¿Cuánto más de la destrucción gota a gota alimentada por la Oficina de Inmigración y Aduanas de EE. UU. pueden soportar el condado de Palm Beach y otras comunidades de todo el país?
Traductora maya de Florida será deportada y dejará a sus 4 hijos
Olga Pérez trabajaba con organizaciones sin fines de lucro y hospitales locales; ha ayudado a muchos a negociar los sistemas legales, educativos y de atención médica del estado
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Olga Pérez, de Lake Worth Beach, es solo la última víctima conocida que enfrenta la deportación en la perversión política que solía pasar por política federal de inmigración.
La palabra "víctima" no se usa a la ligera aquí. Pérez no es la criminal que los funcionarios de ICE siguen afirmando que impulsa su redada de inmigrantes indocumentados. Ella fue, y todavía es, una de las pocas traductoras de un raro dialecto maya en Florida. Su trabajo con agencias de Florida, organizaciones sin fines de lucro y hospitales locales ha ayudado a muchos a negociar los sistemas legales, educativos y de atención médica del estado, sin mencionar las agencias públicas y privadas en Florida responsables de proporcionar esos servicios.
Pérez llegó a los EE. UU. buscando asilo hace más de 20 años, pero sí, permaneció indocumentada.
Pérez también dirigió un grupo para víctimas de violencia doméstica, ayudó a iniciar el programa de distribución de alimentos del Centro Guatemalteco-Maya y organizó actividades para niños. Durante la pandemia de COVID-19, tradujo las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades relacionadas con las vacunas al mam (uno de los más de 22 idiomas indígenas mayas hablados en Guatemala) para las comunidades indígenas de todo el país.
No importaba. El 3 de junio, un juez federal de inmigración le dio a Pérez la opción de deportarse a sí misma o dejar que el ICE la enviara de vuelta a Guatemala. De cualquier manera, la medida separa a Pérez de sus cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y le roba a su hogar el tipo de individuo que cualquier ciudadano estadounidense debería elegir emular, no deportar.
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El juego de números de ICE no ayuda a América
Lo que comenzó como un estrecho conducto de transferencia de cárceles por parte de ICE para deportar a criminales reales se convirtió en un juego de números de arrestos comunitarios "en la calle". El cambio llevó a la agencia a utilizar a las fuerzas del orden estatales y locales para realizar arrestos en los tribunales, escuelas y lugares de trabajo, y resultó en un aumento del 2,450% en la detención diaria de inmigrantes con antecedentes completamente limpios, según un estudio de 2026 del American Immigration Council sobre las operaciones de ICE.
Según TRAC, una agencia de recopilación de datos de la Universidad de Syracuse, se estima que 5,200 de estos detenidos están en Florida, un estado que ha apoyado entusiastamente las políticas de deportación de la administración Trump, llegando a gastar más de $460 millones en Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención en los Everglades de Florida.
Víctor Chaclan era una de esas estadísticas. Su arresto siguió un guion demasiado familiar, pero él fue uno de los afortunados. Al igual que Pérez, Chaclan fue detenido durante una parada de tráfico por la Patrulla de Carreteras de Florida, arrestado y entregado a ICE. Al igual que Pérez, Chaclan no era un criminal. Era padre, contratista y líder de adoración que vivía en West Palm Beach.
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Durante el tiempo de detención de Chaclan, su esposa e hijo mantuvieron el negocio en funcionamiento, mientras él aprovechaba bien su tiempo. Chaclan completó 26 certificados profesionales a través de una tableta proporcionada por el estado a la que tenía acceso durante 15 minutos cada día. A diferencia de Pérez, Chaclan fue liberado y se le permitió regresar a su familia y a su vida.
José González también fue arrestado después de una parada de tráfico por parte de las fuerzas del orden. A diferencia de Chaclan, González era el popular gerente de BiCE Ristorante, un restaurante italiano en Palm Beach, donde ha trabajado durante más de 20 años. El arresto no fue el primer enfrentamiento de su familia con ICE. En 2017, al hermano menor de González le dijeron que sería detenido en su próxima cita de control de inmigración. Su primo también había sido detenido por ICE después de salir de su trabajo en BiCE.
La deportación de Pérez comenzó cuando ella viajaba en la camioneta de jardinería de su familia y el FHP detuvo el vehículo. Al igual que González, Pérez no fue la única de su familia detenida y deportada por el ICE. Su esposo había pasado por el mismo dudoso proceso de detención meses antes.
Ahora es más difícil para los solicitantes de asilo y los inmigrantes indocumentados presentar reclamaciones en el tribunal de inmigración, donde los agentes federales a menudo arrestan a las personas que se presentan a las audiencias. Los agentes de ICE tienen cuotas de arrestos y deben depender de las fuerzas del orden estatales y locales para realizar arrestos, en demasiados casos antes de que se pueda determinar el grado de criminalidad.
Las políticas de inmigración dudosas perjudican a las comunidades locales, robándoles el talento necesario. Peor aún, perjudica a personas como Pérez y a demasiadas otras que alguna vez creyeron en los ideales de nuestra nación, que ahora parecen ser cosa de ficción.