Un total de siete inmigrantes han presentado una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por la negativa de la agencia a devolverles sus pertenencias personales tras ser liberados de su custodia.
ICE se quedó con efectivo y hasta con un anillo de bodas tras liberar a siete migrantes que han presentado una demanda colectiva
Varias organizaciones denuncian que la agencia federal está incumpliendo su propia directiva y que está ocasionando graves perjuicios a los afectados al retenerles su documentación y efectos personales porque, entre otras cosas, no pueden trabajar y son susceptibles de ser detenidos sin identificación y permisos de trabajo.
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Vladimir Izmailov, demandante ruso con una solicitud de asilo pendiente, no ha podido conseguir un empleo digno sin sus documentos de autorización laboral, que le fueron confiscados durante su detención.
ICE no le ha devuelto estos documentos (ni otras pertenencias como su anillo de compromiso) desde hace más de cinco meses. Como consecuencia, Izmailov se ha visto obligado a pedir dinero prestado para pagar el alquiler de su casa, la de su esposa y la de sus dos hijos. No puede conducir y no tiene recursos para costear la reposición de sus documentos ni de su anillo de bodas.
“La negativa de ICE a devolverme mis pertenencias ha empeorado aún más una experiencia ya de por sí horrible”, declaró Vladimir Izmailov . “ICE me detuvo en condiciones terribles, sin la alimentación ni la atención médica adecuadas durante meses. Ahora, me cuesta mucho mantener a mi familia porque ICE todavía tiene mis documentos que demuestran que estoy autorizado a trabajar. Incluso conservan mi anillo de bodas, que tiene un gran valor sentimental para mí y es irremplazable”.
La historia de Vladimir no es un caso aislado, sino un ejemplo de una política que se mantiene vigente. ICE ha retenido documentos de identificación oficiales, como licencias de conducir y pasaportes; comprobantes de estatus migratorio; documentos de autorización de empleo; tarjetas del Seguro Social; teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros artículos.
Sin identificación, autorización de empleo ni documentos migratorios, los demandantes han perdido sus trabajos, se han arriesgado a ser arrestados nuevamente al salir de sus hogares y han sufrido graves dificultades para sus familias.
Los demandantes están representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Distrito de Columbia; la ACLU de Illinois; el Fondo de Defensores de la Democracia; Willkie Farr & Gallagher LLP; y Platkin LLP.
La Constitución prohíbe a ICE retener bienes una vez que expire la justificación para su retención. En 2024, el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó que la Cuarta Enmienda regía una práctica similar por parte del Departamento de Policía Metropolitana.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Los demandantes solicitan al tribunal que ordene al ICE que devuelva los artículos y tome las precauciones necesarias para garantizar la devolución de bienes que no tiene justificación para retener.
“Las protecciones de la Cuarta Enmienda contra las incautaciones irrazonables se aplican a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía”, declaró Brian Ward, abogado principal del Fondo de Defensores de la Democracia . “Ningún presidente ni agencia puede arrebatar este derecho fundamental. La política del DHS de separar a las personas de sus pertenencias y documentos de identidad esenciales, dejándolas sin las propiedades y los documentos que necesitan para desenvolverse en la vida, es cruel e ilegal, y ha provocado que muchos de nuestros clientes teman salir de sus hogares”.
“La Cuarta Enmienda existe para que los agentes gubernamentales demasiado celosos no puedan tomar y retener nuestra propiedad sin motivo alguno”, dijo Michael Perloff, abogado principal de la ACLU de DC . “No podemos permitir que el ICE pisotee esta protección fundamental contra el abuso de poder”.
La directiva incumplida de ICE
"The Confiscation Directive"(conocida oficialmente como la Directiva 11311 de ICE) es una política interna de ICE que regula cómo los agentes deben manejar, confiscar y devolver los documentos de identidad originales de los inmigrantes en procesos de deportación
Esta directiva establece que, si bien ICE puede confiscar identificaciones o pasaportes originales por motivos operativos o de evidencia, tiene la obligación de devolverlos una vez que la persona es liberada, a menos que exista una necesidad operativa clara y justificada (como una orden final de deportación o que el documento sea falso).
En la misma directiva, la agencia recoge que en caso de confiscar la documentación debe proporcionar a la persona una copia certificada de sus documentos, indicando que el original está en poder de ICE.
La demanda colectiva que se acaba de presentar acusa a ICE de operar bajo una "política de facto" ilegal, donde los agentes se quedan indefinidamente con los pasaportes, permisos de trabajo, dinero en efectivo y teléfonos de los migrantes tras ser liberados, violando su propia directiva y la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
La Cuarta Enmienda protege el derecho de los ciudadanos y no ciudadanos a estar seguros en sus casas, documentos y efectos personales. El propósito fundamental de esta protección es evitar que las agencias del gobierno (como ICE o la policía) tomen o retengan propiedad privada sin una razón legítima.
