Patrulla Fronteriza arresta a un inmigrante hispano en California porque sus "zapatos parecían sospechosos"

Los agentes fronterizos interrogaron en febrero a un indocumentado de 32 años en una estación de autobuses en el sur de California y desde entonces él se encuentra en un centro de detención de ICE. Según la organización ACLU, este tipo de arrestos son "ilegales" y han ocurrido con mayor frecuencia en los últimos meses.

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LOS ÁNGELES, California.– En una carta en la cual se critica la colaboración entre la Patrulla Fronteriza (USBP) y la empresa de autobuses Greyhound, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cita el caso de un hispano que terminó bajo custodia federal en California luego de que agentes fronterizos cuestionaron su estatus migratorio porque sus "zapatos parecían sospechosos".

El incidente ocurrió en febrero pasado en la estación de Greyhound en la ciudad de Indio, a unas 100 millas de la frontera entre California y Mexicali. El indocumentado de 32 años se encontraba esperando el autobús que lo llevaría a Los Ángeles, donde vive, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron alegando que portaba zapatos que parecían a los de alguien que recién había cruzado ilegalmente la frontera.

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ACLU asegura que el calzado del hombre parecía "normal" y que solo uno de los zapatos tenía la agujeta desatada. "Para mí, parece un argumento inventado para detener a alguien porque es latino", dijo Eva Bitran, abogado de ACLU, al diario Desert Sun.

El inmigrante, cuya identidad no ha sido revelada, nunca abordó el autobús. De hecho, según ACLU, lo perdió mientras era interrogado por los oficiales. El hombre ahora se encuentra en el centro de detención para inmigrantes de ICE en Adelanto, en el condado de San Bernardino. Su abogado está peleadno para lograr que sea liberado tras el pago de una fianza.

Ni la Patrulla Fronteriza ni Greyhound comentaron específicamente sobre este caso.

En un comunicado enviado a Univision Noticias, la agencia federal indicó que "por décadas" ha realizado operativos lejos de la frontera combatiendo a grupos que se dedican al tráfico de droga, al contrabando de personas y a otras actividades criminales.


"Aunque la mayoría del trabajo de la Patrulla Fronteriza se realiza en la zona de la frontera inmediata, los agentes tienen amplia autoridad policial y no están limitados a una geografía específica dentro de Estados Unidos", explicó un portavoz de la dependencia. "Ellos (los oficiales) tienen la autoridad para interrogar a personas, realizar arrestos, y tomar y considerar evidencia", agregó.

Por su parte, Lanesha Gipson, vocero de Greyhound, dijo que la empresa tiene la obligación legal de cooperar con las agencias del orden cada vez que soliciten ingresar a sus estaciones y abordar sus buses. Esto, a pesar de que estén perdiendo clientes por los operativos de la Patrulla Fronteriza.

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"Somos conscientes de que los controles de transporte de rutina no solo afectan nuestras operaciones, sino también la experiencia de viaje de nuestros clientes, y continuaremos haciendo todo lo legalmente posible para minimizar cualquier experiencia negativa", dijo Gipson.

La portavoz mencionó que están conversando con la agencia federal para “equilibrar la aplicación de la ley con la dignidad y la privacidad de nuestros valiosos clientes”.

Detenciones "ilegales" en los buses

Según ACLU, la detención de este indocumentado en California no es un caso aislado. La organización ha documentado "interrogatorios y revisiones ilegales" de la Patrulla Fronteriza en distintos estados.

"Las redadas sin orden judicial, que experimentaron un rápido aumento en el último año, no solo son un flagrante desprecio a los derechos constitucionales de los pasajeros, sino que también están claramente determinadas por los perfiles raciales", reclama la organización.

Estos son algunos ejemplos que menciona en la carta dirigida a Greyhound:

  • En California, un agente del CBP exigió que un ciudadano estadounidense que estaba grabando una redada le mostrara dos formas de identificación para comprobar que estaba legalmente en el país.
  • En el estado de Vermont, un autobús que llegaba de madrugada al área de Hartford fue abordado por agentes fronterizos. Una de los pasajeros, Danielle Bonadona, originaria de Líbano, relató al periódico Valley News que "no nos dejaron bajar" y reclamó que los oficiales "solo revisaron las identificaciones de las personas con acentos o que no eran blancos".
  • En Washington, un padre y su hijo fueron arrestados, a pesar de que el hijo era beneficiario del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y el padre no dio información sobre su estatus migratorio. Sin una orden judicial, cita ACLU, un agente fronterizo le preguntó: "¿Eres ilegal?" y "¿Traes tus documentos?".
  • En Michigan, agentes del CBP abordaron un autobús con destino a Nueva York y detuvieron a todos los pasajeros que no llevaban prueba de que no eran indocumentados.
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Dos casos similares ocurrieron en enero en el sur de Florida y uno de estos quedó grabado de video. El 19 de enero, una anciana originaria de Jamaica fue detenida por agentes migratorios en un autobús que viajaba de Orlando a Fort Lauderdale. Tres días después, un hombre de Trinidad y Tobago fue arrestado por oficiales del CBP cuando se disponía a viajar en bus de Miami a Fort Myers.

ACLU alega que Greyhound está violando los derechos de sus clientes, pues de acuerdo con las decisiones judiciales derivadas de la Cuarta Enmienda de la Constitución las agencias del orde sí pueden ingresar a áreas de negocios abiertas al público, pero requieren órdenes judiciales para entrar a los lugares que no lo son. En el caso de los buses se exige portar un boleto, por lo cual no sería considerado público, según la organización.

"Greyhound está en el negocio de transportar a sus pasajeros de manera segura de un lugar a otro", indicó la organización. "No debería estar en el negocio de someter a sus pasajeros a interrogatorios intimidatorios, revisiones sin sospecha, arrestos sin orden judicial y la amenaza de la deportación", agregó.

Al respecto de la norma de que los oficiales fronterizos no necesiten órdenes judiciales cuando se encuentran a menos de 100 millas de la frontera, ACLU señala que "la geografía no anula la Cuarta Enmienda".

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