La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y al senegalés Abdoulaye Seye. Fiscal encargado de investigar los crímenes cometidos por Israel durante su guerra en Gaza. Las sanciones son interpretadas por especialistas como una medida más para desmantelar al tribunal.
Administración Trump sanciona a presidenta y a juez de la Corte Penal Internacional
El anuncio es considerado por especialistas como una medida más del gobierno de Trump para debilitar a la Corte, la cual ha considerado como corrupta después de realizar acusaciones en contra de aliados de Estados Unidos relacionados con el ataque a Gaza.
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Al hacer el anuncio, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, consideró que el tribunal internacional es “corrupto” y está politizado, lo que originó que abuse de su autoridad y se extralimite en sus funciones".
Para el gobierno estadounidense, ambas personas han "participado directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a funcionarios cuyo gobierno no ha consentido la jurisdicción de la CPI".
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Un conflicto que inició en 2025
Las sanciones del gobierno de Estados Unidos prohíben su ingreso al país, el congelamiento de activos en territorio nacional y realizar transacciones hasta el 17 de septiembre con ambos, solo liquidar finanzas pendientes.
"La administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía", comentó Rubio.
Las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos tienen su origen en el rechazo del presidente Donald Trump contra la Corte al considerarla como corrupta. Las acusaciones del gobierno de Trump han ido más allá de las palabras al pasar a acciones directas. En febrero de 2025, el mandatario firmó una orden ejecutiva en la cual se consideran las investigaciones de la Corte Penal Internacional como una amenaza a la seguridad nacional.
“Cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a personas protegidas, según se define en la sección 8(d) de esta orden, constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, menciona la orden firmada por Trump.
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La orden de arresto contra Netanyahu
En 2024, la CPI autorizó el arresto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y distintos integrantes de Hamás, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto de Gaza.
Las órdenes se autorizaron tras el ataque terrorista de Hamás a Israel en octubre de 2023, en el que murieron más de 1,200 personas, y 251 más fueron secuestradas, algunas asesinadas mientras eran retenidas por el grupo extremista.
Después del anuncio de las sanciones, la CPI consideró que ambas menciones afectan al Estado de derecho.
"Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo", señaló el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.
El tribunal aseguró que seguirá realizando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, a pesar de los anuncios del gobierno de Estados Unidos.