La demanda acerca a la difícil circunstancia que viven ahora los siete inmigrantes que denuncian que se quedaron sin importantes documentos y pertenencias.
Ezequiel González, 7 meses sin documentación
El demandante Ezequiel Gonzalez («Gonzalez») llegó a Estados Unidos desde Venezuela en 2022 y actualmente reside en Indianápolis, Indiana. Fue arrestado y puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en septiembre de 2025 y quedó en libertad el 3 de marzo de 2026.
ICE no le ha devuelto los bienes que le incautó en el momento de su arresto, entre ellos su pasaporte, su tarjeta de la Seguridad Social y su permiso de trabajo (EAD).
Tiene una orden de expulsión pendiente, pero ha recurrido dicha orden. Cuando ICE trasladó a Gonzalez entre distintos centros de detención, confirmó su identidad mostrándole una bolsa de plástico transparente que contenía su pasaporte —en el que Gonzalez guardaba su tarjeta de la Seguridad Social— y su permiso de trabajo (EAD). Pero no se los devolvió al quedar en libertad, a pesar de que el abogado lo pidió en reiteradas ocasiones.
ICE no ofreció ninguna justificación por no devolver las pertenencias de Gonzalez y, según la demanda, carece de una explicación plausible para ello. Los documentos que ICE no ha devuelto no eran falsificados ni se habían obtenido mediante fraude. Gonzalez tiene derecho legal a poseerlos todos.
ICE tampoco proporcionó copias de sus documentos a Gonzalez, quien no ha podido sustituirlos. Al carecer de su permiso de trabajo (EAD), Gonzalez no ha podido encontrar empleo y lleva meses intentando obtener un nuevo permiso sin éxito.
Joel Vigil Rodríguez, 8 meses sin sus bienes ni documentos
El demandante Joel Vigil Rodriguez («Vigil») es ciudadano de El Salvador. Llegó a Estados Unidos hace siete años y actualmente vive en Maine. Agentes de ICE lo arrestaron el 20 de enero de 2026 y lo mantuvieron detenido hasta el 13 de febrero de 2026, cuando quedó en libertad bajo fianza.
ICE no le ha devuelto los bienes que le incautó durante su arresto, entre ellos su teléfono, las llaves de su automóvil, sus AirPods, su abrigo y su cartera, en la que llevaba dos licencias de conducir salvadoreñas (una para motocicletas y otra para remolques).
ICE no ofreció ninguna explicación por no devolverle estos objetos y, según la demanda, no existe una justificación plausible para ello.
Ninguna de las dos licencias de Vigil está falsificada ni se ha obtenido mediante fraude. Vigil no conoce ningún motivo por el que los objetos incautados por ICE pudieran necesitarse como pruebas en un procedimiento civil o penal. Tampoco se enfrenta actualmente a ningún procedimiento penal.
Los abogados de Vigil solicitaron a ICE en repetidas ocasiones que devolviera sus pertenencias, pero la agencia no accedió a las peticiones ni ofreció una explicación por su negativa.
La representante de Vigil en el Congreso, la congresista Chellie Pingree, también solicitó a ICE que le devolviera sus pertenencias.
Inicialmente, ICE comunicó a la congresista Pingree que se habían devuelto todas las pertenencias de Vigil. Posteriormente, le informó de que estaba realizando una auditoría completa de los bienes. Sin embargo, esa comunicación se produjo en abril y, desde entonces, ICE no ha devuelto las pertenencias de Vigil ni ha ofrecido explicación alguna por no hacerlo.
Según recoge la demanda, Vigil ha gastado miles de dólares en honorarios legales y en costes de sustitución para intentar recuperar los objetos que le fueron incautados.
El Gobierno inició un procedimiento de expulsión contra Vigil. Su solicitud de suspensión de la expulsión (Withholding of Removal) está pendiente de resolución. No se ha dictado ninguna orden definitiva de expulsión.
Rolando Ramírez, seis meses sin sus documentos: sin hogar y sin poder pagarse un médico
El demandante Rolando Ramirez Fuentes («Ramirez») llegó a Estados Unidos desde Cuba hace 46 años, cuando tenía once años, y actualmente reside en Tampa, Florida. ICE lo arrestó el 23 de julio de 2025 frente a su trabajo y lo puso en libertad el 28 de abril de 2026. ICE no le ha devuelto los bienes que le incautó en el momento de su arresto, entre ellos su tarjeta de la Seguridad Social y su licencia de conducir de Florida.
Ramirez solicitó que le devolvieran estos objetos, pero no los ha recuperado. ICE no ofreció ninguna explicación por su actuación y, según la demanda, carece de una justificación plausible.
