TAMPA, Florida.- La Cámara de Representantes de Florida avanza en la discusión del proyecto de ley HB 229, conocido como la Ley de Violación de la Ley Estatal de Inmigración, que busca imponer sanciones a los gobiernos locales que no colaboren con las autoridades en la aplicación de las leyes migratorias.
Propuesta de ley permitiría demandar a ciudades de Florida por crímenes de indocumentados
La HB 229 permite demandas por homicidio culposo contra gobiernos locales con políticas santuario.

La medida también propone crear un fondo de compensación para las víctimas de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con el texto del proyecto, las agencias del orden público que incumplan los requisitos estatales de asistencia en materia migratoria serían sujetas a una multa de $10,000. Los legisladores que respaldan la propuesta argumentan que el objetivo es reforzar la cooperación entre las jurisdicciones locales y estatales en la identificación y detención de personas sin estatus migratorio legal.
La iniciativa también establece la creación de un programa de compensación a víctimas, administrado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). Este programa brindaría ayuda financiera a residentes de Florida que hayan sido afectados por delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.
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Posibles consecuencias de la HB 229
Otro de los puntos más controvertidos del proyecto es la posibilidad de presentar demandas por homicidio culposo contra los gobiernos locales que implementen “políticas santuario” o incumplan las leyes migratorias. Según la propuesta, si esas acciones permiten que un extranjero no autorizado cause la muerte de una persona, el gobierno local podría ser responsabilizado civilmente.
Los impulsores de la medida aseguran que se trata de una política de “rendición de cuentas” destinada a proteger a las comunidades y garantizar la aplicación uniforme de la ley en todo el estado. En contraste, críticos de la propuesta advierten que podría criminalizar a los inmigrantes y castigar a las autoridades locales que busquen limitar la cooperación con las agencias federales de inmigración por razones humanitarias o legales.
De ser aprobada por ambas cámaras legislativas y firmada por el gobernador Ron DeSantis, la HB 229 entraría en vigor el 1 de julio de 2026, marcando un nuevo paso en el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el estado de Florida.















