La prohibición total del comercio de vapeadores en México ha generado un efecto contrario al buscado por las autoridades: el fortalecimiento del mercado negro controlado por el crimen organizado. Desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley, cárteles ya habían comenzado a apropiarse del sector mediante amenazas, secuestros y extorsiones a comerciantes.
Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores
Lejos de desaparecer, el mercado se ha desplazado a la clandestinidad, con consecuencias impredecibles para la seguridad y la salud pública
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A principios de 2022, trabajadores de una tienda de vapeadores en el norte del país fueron secuestrados durante horas para enviar un mensaje claro a los dueños: el negocio pasaba a manos del cártel. “ No llegan preguntándote si quieres o no”, relató a la agencia de noticias The Associated Press (AP), uno de los afectados desde Estados Unidos, donde ahora reside por seguridad.
Mercado millonario en manos criminales
El mercado de vapeadores, valuado en unos 1,500 millones de dólares anuales, creció durante años en medio de vacíos legales. Sin embargo, expertos advierten que la prohibición absoluta, que no incluye el consumo, entrega el control total a grupos criminales.
“Al prohibir estás regalando el mercado a grupos no estatales”, señaló Zara Snapp, directora del Instituto Ría. La baja visibilidad del vapeo frente a las autoridades estadounidenses lo vuelve atractivo para financiar otras actividades ilícitas.
Durante el gobierno del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se prohibió la importación y comercialización de vapeadores. Tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la medida, el Ejecutivo impulsó una reforma constitucional que se concretó en enero de 2025 bajo el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, equiparando vapeadores y fentanilo.
La nueva ley establece penas de hasta ocho años de prisión y ha provocado el cierre inmediato de negocios legales. Comerciantes denuncian miedo a extorsiones y a que autoridades “planten” productos para justificar detenciones, debido a que la norma no especifica límites claros para la posesión personal.
Cárteles como proveedores del vapeo
Mientras los negocios legales desaparecen, cárteles como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el de Sinaloa, operan ya como proveedores, reempaquetando vapeadores importados y marcándolos para su distribución. Los desechables son los más utilizados por su bajo costo y alta demanda.
Abogados y organizaciones civiles alertan que, sin regulación ni control sanitario, el contenido de estos dispositivos puede ser adulterado, aumentando los riesgos para los consumidores.
Aunque el gobierno defiende la prohibición como una medida de protección a la juventud, expertos y comerciantes advierten que ahora el vapeo queda en manos de quienes también trafican drogas. Lejos de desaparecer, el mercado se ha desplazado a la clandestinidad, con consecuencias impredecibles para la seguridad y la salud pública.
JICM
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