Un juez federal ordenó este miércoles a las autoridades mejorar las condiciones de un edificio del área de Chicago que sirve como cárcel para personas detenidas en la batida migratoria del gobierno de Donald Trump, tras escuchar testimonios sobre inodoros desbordados, celdas abarrotadas, falta de camas y agua que "sabía a alcantarilla" en el lugar.
"Se ha convertido en una prisión": juez ordena mejorar condiciones de un centro de ICE en Chicago tras escuchar a inmigrantes detenidos
El magistrado ordenó este miércoles mejorar las condiciones de un lugar que definió como "repugnantes" e "innecesariamente crueles". La abogada del Departamento de Justicia reconoció que no hay camas, pero que se habían realizado mejoras en el centro.
Por:
Christine Fernando, Associated Press
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La orden judicial exige a los funcionarios del centro que proporcionen a los detenidos una colchoneta limpia y espacio suficiente para dormir, jabón, toallas, papel higiénico, cepillos y pasta de dientes, productos de higiene menstrual y los medicamentos recetados.
“La gente no debería dormir junto a inodoros desbordados”, declaró el juez federal de distrito Robert Gettleman. “Tampoco deberían dormir unos encima de otros”.
La orden judicial estipula que las celdas de detención del centro deben limpiarse dos veces al día. Los detenidos deben poder ducharse al menos cada dos días y recibir tres comidas completas y agua embotellada, si la solicitan. También exige permitir a los detenidos llamar a abogados en privado y sin costo alguno, y que se les proporcione una lista de abogados que ofrecen sus servicios gratuitamente en inglés y español.
Gettleman solicitó un informe de situación para el próximo viernes al mediodía sobre cómo las autoridades están cumpliendo con estos nuevos requisitos.
Antes de que el magistrado tomara su decisión, personas que estuvieron detenidas en el edificio en Broadview, en la periferia de Chicago, ofrecieron relatos públicos sobre sus condiciones en un sitio que se ha convertido en foco de protestas y enfrentamientos con agentes federales.
"No quiero que nadie más viva lo que yo viví", declaró Felipe Agustín Zamacona, de 47 años, conductor de Amazon e inmigrante mexicano que ha vivido en Estados Unidos durante décadas.
Zamacona dijo que había 150 personas en una celda de detención. Desesperado por acostarse a dormir, relató que una vez ocupó el lugar de otro hombre que se levantó para usar el inodoro.
¿Y el agua? Zamacona dijo que intentó beber de un lavabo, pero "sabía a alcantarilla".
El juez califica las condiciones de "crueles"
Una demanda presentada la semana pasada acusa al gobierno de negar a los detenidos el acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, y de coaccionarlos para que firmen documentos que no entienden. Sin ese conocimiento, y sin comunicación privada con abogados, han renunciado inconscientemente a sus derechos y enfrentado la deportación, alega la demanda.
"Esto no es un problema de no tener un inodoro o una botella de agua Fiji", dijo al juez la abogada Alexa Van Brunt, del Centro de Justicia MacArthur. "Estas son un conjunto de condiciones extremas que, cuando se consideran en conjunto, pintan un cuadro desgarrador".
El juez comenzó la audiencia diciendo que las acusaciones de la demanda presentada por el Centro MacArthur y la Unión Americana de Libertades Civiles de Illinois eran "repugnantes". La opinión de Gettleman se fue haciendo más dura a medida que avanzaba el día, diciendo que las condiciones eran "innecesariamente crueles".
"La evidencia ha sido bastante fuerte de que esta instalación ya no es solo un centro de detención temporal. Realmente se ha convertido en una prisión", dijo el juez, quien afirmó que los testigos le parecían “muy creíbles” y que le conmovió la gravedad de las condiciones.
Sin embargo, las personas detenidas allí "no son delincuentes convictos. Son detenidos civiles", señaló Gettleman.
Los federales dicen que se hicieron mejoras
La abogada del Departamento de Justicia Jana Brady reconoció que no hay camas en el edificio de Broadview porque no estaba destinado a ser un sitio de detención a largo plazo.
Las autoridades han "mejorado las operaciones" en los últimos meses, aseveró, añadiendo que ha habido una "curva de aprendizaje".
"Las condiciones no son lo suficientemente serias", dijo Brady al juez.
El edificio ha sido gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante décadas. Pero en medio de las operaciones en el área metropolitana de Chicago, se ha utilizado para procesar a personas para detención o deportación.
Greg Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que ha liderado la operación de inmigración en Chicago, sostuvo que las críticas eran infundadas.
"Creo que están haciendo un gran trabajo allí", dijo a The Associated Press durante una entrevista esta semana.
Botellas de agua como almohadas
Testificando con la ayuda de un traductor, Pablo Moreno González, de 56 años, relató que fue arrestado la semana pasada mientras esperaba para comenzar a trabajar. Dijo que fue colocado en una celda con 150 personas más, sin camas, mantas, cepillo de dientes ni pasta dental.
"Fue realmente malo... Fue demasiado", expresó Moreno González, llorando, al juez.
Claudia Carolina Pereira Guevara testificó desde Honduras, tras ser separada de dos hijos que permanecen en Estados Unidos. Dijo que estuvo detenida en Broadview durante cinco días en octubre y recordó haber usado una bolsa de basura para desatascar un inodoro.
"No nos dieron nada que tuviera que ver con limpieza. Absolutamente nada", aseguró Guevara.
Otro testigo, Rubén Torres Maldonado, dijo que dormía en el suelo de concreto y llenaba botellas de agua para usarlas como almohadas.
Durante meses, activistas han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de legisladores, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas allí lo han llamado un centro de detención de facto, diciendo que hasta 200 personas han sido retenidas a la vez sin acceso a asesoría legal.
El inmueble de Broadview también ha atraído manifestaciones, lo que ha llevado al arresto de numerosas personas. Las protestas son el centro de una demanda separada de una coalición de medios de comunicación y manifestantes que afirman que agentes federales violaron sus derechos de la Primera Enmienda constitucional al usar repetidamente gas lacrimógeno y otras armas contra ellos.