Ley de inmigración en Florida castiga a empresas que contraten indocumentados y choferes que los trasladen

La nueva ley de inmigración SB 1718 aprobada en ambas cámaras del Congreso de Florida y que solo aguarda la firma del gobernador Ron DeSantis, ha generado una mezcla de rechazo y miedo entre algunos miembros de la comunidad del sur de Florida.

La ley, que muchos han llamado ‘antiinmigrantes’, endure las penas que reciben empresas que contraten indocumentados, así como contempla condenas de hasta 15 años de cárcel para los choferes que trasladen inmigrantes a Florida, no importa si es por turismo, reuniones de negocios, amigos y hasta familiares.

Además, si quien transporta al inmigrante indocumentado a Florida reside en el estado, será también acusado de un delito grave.

Se estipula además 5 años de prisión y multas de $5,000 si la persona indocumentada es mayor de edad y 15 años de cárcel y multas de $10,000 si es menor de edad.

La ley también exige a los hospitales que acepten Medicaid y a pedir a los pacientes su estatus migratorio y el costo de la atención que tuvieron estos pacientes.

Además, prohíbe a las ciudades y condados del estado la emisión de identificaciones comunitarias, así como anula las licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a conductores sin estatus migratorio regulado. Y citar a las personas que conduzcan con una licencia no válida.

También aprueba 12 millones de dólares para trasladar a inmigrantes indocumentados, desde cualquier estado a otros lugares de Estados Unidos, como ya lo hizo en septiembre del 2022 la oficina del gobernador Ron DeSantis con un grupo de venezolanos que fueron trasladados desde Texas a Martha's Vineyard, en Massachusetts.

También ordena a los empleadores con más de 25 trabajadores que usen el programa E-Verify para determinar la elegibilidad del empleo.

Y contempla auditorías aleatorias de estas empresas para verificar el cumplimiento del uso del E-Verify y aumenta las multas por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular para puestos públicos o privados.

Amenaza también con retirar de por vida las licencias de operación a las empresas que reincidan en la contratación de indocumentados.

También deroga la ley que aprueba que los abogados practiquen mientras regulan su estatus migratorio.

Y exige que las agencias del orden obtengan las muestras de ADN de los indocumentados que están detenidos con una orden federal.

La ley entraría en vigencia el próximo 1 de julio.