EEUU deportó a más de un centenar de menores protegidos por un programa humanitario

Entre enero y diciembre de 2025, la Administración de Donald Trump detuvo a 265 y deportó al menos a 132 menores inmigrantes con Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

EL DHS envió esta información en respuesta formal a una carta enviada en junio por la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, y otros legisladores, en la que solicitaban transparencia e información detallada sobre el impacto de las políticas antiinmigrante del gobierno de Trump en estos jóvenes vulnerables.

Los datos del DHS, obtenidos y dados a conocer por NBC News, abarcan el período entre el 20 de enero y el 22 de diciembre de 2025, e indican que además, cerca de 990 migrantes con SIJS perdieron su protección legal de acción diferida durante ese mismo periodo.

En su carta a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, Cortez Masto y los otros legisladores advertían que los cambios en las políticas migratorias estaban dejando en una situación de “limbo legal” a menores que originalmente habían sido reconocidos como vulnerables y elegibles para protección migratoria.

Qué es el SIJS y qué protecciones concede

El Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como una vía humanitaria para menores extranjeros que hayan sufrido abuso, negligencia o abandono parental y cuyo retorno a su país de origen no se considera seguro. Se otorgan a inmigrants que llegaron a EEUU siendo menores de 21 años.

Para que un joven obtenga este estatus, un tribunal estatal debe determinar que la reunificación familiar con uno o ambos padres no es viable, que ha sido víctima de negligencia, abuso o abandono y que su retorno sería perjudicial para su bienestar.

A diferencia de programas como DACA —creado en 2012 para jóvenes que llegaron a EEUU siendo niños—, el SIJS no concede residencia permanente ni permiso de trabajo de inmediato. En cambio, autoriza al joven a solicitar la residencia permanente (green card), aunque en la práctica eso puede tardar años, debido a los límites anuales y retrasos administrativos.

En 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó una forma de acción diferida específica para menores con SIJS, que les protegía de deportación y permitía solicitar permisos de trabajo mientras esperaban la green card. Esa protección fue eliminada en junio de 2025, lo que significa que muchos de estos jóvenes quedaron nuevamente expuestos a procedimientos de deportación incluso con su estatus de SIJS aprobado.

Según estimaciones legales, hay más de 150,000 menores con SIJS en lista de espera para avanzar hacia la residencia debido a los retrasos en los trámites.

Críticas de legisladores y expertos legales

La senadora Catherine Cortez Masto ha sido una de las voces más firmes en denunciar las consecuencias de estos cambios.

Estos jóvenes fueron específicamente identificados porque “huyen de condiciones atroces en sus países de origen y deben ser protegidos de la detención y la deportación”, declaró a NBC News. "No queremos que sufran más daños ni sean explotados en nuestro país, por lo que hemos creado disposiciones específicas en la ley para velar por su bienestar", agregó.

En su carta enviada en junio, el grupo de legisladores decía al DHS que les preocupaba "profundamente" el aumento de casos de detención y deportación de beneficiarios del SIJS, y cómo ICE, al deternerlos, les retiraba el beneficio de la acción diferida.

"Salvo circunstancias excepcionales, solicitar la expulsión de jóvenes del SIJS que esperan la disponibilidad de una visa contraviene directamente la intención del Congreso al crear el programa", decía la carta, firmada por Cortez Masto y otros 18 congresistas.

La Administración de Trump insiste en que estas medidas se justifican porque hay fraude, aunque abogados especializados y organizaciones defensoras de los menores aseguran que no es cierto, y que en general todo el proceso para otorgar la protección es exhaustivo y muy difícil de burlar.

Rachel Davidson, directora de la Coalición para Poner Fin al Retraso en el SIJS, que forma parte del Proyecto Nacional de Inmigración, dijo al diario El País que la idea del fraude “no está respaldada por los hechos” y describió la estrategia gubernamental como un intento de “difamar” y “desacreditar” a estos jóvenes inmigrantes.

Abogados especializados y organizaciones como el Proyecto Nacional de Inmigración, han documentado casos en los que menores con SIJS aprobados fueron detenidos incluso cuando tenían protección activa, y posteriormente se les revocó esa protección tras ser arrestados por interacciones menores con las autoridades.

Batallas legales por la eliminación de las protecciones a jóvenes con SIJS

Existen demandas colectivas presentadas en tribunales federales contra la Administración por la eliminación de las protecciones migratorias para menores con SIJS. Los litigios argumentan que revocar la acción diferida y permitir deportaciones contradice la intención del Congreso al crear el programa, y deja a estos menores expuestos a procedimientos de expulsión sin alternativas legales claras. Algunas decisiones judiciales han instruido al gobierno a reconsiderar ciertos casos individuales para otorgar protección contra la deportación, sugiriendo que los tribunales están evaluando si las políticas implementadas fueron legales y procedentes.

Analistas señalan que estas demandas podrían tener impacto tanto en decisiones individuales como en cambios estructurales en la forma en que se administra el SIJS, especialmente si se logra restituir protecciones temporales mientras avanza el proceso hacia la residencia permanente.

Los deportados con SIJS enfrentan un futuro incierto en sus países de origen, muchos de los cuales carecen de redes familiares o servicios de apoyo, y algunos regresan a contextos de riesgo que los impulsaron a emigrar originalmente.

Defensores legales advierten que, sin protecciones claras y una política humana coherente, los menores con SIJS —diseñados para estar entre los más protegidos del sistema migratorio— podrían convertirse en uno de los grupos más afectados por las políticas migratorias actuales.

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