Miles de personas con casos migratorios pendientes en Estados Unidos enfrentan desde ahora una nueva presión: pagar una tarifa anual de $100 mientras su solicitud de asilo permanezca pendiente.
¿Tienes asilo pendiente? Nuevo cobro de $100 al año podría afectar tu caso
Miles de migrantes con asilo pendiente enfrentan una nueva regla: pagar $100 al año para mantener activo su caso. Si no lo hacen a tiempo, podrían perder el proceso, ver afectado su permiso de trabajo e incluso terminar en corte. Esto es lo que cambia y desde cuándo.
Video Nuevos cobros de USCIS: pagar 100 dólares al año para no perder el asilo ni permiso de trabajo
Quien no lo haga dentro del plazo fijado por el gobierno federal podría enfrentar el rechazo de la solicitud, la negación de beneficios vinculados al caso y, si no tiene otro estatus legal, quedar expuesto a procedimientos de remoción.
La medida fue activada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que advirtieron en un comunicado emitido el martes 28 de abril que comenzarán a aplicar consecuencias a quienes no paguen de manera oportuna la llamada Tarifa Anual de Asilo.
El anuncio cayó por sorpresa entre muchos solicitantes. “No sabía eso, me tomaba por sorpresa... me acabo de enterar”, dijo Griselda Jiménez, solicitante de asilo, al conocer que dejar vencer el pago podría comprometer todo su caso.
La regla no se limita a un cobro adicional. En la práctica, introduce una nueva condición para permanecer dentro del sistema migratorio. Quienes tienen una solicitud de asilo pendiente deberán pagar cada año mientras el expediente siga sin resolverse.
En un sistema migratorio con amplios atrasos y acumulación de expedientes, eso significa que algunas personas podrían pagar varias veces antes de recibir una decisión.
El riesgo de no pagar
Abogados migratorios advierten que la consecuencia principal no es económica, sino legal. “Las consecuencias son bastante severas y tenemos que evitar eso. En primer lugar se puede descartar la aplicación de asilo y, en segundo lugar, al descartarse inmediatamente van a poder inmigrar el proceso en las cortes de inmigración, y eso es lo más importante de esta regla”, explicó el abogado Hugo Vera.
En términos prácticos, si USCIS rechaza o cierra el caso por falta de pago y la persona no cuenta con otro estatus migratorio vigente, el expediente puede terminar en la Corte de Inmigración, donde se define si la persona permanece en el país o recibe una orden de salida.
Llegar a corte migratoria representa una fase más compleja y con menos margen de maniobra para muchos solicitantes.
El nuevo esquema establece que los solicitantes tendrán 30 días desde la notificación oficial para hacer el pago.
Ese detalle ha encendido alertas pues muchas personas cambian de domicilio, comparten vivienda, se mudan por razones laborales o no reciben a tiempo correspondencia oficial.
“Lo más importante es número uno cumplir con cualquier y todo requisito del servicio de inmigración, incluso ese pago de 100 dólares al año, y en segundo lugar tan importante mantener informado el servicio de migración de cualquier cambio de dirección de domicilio, asegurarse que tienen la dirección correcta”, agregó Hugo Vera.
La recomendación jurídica es actualizar de inmediato la dirección ante USCIS y revisar con frecuencia correo físico, cuenta en línea y notificaciones del caso.
“Ahora que ya sé, sí estar al pendiente de que no se vaya a vencer”, afirma Griselda Jiménez.
Cómo se paga la nueva tarifa
El pago debe hacerse en línea a través del portal oficial de USCIS.
El solicitante necesita ingresar su número A (Alien Number) y el número de recibo del caso, escoger método de pago —cuenta bancaria o tarjeta— y confirmar la transacción de $100 para mantener activo el expediente.
La regla también incorpora otros cobros. Entre ellos, una tarifa mínima de $24 para el Formulario I-102, usado para reemplazar documentos de entrada y salida.
Aunque la cifra parece menor, abogados señalan que para muchas familias que ya pagan renta, abogados, transporte y renovaciones de documentos, cada nuevo cobro suma presión financiera.
Otra medida anunciada
Otra medida anunciada por la administración federal impacta a personas con solicitudes migratorias pendientes de residencia, ciudadanía, permisos de trabajo, TPS, DACA y otros beneficios.
Abogados migratorios consultados señalan que también se esperan nuevas revisiones de antecedentes en ciertos trámites, lo que podría ralentizar decisiones en algunos casos.
“Sí es para esas aplicaciones que fueron sometidas antes de abril 27 donde le van a vetar de nuevo los antecedentes penales. ¿Cuál es la diferencia? Que les van a dar más acceso a la base de datos que está en el FBI. Quiere decir que quizás puedan ver delitos en otros países”, explicó el abogado Alex Gálvez.
Según el jurista, la revisión puede ralentizar expedientes ya presentados. “No hay ninguna duda que esto va a dilatar su aplicación”, afirmó.
Hasta ahora, toda solicitud relevante ya implicaba toma de biométricos y revisión de historial migratorio y penal. La diferencia, según abogados consultados, es que ahora los oficiales tendrían acceso ampliado a más fuentes de información.
“Cada vez que uno mete una aplicación de inmigración se le toma los biométricos. Eso le daba acceso para ver tus antecedentes en la frontera, deportaciones y el FBI. La única diferencia es que la base de datos del FBI se expandió y le van a dar más acceso a los oficiales de migración. Va a afectar a residencias, ciudadanías también, peticiones familiares”, sostuvo Gálvez.
Eso no significa automáticamente rechazo de casos, pero sí más demoras, solicitudes de evidencia adicional o revisiones sobre incidentes antiguos.
Video Verificaciones más estrictas frenan solicitudes migratorias, esto es lo que debes saber
Lo que debe revisar hoy
Abogados recomiendan actuar de inmediato:
- Confirmar dirección actual con USCIS.
- Revisar correo físico y cuenta en línea.
- Guardar número A y número de recibo.
- Consultar abogado antes de ignorar una notificación.
- Prepararse para nuevas demoras por revisiones de antecedentes.
La nueva regulación sobre tarifas y consecuencias por impago entrará en vigor el 29 de mayo de 2026. Desde esa fecha, no atender una notificación de pago podría significar mucho más que una deuda: también podría poner en riesgo la continuidad del caso migratorio.
