Qué tiene y qué le falta a la nueva ley de control de armamento que firmó Biden
Cuando el lunes 11 de julio el activista por el control de armas de fuego Manuel Oliver interrumpió el discurso del presidente Joe Biden en un acto de celebración por la firma de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras en el jardín sur de la Casa Blanca estaba expresando la frustración de muchas de las víctimas de la violencia armada que vive Estados Unidos.
“¡Tenemos que hacer más que esto!”, gritó Oliver, un inmigrante de origen venezolano cuyo hijo de 17 años, Joaquín 'Guac' Oliver, fue uno de los 14 estudiantes masacrados en el tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, en febrero de 2018, donde también perdieron la vida tres miembros del personal de esa secundaria.
La Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras de 2022 es la primera legislación federal significativa de control de armas en ser aprobada por el Congreso desde la Ley de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego Brady en 1994.
Se aprobó en la ola de horror e indignación nacional generada por la masacre de 19 niños y 2 maestras en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, ocurrida a fines de mayo.
Pero su alcance, en opinión de las víctimas y activistas como Oliver, no es suficiente para remediar la epidemia de violencia que aqueja a Estados Unidos.
La nueva legislación negociada por senadores de ambos partidos, incorpora algunas de las aspiraciones de estos activistas, pero dejó fuera algunas otras muy importantes.
El senador demócrata por Connecticut Chris Murphy, uno de los principales promotores de las regulaciones a la adquisición y tenencia de armas de fuego, dijo en un comunicado que la ley “salvará miles y miles de vidas al hacer más estrictas nuestras leyes sobre armas, invertir en servicios de salud mental y hacer que nuestras escuelas y comunidades sean más seguras”.
Salud mental, tema importante, pero divisivo
La ley prevé $750 millones de dólares para financiar la implementación de leyes de alarma o "bandera roja" para confiscar legalmente las armas de fuego en posesión de personas consideradas como un peligro para ellos mismos o para los demás, así como para darle fondos a programas locales de prevención de la violencia.
Sin embargo, los estados no están obligados a promulgar estas leyes y podrían utilizar los fondos para implementar otros programas como tribunales de veteranos, tribunales de drogas y DUI, y tribunales de salud mental, de acuerdo a lo que explica la senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, en un website para desmentir rumores sobre el contenido de la ley.
La ley también proporciona fondos para una variedad de programas destinados a reforzar los servicios de salud mental a nivel estatal y escolar.
Los críticos alegan que los problemas de salud mental han sido utilizados por la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y el Partido Republicano como chivo expiatorio cada vez que ocurre un tiroteo masivo y, que si bien los fondos para el financiamiento de servicios de salud mental son un paso positivo, puede ser poco efectivo si no está acompañado de otras medidas.
Según la Alianza Nacional en Enfermedades Mentales (NAMI) las enfermedades mentales por sí solas no son vaticinadores de violencia.
En un comunicado emitido en ocasión de la promulgación de la ley, el director ejecutivo de NAMI Daniel H. Gillison Jr., dijo que “NAMI aplaude el trabajo de un grupo bipartidista de senadores que reconocen la necesidad urgente de invertir en salud mental y en servicios para la juventud y las familias de nuestra nación. La Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras ampliará los recursos de salud mental en las escuelas y aumentará la disponibilidad de atención de salud mental en todo el país”.
“Debemos evitar confundir la enfermedad mental con la violencia armada. Las personas con enfermedades mentales tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de violencia que perpetradores, y señalar que la enfermedad mental es la causa de la violencia armada perpetúa la discriminación y el estigma que desalienta a las personas a buscar ayuda”, advirtió Gillson.
Verificación de antecedentes mejorada, pero no universal
La ley refuerza las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años al incluir verificaciones con las bases de datos estatales y las fuerzas del orden público locales, con el fin de determinar si el comprador tiene antecedentes penales que cumplen con los criterios de la ley existente que los inhabilitaría para adquirir un arma de fuego.
Aunque la ley mejora el proceso anterior, una de las mayores críticas que se le hace es la de que no establece la verificación universal para todas las compras de armas de fuego que ocurren en el país.
La verificación universal incluiría los intercambios privados que se producen comúnmente en los llamados gun shows o shows de armas. Pero el texto de la ley hace que la verificación seguirá estando limitada a las ventas que ocurren en los establecimientos con licencias federales para la venta de armas de fuego.
Restringe el 'vacío del novio”, 'ero no del todo
La ley incluyó una de las grandes aspiraciones de los activistas por el control de armas al cerrar la laguna legal conocida como el 'vacío del novio'.
El vació se refiere al hecho de que, si bien la ley federal prohíbe la compra de armas de fuego a las personas condenadas por violencia doméstica contra alguien con quien han estado casados, con quien han convivido o con quien tienen un hijo, omite a otras parejas.
Eso a pesar de que la proporción de asesinatos cometidos por parejas de novios versus cónyuges es casi igual, según un análisis del Departamento de Justicia.
La ley ahora impide la compra de armas de fuego por personas en una relación sentimental con un historial de violencia doméstica.
Sin embargo, esta disposición se aplica solo a las personas que tienen relaciones continuas actuales o recientemente terminadas, de naturaleza romántica o íntima con su víctima, y no es de aplicación retroactiva.
Los sujetos de la prohibición condenados por delitos menores de violencia doméstica contra una persona que no sea su cónyuge, automáticamente recuperarán su derecho a las armas cinco años después del final de su condena.
¿Qué le falta a la ley?
La ley no tiene el alcance que aspiraban el presidente Biden, los congresistas del Partido Demócrata y los activistas por el control de armas de fuego.
Afuera quedaron la verificación universal de antecedentes y la prohibición de venta de armas de asalto.
La venta de armas de asalto, como el rifle AR-15 utilizado en los más sangrientos tiroteos masivos escolares de las últimas décadas, incluida la masacre en Uvalde, Texas, fue prohibida por una ley promulgada en 1994, que el Congreso republicano se negó a renovar en 2004.
A partir de ese momento, el acceso a este tipo de armas no ha tenido ninguna restricción más allá de las que se aplican a cualquier otra.
La nueva ley tampoco incluye una anhelada prohibición de venta de cargadores de alta capacidad, una medida a la que la NRA se ha opuesto férreamente, a pesar de que los cargadores de alta capacidad son usados en situaciones de combate y aumentan el poder letal de las armas usadas en tiroteos masivos.
