El Servicio de Inmigración pone
fin a las audiencias remotas para casos de asilo y exige la presencia física de los abogados junto a sus clientes. El gremio de abogados de inmigración evalúa una demanda colectiva al considerar que
la medida viola el debido proceso y encarece la defensa legal. El cambio ocurre en un escenario crítico, con
más de
1.5 millones de solicitudes de asilo estancadas y retrasos de hasta tres años en las citas.
