El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó este martes una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas, informó el Legislativo.
El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas bajo el gobierno de Bukele
El Salvador ha encarcelado a más del 1% de su población en la ofensiva contra pandillas.
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Bukele, que ejerce un poder casi absoluto en El Salvador, presentó esa iniciativa días después de que oenegés lo señalaron de cometer "crímenes de lesa humanidad" en su guerra contra las pandillas, que varios países de América Latina buscan emular.
La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de " penas perpetuas", fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.
La reforma se basa en otras medidas que Bukele ha tomado para combatir a las pandillas de El Salvador, incluido el estado de emergencia que comenzó en marzo de 2022 tras una ola de violencia de pandillas.
La medida, que en principio era temporal pero que se ha prorrogado durante casi cuatro años, suspende derechos constitucionales fundamentales y ha provocado la detención de alrededor de 91,300 personas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias durante años, e incluso una de ellas denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) que la gran mayoría de las personas encarceladas durante el estado de emergencia fueron detenidas arbitrariamente. Bukele criticó duramente esta acusación, pero afirmó que 8,000 personas inocentes han sido liberadas.
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El gobierno de Bukele también ha arremetido contra sus enemigos, deteniendo a críticos y activistas, y obligando cada vez más a periodistas y voces de la oposición a elegir entre el exilio o la cárcel.
Quienes se encuentran detenidos bajo el estado de excepción permanecen en prisiones con escasas pruebas, bajo acusaciones vagas por parte de las autoridades y con muy poco acceso a las debidas garantías procesales. Los presos suelen ser juzgados en juicios colectivos y los abogados a menudo pierden el rastro de sus clientes.
Los funcionarios del gobierno de Bukele han prometido anteriormente que los miembros de pandillas detenidos "nunca volverán" a las calles.
El Salvador ha alcanzado niveles de encarcelamiento sin precedentes: más del 1% de su población —es decir, aproximadamente uno de cada 100 salvadoreños— ha sido detenido, principalmente desde la implementación del régimen de excepción en 2022.
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