,000- para la campaña del Primer Ejecutivo. Según el analista Luis Dávila Colón, esto es "un nido de ratas" que cubre desde la Fortaleza hasta los rincones más infimos de la legislatura.

Una de las declaraciones más controversiales tocó la puerta del PPD nuevamente cuando una nota en la bitácora de contribuciones de Anaudi denotó el gasto de $440 en una prostituta para el hermano del gobernador, "Gerry" García Padilla.

"Gerry" García Padilla no puede expresarse al respecto por tratarse de un caso federal, pero el Gobernador salió en en su defensa tras la escandalosa revelación.

Mi hermano no es acusado ni objeto de la investigación en el caso que se ha estado discutiendo públicamente. Por el contrario, es testigo de la fiscalía federal y por ello está impedido hoy de defenderse públicamente, ya que en este momento está bajo una orden de la corte a esos efectos”, expresó el Gobernador.

Otros que han sido mencionados en las declaraciones de Anaudi han sido Jesús Manuel Ortiz, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza y candidato a representante por acumulación; Jorge Suárez Cáceres, senador que también se benefició de recaudos por parte de Anaudi y quien cabildeó en nombre del empresario para atornillar los nombramientos de Sally López y Sonia Barreto (exdirectora de compras de la AAA ya declarada culpable).

Asimismo, Eder Ortiz Ortiz exsenador y excomisionado electoral del PPD, se convirtió en socio de Anaudi y asumió la codirección de varias empresas que llegaron a obtener contratos con agencias gubernamentales como la ADL y la AAA. Ortiz renunció a la Junta de Gobierno de su partido luego de haber sido suspendido sumariamente por el presidente del partido y candidato a la Gobernación por el partido rojo, David Bernier.

García Padilla no aspirará a un segundo término en La Fortaleza, según dijo, para dedicarse de lleno a atender la crisis económica.

El juicio por corrupción gubernamental continúa y cada día son más los testimonios que involucran a personas prominentes de la isla en el esquema.

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