MIAMI, Florida.- El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil para retirar la ciudadanía a un hombre nacido en Perú, al que acusa de haber ocultado su presunta participación en graves violaciones a los derechos humanos cuando solicitó la naturalización.
Acusan a exmilitar peruano de ocultar abusos y podría perder su ciudadanía en EE.UU.
EE.UU. busca retirar ciudadanía a peruano por presuntos abusos a derechos humanos. Gobierno de EE.UU. intenta desnaturalizar a peruano por ejecuciones extrajudiciales.
Video Administración Trump planea revocar la ciudadanía de algunas personas naturalizadas, según informe
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el caso fue presentado ante una corte federal en el sur de Florida y busca revocar la ciudadanía estadounidense de Luis Miguel Fernández Gaviola, exmiembro del Ejército Peruano, por presunto fraude migratorio.
Las autoridades sostienen que Fernández Gaviola habría participado en ocho ejecuciones extrajudiciales ocurridas en noviembre de 1989 en el distrito de Pucará, Perú, cuando se desempeñaba como oficial militar durante el conflicto interno del país sudamericano.
Según la demanda, las víctimas eran residentes locales que habrían sido señaladas por su supuesta afiliación política.
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Acusaciones por hechos ocurridos antes de su llegada a EE.UU.
El Departamento de Justicia afirma que el acusado ingresó a Estados Unidos en 1992 y posteriormente solicitó la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense, procesos en los que habría negado bajo juramento su servicio militar y cualquier participación en asesinatos o persecuciones por motivos políticos.
La demanda sostiene que estas omisiones fueron determinantes para obtener primero la residencia legal y posteriormente la naturalización, concedida años después.
Funcionarios federales señalaron que la ciudadanía estadounidense es un privilegio que solo puede otorgarse a quienes cumplen con los requisitos legales y proporcionan información veraz durante el proceso migratorio.
La acción legal es de carácter civil, por lo que no implica cargos penales en Estados Unidos relacionados directamente con los presuntos crímenes, sino que busca exclusivamente anular la ciudadanía si el tribunal determina que fue obtenida de manera fraudulenta. El caso sigue en proceso y no se ha emitido un fallo judicial.
