7 claves de la política con que la administración Trump busca penalizar a los inmigrantes por recibir beneficios públicos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en el Registro Federal su propuesta para ampliar los criterios con los que se podrá denegar la residencia permanente en Estados Unidos a extranjeros si se considera que pueden suponer una carga pública para el país.

Dicho concepto de “carga pública” se utiliza desde hace años para determinar si un inmigrante en situación legal tiene derecho o no a obtener o mantener una green card, entre otros trámites migratorios.

Sin embargo, la novedad desde este miércoles es que la propuesta pretende reinterpretar ese concepto para hacerlo más restrictivo, al contemplar también si el solicitante disfruta de beneficios como el seguro Medicaid o los ‘cupones de alimentos’ del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que hasta ahora quedaban excluidos de la lista de situaciones a considerar como posible carga pública.

La concesión de una mayor discrecionalidad a los funcionarios encargados de analizar los casos preocupó a muchos inmigrantes por cómo esta propuesta podría afectarles en el futuro y si el haber recibido beneficios de asistencia social en el pasado les podría suponer un obstáculo a la hora de lograr mejorar su estatus legal en EEUU.

Estas son algunas claves de lo que se sabe hasta ahora de esta nueva propuesta.

1. ¿Qué propone el gobierno de Trump para reinterpretar la "carga pública" que puede suponer un extranjero a EEUU?

En la propuesta publicada en el registro, el DHS “propone derogar la normativa de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública” aprobada durante el gobierno de Joe Biden al considerar que “no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso (…) y dificulta la capacidad del DHS para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en algún momento”.

“La derogación restablecería una mayor discrecionalidad para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política vigente de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y que los beneficios gubernamentales no deben incentivar la inmigración”, agrega.

2. ¿Qué se considera “carga pública” actualmente?

Según la normativa vigente, se considera carga pública a la persona que no puede mantenerse por sí misma y depende de ayudas económicas (como la Seguridad de Ingreso Suplementario, la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o que se encuentra institucionalizada y recibe atención a largo plazo financiada por el gobierno).

Para las autoridades migratorias, una persona que tiene grandes probabilidades de convertirse en carga pública en cualquier momento es inadmisible en EEUU y podría no ser elegible para obtener la green card.

Si una persona es declarada inadmisible por ser carga pública, pero cumple con los demás requisitos, puede obtener una resolución favorable (a discreción de las autoridades) tras presentar una fianza que garantice que el inmigrante no se convertirá en carga pública en el futuro.

La prueba de carga pública actual se centra en el futuro, por lo que el uso previo de beneficios por parte del solicitante no debe ser determinante para el resultado.

3. ¿Qué cambiará en la práctica con la aprobación de la nueva norma?

La propuesta describe cómo el gobierno pretende reinterpretar el concepto de "carga pública" para incluir la consideración del acceso a cualquier beneficio, incluyendo "beneficios públicos sujetos a verificación de recursos", que históricamente nunca se han incluido en la prueba de carga pública.

Además, se especifica que los beneficios serán considerados independientemente de su duración y de si fueron disfrutados en el pasado, actualmente o en el futuro.

4. ¿A qué beneficiarios de programas de asistencia social afectará y cómo los últimos gobiernos fueron cambiando estos criterios?

En 2019, Trump amplió el alcance de los beneficios que podían considerarse una "carga pública" en el historial migratorio de una persona al incluir programas como los de vivienda pública, SNAP o la mayoría de Medicaid.

Diversos tribunales bloquearon la medida hasta que, finalmente, la Corte Suprema autorizó su entrada en vigor, aunque de forma limitada y temporal mientras avanzaba la apelación.

En 2022, Biden revocó dicha norma tras llegar al poder para garantizar así que los inmigrantes podrían acceder sin miedo a represalias a estas protecciones sociales.

5. ¿Cuáles son las principales críticas de organizaciones migrantes a la propuesta?

Expertos alertan que la nueva generaría gran incertidumbre al no quedar claro cómo se definiría y aplicaría el motivo de inadmisibilidad por carga pública.

“Este cambio propuesto busca causar confusión y caos, al eliminar criterios claros y reemplazarlos sin directrices ni regulaciones uniformes”, criticó el Centro Nacional de Derechos de Inmigración.

“Esto aún podría conducir a decisiones arbitrarias y discriminatorias, donde personas en situaciones similares obtendrían resultados diferentes de distintos funcionarios”, agregó.

También criticaron que la propuesta indica que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podría introducir nuevas políticas en el futuro, posiblemente mediante directrices internas sin solicitar aviso ni comentarios previos, lo que contribuiría aún más a la incertidumbre y falta de claridad sobre los requisitos.

6. ¿Qué consecuencias podría tener el hecho de que se vaya

a tener en cuenta el uso de beneficios públicos como carga pública?

Activistas también señalaron que el temor a verse perjudicados en su estatus legal futuro podría hacer que inmigrantes que necesitan estos beneficios sociales y cumplen con los requisitos para recibirlos opten por no solicitarlos.

"Esta peligrosa propuesta pone en riesgo la salud y el bienestar económico de la nación", declaró Adriana Cadenas, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.

"Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal y a los ciudadanos estadounidenses de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan y a las que tienen derecho según la ley federal", agregó.

Organizaciones criticaron que la medida aprobada durante el primer mandato de Trump tuvo un efecto disuasorio en los inmigrantes, quienes temían solicitar los beneficios a los que podrían tener acceso por miedo a consecuencias migratorias negativas, y que se agravó aún más durante la pandemia de covid-19.

7. ¿Cuándo entra en vigor la nueva norma?

Lo publicado este miércoles en el Registro Federal es, por ahora, solo una propuesta en la que el gobierno describe sus intenciones y pide recibir comentarios de la población, aunque no está obligado a aceptar y poner en práctica dichas sugerencias (solo a considerarlas).

Transcurrido un período de 30 días, el DHS decidirá si promulga el reglamento, lo revoca en su forma original, lo modifica o lo descarta.

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