“Pueden llegar a donde sea”: inmigrantes en Florida temen buscar refugio ante desastres

TAMPA, Florida.- Cuando un gran huracán amenaza Florida Central, María sabe que su casa de madera, parecida a un remolque, no resistiría el embate del viento. En otras temporadas, la trabajadora agrícola mexicana se refugiaba en la casa de su hermana o en el albergue de la escuela secundaria local. Hoy esas opciones parecen menos seguras: el miedo a encontrarse con agentes de inmigración pesa tanto como el temor a la tormenta.

“ Pueden llegar a donde sea. No es un límite”, dice María, de 50 años, quien pidió a la agencia AP no publicar su apellido por miedo a ser detenida. Como ella, muchos inmigrantes sin estatus legal en Apopka, a 32 kilómetros de Orlando, sienten que deben elegir entre proteger su vida del huracán o evitar la detención.

El dilema no es nuevo, pero se intensifica en la actual temporada de huracanes. Espacios tradicionalmente neutrales como escuelas, hospitales o refugios públicos dejaron de ser vistos como seguros, luego de que la administración de Donald Trump ampliara la colaboración entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

Los acuerdos 287(g), que permiten a policías locales actuar en nombre de ICE, se multiplicaron en Florida y Texas, estados propensos a huracanes. Además, fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ( FEMA) se han utilizado para expandir centros de detención, como la instalación apodada “Alcatraz de los caimanes” en los Everglades. Incluso la Guardia Nacional, que solía enfocarse en repartir comida y agua, fue activada para colaborar en operaciones migratorias.

Este entrelazamiento de funciones genera un ambiente de desconfianza. Tras inundaciones recientes en Texas, más de 2,100 personas de agencias estatales trabajaron junto a agentes de la Patrulla Fronteriza en la respuesta al desastre. La presencia de policías en puntos de control y centros de ayuda provocó temor incluso en familias con estatus legal permanente.

En Florida, la situación se complica aún más

Una ley aprobada en febrero, aunque suspendida temporalmente por un juez, criminaliza la entrada al estado de personas indocumentadas. Las paradas de tráfico, habituales en carreteras de evacuación, se perciben como una herramienta de riesgo. Y en enero, el Departamento de Seguridad Nacional eliminó una política de la era Biden que prohibía operativos migratorios en lugares sensibles como refugios y hospitales.

El resultado es que muchos inmigrantes prefieren no acudir a centros de ayuda de FEMA, aunque tengan derecho a recibir asistencia. “Aun si calificas, tienes miedo de ser castigado por ello”, explicó Esmeralda Ledezma, de la organización Woori Juntos, en Houston.

La falta de claridad oficial alimenta el desconcierto. El DHS no ha confirmado si suspende redadas durante emergencias. Autoridades estatales de Florida y Texas tampoco respondieron a cuestionamientos.

Ante ese vacío, la resiliencia recae en gobiernos locales y organizaciones comunitarias. En el condado de Alachua, las autoridades traducen mensajes de emergencia al español y criollo haitiano e insisten en que no pedirán identificaciones en refugios. En Apopka, el Centro Comunitario Hope se ha convertido en refugio alternativo y centro de comando: traduce alertas, distribuye sacos de arena y realiza visitas puerta a puerta con alimentos y agua.

“Es una operación muy de base, muy subterránea”, resume Felipe Sousa Lazaballet, director del centro. Para él, la comunidad inmigrante vive en “modo de triaje”, atendiendo emergencias diarias de deportaciones que dificultan prepararse para la temporada de huracanes.

“Todos los días hay una crisis”, advierte. “Por eso debemos tener un plan”.

Con información de AP.

También te recomendamos: