Los empleadores de Florida que contraten indocumentados enfrentarán penalidades que incluyen multas por miles de dólares y hasta la revocación de sus licencias, si se llega a aprobar el proyecto de ley migratoria que está avanzando en el senado estatal.
Empresas de Florida que contraten indocumentados serían penalizadas, según nueva ley de inmigración
De acuerdo con la nueva ley de inmigración que avanza en el Senado de Florida, las empresas que contraten inmigrantes indocumentados recibirán multas, podrán ser penalizadas y hasta sus licencias revocadas. Deberán revisar la documentación de los empleados que vayan a contratar en el sistema E-Verify.

La propuesta de ley está principalmente destinada a las empresas privadas, a quienes se les pide que verifiquen la documentación de los empleados que comenzarán a contratar a través del programa E-Verify.
El programa es una herramienta digital que compara la documentación entregada por los empleados con la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional y de la Administración del Seguro Social.
“Nos preocupa bastante el E-Verify porque sabemos que existen industrias críticas como el turismo y la agricultura aquí en el estado, que necesita trabajadores, y no existen trabajadores suficientes, estadounidenses, que quieran tomar esos puestos”, dijo Samuel Vílches Santiago, de la Coalición Americana de Inmigración Empresarial.
El gobernador Ron DeSantis dijo que “(los trabajadores) deben estar legales para trabajar en Florida”.
Según el proyecto de ley, si un empleador viola por primera vez esta normativa recibirá una multa de $1,000; si es una segunda violación, la multa será de $2,500, pero además recibirá cargos de un delito menos grave, de segundo grado.
“Lo que va a hacer este tema del E-Verify va a perjudicar a nuestros empresarios, va a perjudicar a nuestras empresas, y al final del día eso termina perjudicando a todas nuestras familias”, dijo Samuel Vílches Santiago.
Vílches agregó que, en su concepto, en muchas de las industrias del estado, particularmente agricultura y turismo, muchos de los trabajadores son indocumentados, y lo que terminará pasando es que los puestos van a quedar libres.
El proyecto de ley también considera un delito de tercer grado el uso de manera fraudulenta de un documento de identificación de otra persona.
Las exigencias que propone la ley ya son aplicadas desde el 2022 en empresas públicas y contratistas del estado de Florida.









