Algo inusual está sucediendo en los tribunales de inmigración de Estados Unidos: los abogados del gobierno se están negando a proporcionar sus nombres durante audiencias públicas.
Agentes de ICE usan máscaras en las redadas y ahora sus abogados ocultan sus nombres en cortes de inmigración
En los últimos meses, la dinámica en las audiencias de inmigración en Estados Unidos ha experimentado cambios inéditos que han abierto un debate sobre el equilibrio entre preocupaciones de seguridad y los principios democráticos en los procedimientos judiciales.
Por:
Cassandra Burke Robertson * (The Conversation)
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En junio de 2025, la jueza de inmigración ShaSha Xu, en la ciudad de Nueva York, informó a los abogados en su sala: “Realmente no estamos dando nombres públicamente”. Solo se ocultaban los nombres de los abogados del gobierno; los letrados de los inmigrantes debían identificarse como siempre. Xu citó preocupaciones de privacidad y afirmó que “las cosas han cambiado recientemente”.
Cuando un abogado de inmigración objetó que el registro judicial estaría incompleto sin el nombre del abogado del gobierno, Xu se negó a proporcionarlo. En otra audiencia, el juez de inmigración James McCarthy se refirió al abogado del ICE simplemente como “Departamento” durante toda la sesión.
La jueza Shirley Lazare-Raphael manifestó que algunos abogados de ICE creen que “es peligroso decir sus nombres públicamente”. Esta tendencia sigue un patrón más amplio de agentes del ICE usando máscaras durante arrestos para ocultar su identidad.
Esta práctica de ocultar identidades viola un principio fundamental que ha protegido a los estadounidenses por siglos: la apertura de los tribunales. A continuación, se explica cómo operan estos tribunales y por qué el principio de apertura es importante.
La presunción de que en los tribunales de inmigración habrá apertura
El sistema legal estadounidense se basa en la apertura, con múltiples capas de protecciones legales que garantizan el acceso público a los procesos judiciales.
Esta tradición de tribunales abiertos se desarrolló como un rechazo directo a los procedimientos judiciales secretos que solían usarse para abusar del poder en Inglaterra. La tristemente célebre 'Star Chamber' operó en secreto desde el siglo XV al XVII, inicialmente juzgando a personas “demasiado poderosas para ser llevadas ante las cortes comunes de derecho”.
Pero la 'Star Chamber' eventualmente se convirtió en una herramienta de opresión, usando la tortura para obtener confesiones y castigando a los jurados que fallaban en contra de la Corona. El Parlamento la abolió en 1641 tras abusos generalizados.
Cuando se establecieron los tribunales coloniales estadounidenses, la reacción contra la 'Star Chamber' ya había influido en el pensamiento legal inglés y lo habái inclinado hacia la apertura. Los tribunales estadounidenses adoptaron este principio de transparencia desde sus comienzos, rechazando los procedimientos secretos que habían facilitado el abuso.
Hoy en día, el término 'star chamber' (o la 'cámara de la estrella') se refiere a cualquier procedimiento judicial secreto que parezca terriblemente injusto o que se use para perseguir individuos.
En Estados Unidos, los tribunales han enfatizado repetidamente que “la justicia enfrenta su mayor amenaza cuando los tribunales la dispensan en secreto”. La Primera Enmienda otorga al público el derecho de observar los procedimientos judiciales. La Corte Suprema ha sostenido que “una presunción de apertura es inherente a la naturaleza misma de un juicio penal bajo nuestro sistema de justicia”.
Todos los tribunales federales de apelaciones han reconocido que este derecho constitucional se extiende también a los casos civiles, salvo algunas excepciones como la protección “de la privacidad de las partes, información comercial confidencial o secretos comerciales”. Las normas procesales federales exigen que los juicios se “realicen en audiencia pública” y que los testimonios de los testigos sean “tomados en audiencia pública salvo que se disponga lo contrario”.
Muchas constituciones estatales también garantizan esta apertura de los tribunales, como el mandato en Oregon de que “ningún tribunal será secreto”.
Si bien no existe una ley explícita que exija que los abogados sean nombrados públicamente, tampoco hay una política que permita que sus nombres se mantengan en secreto. La presunción es siempre hacia la apertura.
En respuesta a estos desarrollos recientes, la profesora de Derecho Elissa Steglich dijo que nunca había oído de alguien en una audiencia pública que no fuera identificado, y que no identificar a un abogado podría limitar la rendición de cuentas “si existen cuestiones éticas o profesionales”.
Reglas sobre el anonimato
A veces, los tribunales permiten el anonimato, pero solo en circunstancias específicas.
Los jurados pueden ser anónimos cuando hay “un peligro sustancial de daño o influencia indebida” —por ejemplo, en casos importantes de crimen organizado o cuando los acusados intentaron intimidar testigos antes—. Incluso entonces, los abogados siguen conociendo los nombres de los jurados.
De igual forma, las partes de un litigio a veces pueden usar seudónimos como 'Jane Doe' cuando el caso implica asuntos sumamente delicados, como abusos sexuales o cuando hay un verdadero riesgo de represalia física.
