TYLER, Texas. En 1977, cuatro familias inmigrantes de Tyler tuvieron que decidir si acudían a los tribunales para que sus hijos pudieran volver a la escuela, entre ellas sumaban 16 niños.
Hace 44 años, un caso de Texas abrió las escuelas a niños indocumentados
Cuatro familias de Tyler llevaron su lucha hasta la Corte Suprema y lograron que ningún niño pudiera ser rechazado de una escuela pública por su estatus migratorio.
La Corte protegió a niños indocumentados después de una lucha que comenzó en Texas.
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Sus padres trabajaban en fábricas, empacadoras de carne y campos agrícolas, pero no podían pagar los $1,000 anuales que el distrito escolar comenzó a cobrar por cada estudiante que no pudiera demostrar que vivía legalmente en Estados Unidos.
Para esas familias, la tarifa equivalía a cerrar la puerta del salón de clases.
La demanda presentada en su nombre cambió las escuelas del país.
Este 15 de junio se cumplen 44 años de la decisión de la Corte Suprema que impidió a Texas negar educación pública gratuita a los niños indocumentados.
Cuatro familias enfrentaron al estado de Texas
El conflicto comenzó con una ley aprobada por Texas en 1975.
La medida permitía retirar fondos estatales destinados a estudiantes indocumentados y autorizaba a los distritos escolares a rechazarlos.
Dos años después, Tyler comenzó a exigir el pago de una matrícula.
Las familias demandaron con el apoyo del Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, conocido como MALDEF.
El caso recibió el nombre de Plyler v. Doe.
James Plyler era el superintendente escolar de Tyler.
“Doe” protegía la identidad de los niños y sus padres, quienes temían que exponerse pudiera ponerlos frente a las autoridades migratorias.
La Corte decidió que los niños también estaban protegidos
El 15 de junio de 1982, la Corte Suprema falló 5-4 contra Texas.
Los jueces determinaron que la protección de la Enmienda 14 se extiende a todas las personas dentro del país, no solamente a ciudadanos o residentes legales.
También concluyeron que los niños no debían cargar con las consecuencias de decisiones migratorias que no tomaron.
La Corte no convirtió la educación en un derecho constitucional absoluto.
Sin embargo, advirtió que excluir a esos estudiantes podía crear una población condenada a crecer sin las herramientas necesarias para participar en la sociedad.
Desde entonces, ninguna escuela pública de primaria o secundaria puede rechazar a un niño por su estatus migratorio ni cobrarle una matrícula especial.
El precedente vuelve al centro de la discusión
La decisión llega a su aniversario bajo nuevas presiones.
En marzo de 2026, un subcomité de la Cámara de Representantes celebró una audiencia para cuestionar el fallo.
Heritage Foundation también ha pedido que los estados aprueben medidas capaces de provocar otra batalla ante la Corte Suprema.
Hasta ahora, ninguna de esas iniciativas ha eliminado la protección.
Más de 40 años después, el caso que comenzó con 16 niños en Tyler todavía garantiza que, al entrar a una escuela pública, un menor sea tratado primero como estudiante y no como un expediente migratorio.
