El FBI se apoyó en acusaciones antiguas sobre las elecciones presidenciales de 2020 —muchas de ellas ya investigadas a fondo y descartadas por no demostrar un fraude generalizado— para conseguir una orden judicial que le permitió incautar papeletas en oficinas electorales del condado de Fulton, en Georgia. Así lo detalla una declaración jurada desclasificada el martes, que revela además que el caso se originó a partir de una remisión de un funcionario de la administración que intentó ayudar al presidente Donald Trump a revertir su derrota electoral.
El registro del FBI en oficinas electorales de Georgia se basó en viejas y desmentidas acusaciones de fraude electoral, según declaración jurada
El documento ofrece, por primera vez, una explicación pública del registro realizado por el FBI el mes pasado en un condado que Trump y sus aliados llevan años señalando como pieza clave de su afirmación falsa de fraude en las elecciones de 2020.
Ese documento ofrece, por primera vez, una explicación pública del registro realizado por el FBI el mes pasado en un condado que Trump y sus aliados llevan años señalando como pieza clave de su afirmación falsa de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas. La declaración recoge teorías repetidas durante años por quienes sostienen que hubo un fraude masivo, pese a que auditorías, autoridades estatales, tribunales y el propio exfiscal general de Trump rechazaron que existieran irregularidades capaces de cambiar el resultado.
La investigación comenzó tras una remisión presentada por Kurt Olsen, quien asesoró a Trump mientras su campaña y sus seguidores perdían decenas de demandas impugnando los comicios de 2020. Actualmente, según la declaración jurada, Olsen ocupa el cargo de “director de seguridad e integridad electoral” de Trump, desde donde supervisa los esfuerzos para investigar la derrota electoral del expresidente.
El registro en este condado de mayoría demócrata desató inquietud inmediata entre los demócratas, que alegan que Trump esté utilizando al FBI y al Departamento de Justicia como instrumentos de represalia por su negativa a reconocer su derrota electoral. A esas preocupaciones se sumó la inusual presencia de Tulsi Gabbard, directora de inteligencia nacional. La declaración jurada no menciona ninguna prueba de injerencia extranjera en los comicios de 2020, pese a que esa hipótesis ha sido durante años una teoría conspirativa recurrente entre simpatizantes de Trump que cuestionan el recuento de votos.
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En el estado de Georgia, el demócrata Joe Biden ganó por unos 11,800 votos en unas elecciones supervisadas por un secretario de Estado republicano y certificadas por un gobernador también republicano.
Funcionarios de Georgia que litigan para recuperar las papeletas incautadas han criticado duramente el registro. El presidente del condado de Fulton, Robb Pitts, calificó el martes las acusaciones de “rumores reciclados, mentiras, falsedades y teorías conspirativas no probadas”.
“Estas acusaciones ya fueron desacreditadas, pero aquí vamos otra vez, dando vueltas en el mismo carrusel”, dijo Pitts. “El condado de Fulton va a luchar. Vamos a combatir esto con todos los recursos a nuestro alcance y no vamos a dejar de hacerlo”.
Dudas sobre si hubo delito
La declaración jurada señala que el FBI está examinando posibles “deficiencias o fallos” en el conteo de votos del condado de Fulton, incluida la admisión de que no existen imágenes escaneadas de todas las papeletas contadas durante el escrutinio inicial o el recuento. También confirma que algunas papeletas se escanearon más de una vez durante el recuento.
“Si estas deficiencias fueran resultado de acciones intencionales, constituirían una violación de la ley federal, independientemente de que la falta de conservación de registros o la privación de un recuento justo haya sido determinante para el resultado de una elección o contienda concreta”, indica el documento.
Según la declaración, la incautación de los registros electorales era necesaria para determinar si alguno de ellos “fue destruido o si el recuento incluyó votos materialmente falsos”. Se mencionan posibles infracciones de la ley sobre preservación y custodia de registros electorales, un delito menor, así como de otra norma que tipifica como delito grave privar “a sabiendas y deliberadamente” a los ciudadanos de un proceso electoral “justo e imparcial”.
No obstante, el propio documento admite dudas sobre si esos posibles fallos constituyen realmente un delito, y recuerda que las elecciones en el condado de Fulton ya han sido objeto de múltiples revisiones.
Investigaciones previas: desorden, pero no fraude
Las pesquisas derivadas de quejas de la oficina del secretario de Estado, de un supervisor independiente y de una auditoría de desempeño impulsada por la junta electoral estatal —a instancias de la legislatura controlada por los republicanos— llegaron a conclusiones similares.
Tras unas primarias especialmente caóticas en 2020, se contrató a un supervisor independiente para observar las elecciones generales de ese año, como parte de un acuerdo entre el condado y la Junta Electoral Estatal. El informe describió “procesos descuidados” y “desorganización sistémica”, pero no halló pruebas de ilegalidades ni de fraude.
En 2021, legisladores estatales republicanos activaron una cláusula de una nueva ley para ordenar una revisión del desempeño electoral del condado. Ese análisis concluyó que las elecciones habían estado marcadas por la “desorganización y la falta de urgencia para resolver problemas”, aunque también constató mejoras notables.
Según la declaración jurada, el propio panel revisor afirmó: “No vemos ninguna prueba de fraude, mala conducta intencional ni grandes problemas sistémicos que hubieran afectado el resultado de las elecciones de noviembre de 2020”.
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Alegaciones ya examinadas a fondo
Una de las acusaciones centrales sostiene que alguien introdujo 17,852 imágenes “duplicadas” de papeletas en los archivos del condado de Fulton. Sin embargo, la declaración recoge un testimonio que señaló que esas supuestas imágenes falsas favorecían más a Trump que los votos confirmados del condado. Esto sugería, según el documento, “que la introducción de papeletas duplicadas pretendía hacer coincidir las cifras del recuento más que alterar el resultado de la elección”.
Esa conclusión coincide con la alcanzada por investigadores de la oficina del secretario de Estado de Georgia, que, según la declaración, determinaron que el error “no fue una conducta intencional”.
Otra acusación se centra en papeletas por correo “impecables” que una supervisora de mesa, cuyo nombre no se menciona, dijo haber visto durante el recuento manual. Afirmó que no estaban dobladas como deberían si hubieran ido en un sobre, que tenían una textura distinta y que estaban marcadas de forma idéntica.
Un exfuncionario de la oficina del secretario de Estado explicó al FBI que en todas las elecciones hay papeletas por correo sin doblar, ya que se generan cuando los paneles de revisión examinan papeletas dañadas.
Investigadores de la oficina del secretario de Estado revisaron esas denuncias en 2021, examinando cajas y lotes señalados por una mujer que había trabajado como auditora durante el recuento manual, y no encontraron pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
El condado de Fulton pide la devolución del material incautado
Agentes del FBI, con una orden judicial, pasaron horas el 28 de enero en el centro electoral del condado, al sur de Atlanta, antes de marcharse con camiones cargados con cientos de cajas de material electoral.
Una semana después, las autoridades del condado de Fulton presentaron una moción para exigir la devolución de los materiales incautados y la desclasificación de la declaración jurada presentada ante el juez que autorizó el registro. La orden permitía confiscar los siguientes documentos relacionados con las elecciones de 2020: todas las papeletas, las cintas de los escáneres que tabulan los votos, las imágenes electrónicas de las papeletas generadas durante el conteo y el recuento, y todos los padrones electorales.
“Las afirmaciones de que los resultados de las elecciones de 2020 fueron fraudulentos o inválidos han sido revisadas de forma exhaustiva y, sin excepción, refutadas”, sostuvo el condado en su escrito judicial.









