HARRISBURG, Pensilvania.- La política migratoria se ha convertido en uno de los temas que separan al gobernador demócrata Josh Shapiro de la republicana Stacy Garrity , quienes compiten por la gubernatura de Pensilvania en las elecciones del 3 de noviembre de 2026.
Elecciones 2026: las posturas de Garrity y Shapiro sobre ICE e inmigración en Pensilvania
El actual gobernador y la tesorera del estado se enfrentarán en las urnas el próximo 3 de noviembre. Estas son sus posturas sobre las deportaciones y los centros de detención en Pensilvania.

Mientras Shapiro busca la reelección y critica las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Garrity sostiene que las autoridades estatales y locales deben cooperar con el gobierno federal en materia migratoria.
De acuerdo con un análisis publicado por Spotlight PA el 13 de octubre, ambos candidatos mantienen posiciones distintas sobre las deportaciones, los centros de detención migratoria y la colaboración de las policías locales con ICE.
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Josh Shapiro: oposición a las tácticas de ICE y los centros de detención
El gobernador demócrata Josh Shapiro ha cuestionado las operaciones migratorias de la administración del presidente Donald Trump y ha tomado medidas para impedir la instalación de grandes centros de detención en Pensilvania.
Uno de los principales enfrentamientos ocurrió cuando el gobierno federal compró dos almacenes vacíos en los condados de Berks y Schuylkill para convertirlos en instalaciones de detención migratoria, con capacidad conjunta para albergar hasta 9,000 personas.
Shapiro se opuso al proyecto y argumentó que las instalaciones podían representar riesgos para la salud y la seguridad de los detenidos y de las comunidades cercanas. También señaló posibles problemas ambientales y una mayor presión sobre los servicios de agua, drenaje y emergencia.
Su administración utilizó disposiciones ambientales estatales para impedir que los almacenes fueran acondicionados como centros de detención.
En julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que ICE no utilizaría esos dos inmuebles con ese propósito y retiró sus apelaciones contra las órdenes estatales que impedían su conversión.
La decisión representó un revés para el plan federal de ampliar la capacidad de detención migratoria en esos lugares.
¿Shapiro quiere impedir que ICE opere en Pensilvania?
El gobernador ha defendido que su administración no debe realizar el trabajo de ICE y ha criticado las detenciones que considera injustificadas, así como el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.
Sin embargo, su postura no significa que todas las formas de colaboración entre las autoridades estatales y federales hayan desaparecido.
Una investigación de Spotlight PA publicada en febrero encontró que algunas agencias estatales bajo su administración todavía mantenían mecanismos de cooperación con las autoridades migratorias, aunque existían restricciones.
Por ejemplo, la policía estatal cuenta con reglas que limitan su participación en la aplicación de las leyes migratorias federales, pero permiten compartir determinada información con ICE.
La administración de Shapiro también ha señalado que las agencias externas no tienen acceso ilimitado a las bases de datos estatales y que se registran las solicitudes de información.
Por ello, aunque el gobernador se opone a determinadas prácticas de ICE, la relación entre las autoridades de Pensilvania y el gobierno federal es más compleja que una prohibición absoluta de cooperación.
Stacy Garrity: cooperación con ICE y respaldo a Trump
La republicana Stacy Garrity, actual tesorera estatal y candidata a gobernadora, ha defendido una postura más favorable a la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Garrity ha criticado las políticas migratorias del expresidente Joe Biden y ha respaldado las acciones de Trump para reforzar la seguridad fronteriza.
En declaraciones recogidas por medios de Pensilvania, la republicana ha sostenido que es conveniente cooperar con ICE, especialmente cuando la agencia realiza operaciones dirigidas contra personas específicas.
Su campaña también ha cuestionado la oposición de Shapiro a los centros de detención migratoria y ha calificado su postura como una estrategia política.
En abril, un portavoz de Garrity dijo que las propuestas para instalar esos centros merecían una revisión seria. Sin embargo, la campaña no aclaró de manera definitiva si la candidata apoyaría su construcción.
