ORLANDO, Florida.- Carlie soñaba con disfrutar su último año en el campus de la Universidad de Florida Central, rodeado de palmeras y vida universitaria, pero ahora pasa sus días encerrada en su domicilio, conectándose a cursos en línea y con temor de salir a la calle por miedo a ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).
Así es la crisis que sufren estudiantes sin estatus legal tras perder becas universitarias
Miles de estudiantes indocumentados en Florida perdieron desde el 1 de julio la matrícula estatal y enfrentan altos costos universitarios.

“ Siento que todo mi arduo trabajo no significa nada”, dijo Carlie, quien habló bajo la condición de ser identificada sólo por su nombre porque teme ser deportada. “Como si, un día, simplemente pudiera perderlo”
Originaria de Haití, Carlie llegó a Estados Unidos a los 13 años. Gracias a la matrícula estatal y a becas privadas, logró estudiar relaciones públicas y aspiraba a trabajar algún día en organizaciones sin fines de lucro que apoyan a estudiantes como ella. Pero todo cambió cuando el gobernador Ron DeSantis firmó la derogación de una ley aprobada en 2014 que permitía a jóvenes sin estatus legal acceder a tarifas reducidas en universidades públicas.
De acuerdo con datos estatales, más de 6,500 estudiantes se beneficiaron de la exención de matrícula en el ciclo escolar 2023-2024. Sin embargo, desde el 1 de julio de este año ese apoyo quedó eliminado.
La diferencia económica es drástica: en la Universidad de Florida, un residente paga alrededor de 6,380 dólares anuales, mientras que un estudiante considerado no residente enfrenta un costo cercano a los 30,900 dólares, sin incluir vivienda, transporte y otros gastos que pueden superar los 17,000 dólares adicionales.
La eliminación del beneficio amenaza con truncar la trayectoria de miles de jóvenes. Algunos defensores de inmigrantes advierten que muchos abandonarán sus estudios por completo.
El caso de Carlie es uno de tantos. Su beca privada estaba diseñada para cubrir únicamente el costo de la matrícula estatal, por lo que asistir presencialmente dejó de ser una opción. Decidió inscribirse en línea en la Universidad Global de Purdue, aunque algunos créditos no fueron reconocidos y debió cambiar su especialización, lo que retrasó su graduación.
La situación también golpea a otros jóvenes como Diego Dulanto Falcon, quien pudo graduarse en psicología gracias a la exención y ahora cursa una maestría en salud pública en la Universidad del Sur de Florida. “Los estudiantes completamente indocumentados no tienen absolutamente ninguna opción”, dijo. “O trabajan de manera informal o simplemente no trabajan en absoluto”.
David, originario de Honduras, tampoco pudo cumplir su meta de convertirse en radiólogo o fisioterapeuta. Mientras sus compañeros ingresaron a universidades de prestigio, él tuvo que emplearse en un restaurante de comida rápida. “Cuando llegas a este país, tus padres hacen el sacrificio y te dicen que te concentres en la escuela. Eso hice, pero ahora no puedo pagar la universidad”, lamentó.
Un giro político
La ley de 2014 había sido un esfuerzo bipartidista impulsado en parte por la entonces legisladora Jeanette Núñez, hoy vicegobernadora. Que una década después ella respaldara su eliminación refleja el giro de Florida hacia políticas alineadas con las prioridades migratorias de Donald Trump.
A nivel nacional, el Departamento de Justicia ha presentado demandas para eliminar programas similares en Texas, Kentucky, Minnesota y Oklahoma, mientras que el Departamento de Educación investiga becas para estudiantes sin estatus legal.
Educadores como Rosie Curts, profesora en Dallas, temen que esta tendencia desmotive a miles de jóvenes. “La idea de que todo eso se les pueda arrebatar de una manera tan cruel es desalentadora para estudiantes y maestros”, afirmó.
Mientras tanto, Carlie continúa sus estudios desde la seguridad de su apartamento. “Estoy tratando de volver a encarrilar mi vida”, dijo. “No puedo quedarme en casa para siempre”.
Con información de AP.














