NUEVA YORK.- La fiscalía federal en Manhattan acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de narcotráfico y delitos relacionados con armas, al señalar que habrían facilitado el envío de grandes cantidades de drogas del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, según una acusación formal dada a conocer este miércoles en un tribunal federal de Nueva York.
Claves de la acusación en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos
Una acusación federal en Manhattan señala al gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios por facilitar envíos de fentanilo y otras drogas. Te contamos qué cargos incluye y por qué el caso sacude la política mexicana.
Video Acusaciones de la Fiscalía de NY vincularían a Gobernador de Sinaloa con sobornos y fentanilo
De acuerdo con el documento judicial, a los imputados se les atribuye un papel clave en la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como en la protección de la organización criminal a cambio de dinero.
“Como lo deja al descubierto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a sueldo”, dijo el fiscal estadounidense Jay Clayton, en un comunicado.
Rocha rechazó las imputaciones y aseguró que se trata de un ataque político. “Rechazo categórica y completamente” las acusaciones, escribió el mandatario estatal, quien las calificó de “ataque” contra el partido gobernante.
Añadió que es “parte de una estrategia perversa para violar el orden constitucional (de México)”.
Qué acusa la fiscalía y qué delitos incluye
La acusación formal presentada en Manhattan incluye cargos por conspiración para la importación de narcóticos y por posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, entre otros señalamientos.
En el caso de Rocha, la fiscalía indicó que, de ser encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Las autoridades estadounidenses informaron que ninguno de los acusados estaba bajo custodia al momento del anuncio.
El gobierno mexicano, por su parte, declaró haber recibido “múltiples solicitudes de extradición” de Estados Unidos, sin precisar cuáles ni cuál sería su respuesta.
Cómo habrían operado los vínculos con el Cártel de Sinaloa
Según la fiscalía, los acusados habrían protegido a líderes del cártel para evitar investigaciones, arrestos y procesos judiciales.
También, de acuerdo con la acusación, habrían proporcionado información confidencial a la organización criminal, ordenado a corporaciones locales y estatales resguardar cargamentos de droga, y permitido que se cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias.
A cambio, sostiene la acusación, los imputados habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.
La fiscalía añadió que el grupo estaría estrechamente vinculado a la facción conocida como “Los Chapitos”, encabezada por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Quiénes están señalados y cuán es el alcance político
Además del gobernador, la acusación menciona a funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Sinaloa y de corporaciones de seguridad, entre ellos un senador mexicano, un subprocurador del estado, un exsecretario de Seguridad Pública, un exsubdirector de la Policía Estatal y el alcalde de Culiacán.
El caso tiene un impacto político inmediato porque, según el propio reporte, al menos tres de los señalados, incluido Rocha, estarían afiliados a Morena, el partido gobernante en México.
En el texto se recuerda que Rocha fue aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldó la estrategia de seguridad conocida como “ Abrazos, no balazos”, basada en evitar la confrontación directa con cárteles.
Presión hacia México y respuesta de Sheinbaum
El anuncio se da en un contexto de presión del gobierno de Estados Unidos para que México actúe contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado.
La semana pasada, el embajador estadounidense en México, Ron Johnson, declaró que la administración lanzaría una campaña anticorrupción.
“La corrupción no solo obstaculiza el progreso, sino que lo distorsiona… No es un problema sin víctimas”, afirmó.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió el lunes que su gobierno no ha visto “ninguna prueba” de esas acusaciones y subrayó que cualquier investigación en Estados Unidos “debe contar con la revisión de las pruebas” por parte de la Fiscalía General de la República.
El dilema, de acuerdo con la investigadora Vanda Felbab-Brown, es que si el gobierno mexicano no actúa contra Rocha se podrían tensar las relaciones bilaterales antes de una renegociación comercial clave; pero, si procede, “tendrá graves consecuencias políticas” internas.
“¿Va a proceder a arrestar al gobernador Rocha y a los otros ocho políticos acusados e intentar extraditarlo a Estados Unidos? Eso es sin duda lo que Estados Unidos desea”, dijo.
Con información de AP.
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