Garrity ha señalado que trabajaría con cualquier presidente, independientemente de su partido, si considera que hacerlo beneficia a Pensilvania.
¿Qué haría Garrity con los centros de detención?
Hasta el momento, s u campaña no ha presentado una posición definitiva sobre todos los detalles de los proyectos de detención que impulsó el gobierno federal.
La diferencia con Shapiro es que el gobernador demócrata utilizó herramientas estatales para frenar los almacenes, mientras Garrity criticó esa oposición y defendió una relación de cooperación con Washington.
Si gana la gubernatura, Garrity podría trabajar con el gobierno federal en cuestiones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias, siempre dentro de las facultades legales del estado.
No obstante, n o se puede afirmar que su elección garantice automáticamente la apertura de nuevos centros de detención. Para que un proyecto avance, también deben cumplirse los requisitos legales y administrativos correspondientes.
ICE aumenta su presencia en Pensilvania
El debate entre los candidatos ocurre mientras crece la colaboración entre gobiernos locales y las autoridades federales de inmigración.
Según Spotlight PA, desde diciembre de 2024, unos 140 gobiernos locales de Pensilvania habían establecido acuerdos bajo el programa federal 287(g), que permite determinadas formas de colaboración entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La cifra colocaba a Pensilvania en el cuarto lugar nacional por número de gobiernos locales participantes, detrás de Florida, Texas y Missouri.
Estos acuerdos pueden permitir que determinados agentes policiales locales reciban capacitación y desempeñen funciones migratorias específicas bajo supervisión federal, dependiendo del tipo de convenio.
Para los inmigrantes, la existencia de estos acuerdos puede aumentar la importancia de conocer sus derechos y saber cómo actuar durante un encuentro con la policía o con agentes migratorios.
Sin embargo, la participación de una localidad en el programa no significa que todas sus actividades policiales estén dedicadas a perseguir a inmigrantes.
¿Qué pasa con las personas detenidas por ICE?
Otro punto de discusión es la situación de las personas que permanecen bajo custodia migratoria en Pensilvania.
El centro de procesamiento de Moshannon Valley, una de las instalaciones de detención migratoria más grandes del noreste del país, ha enfrentado denuncias sobre atención médica deficiente, calidad de los alimentos y presuntos abusos.
Un informe de la Universidad de Temple publicado en 2024 describió las condiciones de detención como punitivas, inhumanas y peligrosas.
En junio de 2026, Shapiro pidió una inspección independiente después de que funcionarios del Departamento de Correcciones de Pensilvania informaran que no se les permitió ingresar a las instalaciones.
La discusión sobre estos centros no solo involucra a quienes están detenidos. También plantea preguntas sobre la supervisión, la atención médica, la seguridad y las responsabilidades de las autoridades federales.
¿Qué puede hacer el gobernador por los inmigrantes?
Aunque la política migratoria depende principalmente del gobierno federal, el gobernador de Pensilvania tiene herramientas que pueden influir en la manera en que se aplican ciertas medidas dentro del estado.
Entre ellas se encuentran:
- Regular la cooperación estatal: establecer políticas sobre la participación de las agencias estatales en operativos migratorios, dentro de los límites de la ley.
- Proteger información: revisar cómo las autoridades federales acceden a determinadas bases de datos estatales.
- Impulsar asistencia legal: promover recursos presupuestarios para ayudar a personas que enfrentan procedimientos de deportación.
- Presentar demandas: impugnar ante los tribunales medidas federales que el estado considere ilegales.
- Supervisar instalaciones: aplicar las leyes estatales de medioambiente, agua, drenaje y seguridad cuando sean pertinentes.
El gobernador también puede firmar o vetar leyes aprobadas por la Legislatura estatal que estén dentro de sus competencias.
Estas facultades tienen límites. El mandatario estatal no puede conceder por sí solo la ciudadanía estadounidense, cancelar una orden federal de deportación ni modificar los requisitos nacionales para obtener una visa o residencia permanente.
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