Una jueza federal en
Washington determinó que el intercambio de información entre el
IRS y el
DHS solo podrá realizarse en casos de migrantes con
antecedentes criminales, prohibiendo la transferencia masiva de datos fiscales. El fallo responde a una demanda de organizaciones civiles y ha sido interpretado como un triunfo legal parcial, aunque será apelado. La decisión genera preocupación entre inmigrantes indocumentados que temen el uso de sus datos tributarios.