Pero estas raras excepciones requieren una cuidadosa revisión judicial.
Lo que está ocurriendo con los abogados de ICE es diferente. No hay una resolución judicial formal que lo permita, no hay constataciones de seguridad específicas y no hay un proceso legal establecido.
Los tribunales de inmigración tienen menos protecciones
Los tribunales de inmigración funcionan de manera diferente a los tribunales federales regulares. Son “tribunales administrativos” que forman parte del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial.
Estos tribunales deciden reclamaciones sobre el derecho de una persona a quedarse en Estados Unidos, ya sea cuando el gobierno busca expulsar a alguien del país por violar la ley de inmigración o cuando una persona busca quedarse a través del proceso de asilo.
Los jueces de inmigración carecen de las protecciones en el cargo de por vida que tienen los jueces federales regulares. Como empleados del Poder Ejecutivo, pueden ser contratados y despedidos como otros empleados del Departamento de Justicia.
Las personas en los tribunales de inmigración también tienen menos protecciones procesales que los acusados en juicios penales. No tienen derecho a un abogado proporcionado por el tribunal y deben representarse a sí mismos a menos que puedan costear un abogado. La mayoría de los inmigrantes comparece sin un abogado. Los resultados son mejores para quienes pueden costear una representación.
Los expedientes de los tribunales de inmigración también son menos accesibles para el público que los de otros procesos federales.
Durante años, la Junta de Apelaciones de Inmigración, el tribunal de inmigración más alto del país, hizo pública menos del 1% de sus opiniones. Un tribunal federal dictaminó que era necesario el acceso público; ahora la Junta de Apelaciones publica sus decisiones en línea.
Sin embargo, las decisiones de los tribunales de inmigración de menor categoría rara vez se hacen públicas.
Como los tribunales de inmigración operan con menos supervisión que los tribunales federales normales, la observación pública se vuelve más crítica.
El que los tribunales lleven a cabo procesos abiertos o con apertura no solo son procedimientos legales: son esenciales para la democracia. Cuando el público puede observar cómo se aplica la justicia, se genera confianza en la imparcialidad del sistema.
Seguir los procesos en los tribunales se ha vuelto una forma importante para que los ciudadanos se aseguren de que se respete el debido proceso, especialmente en casos de inmigración.
Quienes observan estos procesos pueden monitorear si se cumplen los procedimientos legales debidos, si los abogados están preparados, si tratan a las personas con respeto y si siguen las reglas del tribunal, independientemente de si los abogados se identifican o no.
Quienes observan también ayudan a detectar tendencias como la falta de representación legal, barreras lingüísticas o injusticias procesales, que pueden informar y respaldar medidas que lleven a reformas. Esta supervisión pública es especialmente importante en la corte de inmigración, donde a menudo las personas no tienen abogado y puede que no entiendan sus derechos.
Cuando miembros de la comunidad atestiguan estos procedimientos, ayudan a garantizar que el sistema funcione de manera justa y transparente.
Ética profesional y rendición de cuentas
Como profesora de Derecho que dirige un Centro de Ética Profesional en una Facultad de Derecho, puedo afirmar que, si bien no existe una ley específica que obligue a los abogados de ICE a identificarse, están sujetos a reglas de conducta profesional que requieren rendición de cuentas y transparencia.
Las asociaciones de abogados estatales tienen normas claras sobre la conducta de los abogados en los procedimientos judiciales. Las Reglas Modelo de Conducta Profesional enfatizan que los abogados son “funcionarios del sistema legal” con deberes de integridad hacia el mismo.
Los jueces de inmigración, pese a ser empleados gubernamentales y no jueces federales con cargos vitalicios, también están sujetos a códigos de conducta judicial que les exigen mantener la confianza pública en el sistema judicial. Cuando los jueces permiten o fomentan el anonimato sin procedimientos formales ni que se haya llegado a conclusiones sobre posibles amenazas a su seguridad, arriesgan violar esas obligaciones éticas.
Las asociaciones de abogados pueden investigar violaciones a la conducta profesional e imponer sanciones que van desde amonestaciones hasta suspensión o expulsión. Aunque la aplicación de estas normas a abogados del gobierno federal ha sido poco común históricamente, una documentación sistemática por parte de observadores puede servir como prueba para iniciar quejas formales.
Si bien es cierto que los abogados del gobierno, los jueces y otros funcionarios pueden enfrentar auténticas preocupaciones de seguridad, ocultar su identidad en audiencias públicas es un hecho sin precedentes y rompe con siglos de tradición legal que exigen rendición de cuentas y transparencia en nuestro sistema de justicia.
A medida que se intensifica la presión para procesar rápidamente los casos de inmigración, los tribunales están ética y legalmente obligados a asegurarse de que la rapidez no se imponga sobre la equidad y la transparencia fundamentales.
* Cassandra Burke Robertson es profesora de Derecho y Director del Centro de Ética Profesional en la Universidad Case Western Reserve. Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.
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