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Junta de Control Fiscal

Reducción de jornada laboral traería consecuencias irreparables en servicios sociales

La Junta de Control Fiscal evalúa reducir la jornada laboral de los funcionarios públicos, con consecuencias dañinas a la economía y los servicios sociales.
4 Ago 2017 – 8:49 AM EDT

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reiteró que si se reduce la jornada laboral de los empleados públicos habrá un impacto negativo en los hogares de miles de puertorriqueños y en la economía de la isla, que atraviesa una grave crisis financiera.

El Ejecutivo puertorriqueño dijo que hay pruebas de que esa medida es innecesaria para cumplir con los objetivos del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta a Puerto Rico por el gobierno federal para lidiar con la crisis de la deuda pública.

Las palabras de Rosselló ocurrieron en la víspera de la novena reunión de la JSF en la que el asunto principal será, precisamente, una posible reducción de la jornada laboral de los funcionarios públicos, para contar con unas cuentas públicas saneadas.


"El llamado es a la sensatez de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. No hay razones para implementar una reducción de jornada laboral que afectaría el bolsillo de los servidores públicos y la economía si nuestra Administración ha presentado evidencia de que cuenta con el dinero en caja para seguir cumpliendo con las medidas estipuladas en el Plan Fiscal certificado", sostuvo Rosselló.

Al 30 de junio de 2017, el balance en caja de efectivo del Gobierno ascendía a 1,799 millones de dólares, cifra muy por encima de lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo, cuando se proyectaba que habría 291 millones de dólares en liquidez, según Rosselló.

Recordó que esta misma semana la Asociación de Economistas, la Asociación de Bancos, la Asociación de Constructores, el Grupo Unido de Importadores de Automóviles y el Colegio de Trabajadores Sociales advirtieron del impacto económico y social en la isla si se reduce la jornada laboral de miles de empleados públicos.

"Reconocemos que estos son tiempos de retos y hemos tomado decisiones en diferentes áreas. Pero queremos demostrar con los datos que hemos cumplido y excedido las expectativas de liquidez, por lo que no hay necesidad de implementar una reducción de la jornada laboral", agregó el primer ejecutivo.



Rosselló recordó que por virtud de la Sección 205 de la Ley federal PROMESA, el Gobierno tiene la discreción de adoptar o no las recomendaciones que presente la Junta de Supervisión Fiscal.

"Cuando uno evalúa cualquier recomendación tiene que ver si es razonable y necesaria. Esta recomendación de reducción de jornada laboral, de producirse, no cumple con ninguna de las dos, y hoy demostramos que estamos excediendo las expectativas establecidas en el Plan Fiscal", sostuvo el mandatario.

"Aquí no se puede implementar una acción de manera unilateral. La Junta puede hacer una recomendación al gobernador y es el gobernador quien evalúa la medida y tiene el poder de aceptar o de rechazar, y máxime si entiende que son medidas innecesarias", agregó.

Asimismo, recordó que de alrededor de 40 leyes que ha firmado, 15 medidas van dirigidas a trabajar el asunto fiscal de Puerto Rico.

Entre las medidas tomadas por su Administración, el mandatario destacó la reducción del 20% en las posiciones de confianza en el Gobierno, la congelación del 1 % del presupuesto operacional, la Orden Ejecutiva 2107-005 que establecía la implementación del método de Presupuesto Base Cero.

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda de 70,000 millones de dólares y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

De ahí surgió la ley PROMESA, que estableció la JSF para Puerto Rico, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y que ha exigido recortes millonarios del gasto.

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