Caen funcionarios de la UPR por malversar fondos públicos de programa de certificación de maestros

SAN JUAN, Puerto Rico.-El Departamento de Justicia (DJ) presentó 263 denuncias contra Juan Ramírez Silva, Juan Varona Echeandía y Yanaira Vázquez Cruz, exrectores del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras 6 personas adicionales, por supuesta malversación de fondos públicos y fraude.

Estos supuestamente idearon un esquema de corrupción con fondos del programa Crece-21, que certificaba a maestros del sistema público mediante talleres, expresó el DJ en declaraciones escritas.

En el supuesto se defraudó al programa de Certificación y Re–Certificación, conocido como Crece-21, mediante una serie de compras que realizaban los imputados para su uso personal, haciendo creer mediante la falsificación de documentos y la ayuda de empleados de un hotel, que los gastos eran relacionados con el ofrecimiento de talleres para maestros.

Entre esos gastos resaltan servicios de spa, comidas en restaurantes ostentosos, barras, pago de habitaciones, compra de ropa de marcas reconocidas, zapatos, fiestas, productos de cabello, productos para la piel, entre otros.

Según el DJ, Crece-21 no fue el único programa afectado por este esquema. Los programas de Desarrollo Profesional para Maestros del K-3, Desarrollo Profesional para Maestros de Escuela Superior, Innovación en la Enseñanza de la Lengua Materna y la Cumbre Iberoamericana de la Honorable Academia Mundial de la Educación también fueron impactados económicamente tras los alegados actos fraudulentos.

El DJ estima que $73,000 fueron malversados en los ocurridos entre junio del año 2011 y noviembre del 2012.

La propia UPR refirió el caso al DJ. Las declaraciones del secretario de Justicia César no indica la fecha del referido. Durante la investigación colaboró la División de Auditoría Interna de la Junta de Gobierno de la UPR y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, se informó.

“Este caso ilustra el arraigo de la corrupción en nuestras instituciones públicas, aun en aquellas que deben ser modelo de corrección como la Universidad del Estado. Igual ilustra que trabajando unidos, como lo hemos estado haciendo, podemos atajarla. El resultado de hoy es consecuencia de la colaboración entre la Oficina de la Contralora, la Oficina de Auditoría Interna de la UPR y el Departamento de Justicia”, señaló el secretario César Miranda.
Por los hechos se sometieron 263 denuncias contra los imputados.

Ramírez Silva, exrector de la UPR en Arecibo y actual profesor en ese recinto, enfrenta cargos por fraude, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, utilización indebida en servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 16 cargos.

A Varona Echeandía, exrector de la UPR de Cayey y actual profesor en ese campus universitario, se le imputaron cargos por apropiación ilegal agravada, fraude, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Por otro lado, a Yanaira Vázquez Cruz, exrectora de la UPR de Utuado y exayudante especial del Presidente de la UPR, responderá por cargos de apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos, malversación de fondos públicos, intervención indebida en operaciones gubernamentales y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 54 cargos.

Asimismo, contra Ada Liz López Hernández, excoordinadora de Proyectos UPR Arecibo y directora del Proyecto Crece-21, se presentaron denuncias por apropiación ilegal agravada, fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica, aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios pagados con fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 100 cargos.

Entre los parentescos de los imputados se destaca que Jonathan Ramírez Pérez es hijo del exrector de la UPR de Arecibo.

Asimismo, se sometieron cargos contra varios miembros de un mismo núcleo familiar, ya que Ada Hernández Santiago es madre de Ada Liz López Hernández, directora del programa.
A su vez, Hernández Santiago es abuela de Jason Ortiz López, exempleado de la UPR de Bayamón.

Por su parte, Nilda Vázquez Cruz es hermana de la exrectora de la UPR de Utuado.
Ramírez Pérez, asistente administrativo de la UPR de Arecibo, enfrenta cargos por fraude, apropiación ilegal, aprovechamiento ilícito de trabajos y violación a la Ley de Ética Gubernamental, para un total de 12 cargos.

Hernández Santiago tiene 4 cargos, Jason Ortiz López unos 6 cargos y Nilda Vázquez Cruz, 2 cargos, por apropiación ilegal agravada y fraude.

Los supuestos gastos ilegales fueron posibles mediante el concierto y común acuerdo entre funcionarios de la UPR y empleados del Hotel Caribe Hilton, quienes en conjunto alteraban las facturas para aparentar que eran gastos oficiales de la UPR como parte de los talleres.
También se sometieron 27 cargos contra el Hotel Caribe Hilton por fraude, falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsos.

Así, se presentaron 30 cargos por fraude, falsificación de documentos, posesión y traspaso de documentos falsos y falsedad ideológica contra Marco Hernández Taforó, coordinador de cuentas por cobrar del prestigioso hotel.

Entre los hallazgos, la bitácora de huéspedes reflejó discrepancia en los nombres incluidos para una misma reservación.

De igual forma, los imputados certificaron que en las actividades de los talleres no hubo consumo de bebidas alcohólicas, pero la evidencia contrasta con dichas certificaciones.
Los gastos ilegales ocurrieron a pesar de que en los acuerdos formalizados entre la UPR y el hotel para la realización de este tipo de actividades, se incluía desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas para los participantes.

“Seguimos encontrando servidores públicos que le fallan al pueblo. Nuestros auditores continúan colaborando con el Departamento de Justicia en este y otros casos”, indicó la contralora Yesmín M. Valdivieso.

“La continuación de la vista de causa para arresto será el próximo 10 de noviembre de 2016 en la Sala de Investigaciones de San Juan. La jueza María de Lourdes Camareno estará a cargo de la vista. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Rosa L. Molina Pérez, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ.
En sus declaraciones escritas, el DJ no indica si se determinó causa.