El gobierno federal estaría ejecutando una transferencia temporal de abogados especializados desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hacia el Departamento de Justicia (DOJ) con el objetivo de robustecer y acelerar las demandas de desnaturalización. A pesar de las alarmas y el temor sembrado en millones de ciudadanos de origen extranjero, expertos legales recuerdan que la administración no puede retirar la ciudadanía de manera automática, sin antes pasar por un procedimiento judicial.