La estrategia de detención migratoria de la administración de Donald Trump sufrió un nuevo revés en los tribunales. Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito rechazó la interpretación del gobierno que permite detener obligatoriamente a personas no ciudadanas arrestadas dentro de Estados Unidos sin darles la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza.
Otro revés de ICE: Un Tribunal de Apelaciones rechaza detención obligatoria de inmigrantes sin audiencia de fianza
El fallo supone un nuevo golpe a la política migratoria de Trump y mantiene abierta la posibilidad de que ciertos inmigrantes detenidos puedan pedir ante un juez su liberación bajo fianza.
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En una decisión 2-1 emitida el viernes, la corte determinó que la interpretación de la administración sobre la Ley de Inmigración y Nacionalidad es incorrecta y que negar a ciertos inmigrantes la oportunidad de argumentar ante un juez por su libertad vulnera las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
La opinión mayoritaria fue escrita por la jueza Patty Shwartz, nombrada por el expresidente Barack Obama, y contó con el respaldo del juez Theodore McKee, designado por el expresidente Bill Clinton.
El fallo representa el octavo revés de este tipo para la teoría jurídica que el gobierno de Trump ha utilizado para ampliar la detención migratoria, según el recuento citado en la decisión y reportes sobre el caso. Solo los circuitos quinto y octavo han respaldado hasta ahora la interpretación de la administración.
¿Qué decidió la corte sobre las audiencias de fianza?
El caso surgió después de que tribunales inferiores concedieran peticiones de habeas corpus a dos personas no ciudadanas que llevaban años viviendo en Estados Unidos.
La administración Trump comenzó el año pasado a interpretar la legislación migratoria de manera que también las personas que habían residido durante años en el país podían quedar detenidas sin derecho a una audiencia de fianza ante un tribunal de inmigración.
La mayoría del Tercer Circuito rechazó esa interpretación.
Shwartz señaló que las personas no ciudadanas que han establecido vínculos con sus comunidades en Estados Unidos están protegidas por la Quinta Enmienda y tienen derecho al debido proceso.
La corte sostuvo que el gobierno puede tener un interés legítimo en mantener detenidas a personas que representen un peligro, pero esa decisión debe evaluarse individualmente y no mediante una política que elimine automáticamente la posibilidad de una audiencia.
La jueza Jennifer Mascott, designada por Trump, discrepó. En su voto disidente argumentó que permitir audiencias de fianza para determinadas personas que entraron al país sin ser detectadas, mientras se aplican reglas distintas a quienes se presentan en los puertos de entrada, resulta contrario a la lógica de la legislación migratoria.
Una política clave para la estrategia de deportaciones de Trump
La administración comenzó a aplicar esta interpretación el año pasado, después de décadas en las que las personas no ciudadanas que ya vivían en Estados Unidos podían tener acceso a audiencias de fianza en determinadas circunstancias.
Los defensores de los inmigrantes sostienen que eliminar esa posibilidad facilita las deportaciones porque una persona detenida sin oportunidad de pedir su liberación puede optar por aceptar su expulsión en lugar de permanecer bajo custodia mientras pelea su caso migratorio.
La política ha provocado una ola de demandas en tribunales federales. En Filadelfia, por ejemplo, se han presentado más de 1,100 peticiones de habeas corpus desde septiembre, frente a apenas 11 entre 2020 y 2024, de acuerdo con información del Philadelphia Inquirer.
El Departamento de Justicia sostiene una posición contraria a la de los tribunales que han rechazado su interpretación y considera que su postura terminará prevaleciendo.
El caso podría terminar en la Corte Suprema
El enfrentamiento legal está lejos de terminar.
La administración Trump y organizaciones que defienden a los inmigrantes han presentado por separado solicitudes para que la Corte Suprema de Estados Unidos revise la disputa.
El gobierno ya pidió al máximo tribunal que resuelva la división entre los distintos circuitos federales, argumentando que las decisiones contradictorias están afectando la aplicación de las leyes de inmigración.
Por ahora, la decisión del Tercer Circuito se aplica en Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
El fallo no significa que todas las personas detenidas por ICE tengan derecho automático a quedar libres. Lo que cuestiona es la aplicación de una política que impide de manera general que ciertos inmigrantes que viven desde hace años en Estados Unidos puedan acudir ante un juez para argumentar por qué deberían ser liberados bajo fianza.