Los documentos que ICE no le ha devuelto no estaban falsificados ni se habían obtenido mediante fraude. Ramirez tiene derecho legal a tenerlos.
La imposibilidad de acceder a sus documentos ha dificultado que Ramirez consiga trabajo. Esto le ha impedido obtener atención médica para su enfermedad cardíaca.
Su imposibilidad de trabajar también le ha privado de los recursos necesarios para pagar una vivienda. Actualmente se encuentra sin hogar.
Según recoge el escrito, Ramirez recibió una orden de expulsión, pero permanece en libertad bajo una orden de supervisión desde 2004.
Luna Ardilla, ocho meses sin documentos
La demandante Enis Suleima Luna Ardila («Luna Ardila») llegó a Estados Unidos en torno a enero de 2021, en busca de asilo procedente de Colombia. Actualmente vive en Indianápolis, Indiana.
ICE la arrestó el 18 de diciembre de 2025 después de acudir a una cita de control programada con funcionarios de inmigración; y la puso en libertad el 23 de febrero de 2026.
ICE no le ha devuelto los bienes que le incautó en el momento de su arresto, entre ellos su documento de identidad expedido por el estado, su permiso de trabajo (EAD), su pasaporte colombiano, su tarjeta de la Seguridad Social y su permiso de aprendizaje de conducción.
Su abogado ha hecho varias peticiones a ICE para que se los devuelva, sin éxito. ICE no ha ofrecido ninguna justificación por no devolverle sus pertenencias y, según la demanda, no existe ninguna explicación plausible para ello.
Los documentos que ICE no le ha devuelto no estaban falsificados ni se habían obtenido mediante fraude. Luna Ardila tiene derecho legal a tenerlos.
Sin su permiso de trabajo (EAD), no puede acceder a empleos. Desde que quedó en libertad en febrero, ha tenido que rechazar aproximadamente cinco ofertas de trabajo porque no podía acreditar que estaba autorizada a trabajar.
Su permiso de trabajo no caducaba hasta 2029 y le han presupuestado 1,000 dólares para obtener uno de sustitución.
Luna Ardila también teme que, si vuelve a encontrarse con ICE, no pueda demostrar su situación migratoria legal ni su identidad y vuelva a ser detenida.
Alex Estuardo Hernández, ocho meses sin permiso de trabajo
El demandante Alex Estuardo Hernandez Perez («Hernandez») llegó a Estados Unidos en busca de asilo procedente de Guatemala. No puede regresar allí porque una banda criminal lo ha señalado como objetivo y mató a su padre. Su solicitud de asilo fue denegada, pero ha presentado un recurso que sigue pendiente de resolución.
Actualmente vive en Indianápolis con su esposa. Fue arrestado el 7 de febrero de 2026, posteriormente quedó bajo custodia de ICE y fue puesto en libertad alrededor del 26 de febrero de 2026. ICE no le ha devuelto los bienes que le incautó en el momento de su arresto, entre ellos su documento de identidad expedido por el estado y su permiso de trabajo (EAD).
Cuando fue interceptado en una parada de tráfico, los agentes le confiscaron los objetos que llevaba consigo. Durante su estancia en el primer centro de detención, Hernandez vio a agentes de ICE guardar las pertenencias de los detenidos en carpetas y bolsas transparentes. Cuando ICE lo trasladó a Kentucky, vio que los funcionarios transportaban con él una bolsa de plástico que contenía objetos suyos, aunque no le permitieron acceder a ella.
Cuando ICE puso en libertad a Hernandez, le devolvió algunos de sus objetos, entre ellos su cartera, pero no el documento de identidad ni el permiso de trabajo (EAD) que guardaba dentro. ICE no ofreció ninguna explicación. Aunque, según la demanda, no hay ninguna justificación plausible.
Los documentos que ICE no le ha devuelto no estaban falsificados ni se habían obtenido mediante fraude. Hernandez tiene derecho legal a poseerlos todos.
Cuando regresó a casa, Hernandez pidió a un amigo que habla inglés que llamara a la oficina de ICE del centro de detención de Kentucky para intentar recuperar su permiso de trabajo y su documento de identidad. Sin embargo, le facilitaron otro número de teléfono al que llamar y la persona que atendió le dijo que debía encargar a su abogado la recuperación de sus pertenencias.
Hernandez está trabajando con un abogado para intentar recuperar su permiso de trabajo y su documento de identidad, pero el proceso ha sido costoso, largo y, hasta el momento, infructuoso. Le dijeron que solicitar un nuevo permiso de trabajo costaría 1,000 dólares.
Hernandez tiene miedo de salir de casa sin los documentos que le faltan. Teme que ICE, que mantiene una presencia importante en Indianápolis y suele pedir a la gente que muestre su identificación y sus documentos, vuelva a detenerlo por no llevar identificación.
No hay ningún consulado guatemalteco en Indiana, por lo que Hernandez tendría que viajar a Ohio para obtener un documento de identidad de sustitución. Sin embargo, tiene miedo de viajar a Ohio por temor a ICE. Tampoco puede permitirse faltar al trabajo para desplazarse y conseguir un nuevo documento.
Hernandez también ha sufrido perjuicios económicos debido a que ICE no le devolvió sus pertenencias. Estaba a punto de empezar un trabajo mejor remunerado antes de ser detenido, pero perdió esa oportunidad al quedarse sin su permiso de trabajo.
Vladimir Izmailov, seis meses sin documentos, sin trabajo y sin su anillo de bodas
El demandante Vladimir Izmailov («Izmailov») es un ciudadano ruso nacido en Ucrania que llegó a Estados Unidos en 2023, cuando tenía programada una entrevista relacionada con su solicitud de asilo. Se le concedió autorización para trabajar.
Actualmente vive con su esposa y sus dos hijos en Sacramento, California. ICE lo arrestó el 1 de noviembre de 2025 en un control de carretera en Laredo, Texas; y le confiscó los objetos que llevaba consigo, entre ellos su licencia de conducir, su permiso de trabajo (EAD), su alianza de boda, su cartera, su cinturón y su teléfono.
Permaneció detenido en Texas, Arizona y California antes de ser puesto en libertad finalmente el 18 de abril de 2026.
Cuando Izmailov quedó en libertad, ICE le devolvió su teléfono móvil, pero no su cartera ni su cinturón —que, según afirma, vio cómo los agentes de ICE tiraban a la basura en torno al momento de su detención inicial—, ni su licencia de conducir, su permiso de trabajo o su alianza de boda.
Izmailov solicitó que le devolvieran sus pertenencias. Le dijeron que ICE no tenía constancia de su alianza de boda, pero que enviarían los documentos por correo al agente de ICE con el que había tratado en relación con su solicitud de asilo.
Izmailov se puso en contacto con su agente del Programa de Supervisión Intensiva de Comparecencias (Intensive Supervision Appearance Program, ISAP), quien le comunicó que no había recibido sus pertenencias. La agente envió una solicitud a ICE y la agencia respondió que probablemente se habían destruido.
ICE no ha ofrecido a Izmailov ninguna justificación por no devolverle sus pertenencias. Según la demanda, ICE carece de una justificación plausible para su actuación.
Los documentos que ICE no le ha devuelto no estaban falsificados ni se habían obtenido mediante fraude. Izmailov tiene derecho legal a poseerlos todos.
ICE tampoco proporcionó copias de sus documentos a Izmailov. La pérdida de estas pertenencias ha causado a Izmailov un perjuicio considerable.
Su alianza de boda tiene un valor sentimental irreemplazable. Además, su situación económica es desesperada porque carece de sus documentos. No puede conseguir un empleo estable o que le permita ganarse dignamente la vida sin su permiso de trabajo y, como no puede trabajar, tampoco puede permitirse sustituirlo.
Está casado y tiene dos hijos, y su familia está pidiendo dinero prestado para pagar el alquiler. Tampoco puede conducir porque no tiene su licencia.
Izmailov intentó obtener una nueva licencia de conducir, pero el Departamento de Vehículos Motorizados de California se negó a expedirla sin que presentara su permiso de trabajo. La imposibilidad de conducir dificulta aún más que pueda mantener a su familia y atender las necesidades básicas de la vida cotidiana.
Izmailov teme que, si vuelve a encontrarse con ICE y no puede demostrar su situación migratoria legal o su identidad, sea detenido de nuevo.
Domingo Tot Quip, el deportado que tuvo que ser devuelto y que no recuperó todas sus pertenencias
El demandante Domingo Tot Quip («Tot Quip») es originario de Guatemala y lleva tres años residiendo en Estados Unidos. Actualmente vive en Portland, Maine, donde ha trabajado todo este tiempo como lavaplatos.
El 21 de enero de 2026, Tot Quip esperaba el autobús para ir al trabajo cuando dos agentes de ICE con el rostro cubierto lo agarraron, lo introdujeron en un todoterreno (SUV) y lo trasladaron a un centro de detención de ICE. Primero estuvo en Portland, después en Burlington, Massachusetts, y finalmente en Luisiana. Durante esta detención, ICE le confiscó los objetos que llevaba consigo.
Los abogados de Tot Quip presentaron una petición de habeas corpus el 26 de enero de 2026. Un juez federal la estimó al día siguiente y prohibió a ICE trasladar a Tot Quip fuera del país. Pese a ello, después de recibir la orden judicial, ICE subió a Tot Quip a un avión con destino a Guatemala. La agencia no facilitó su regreso a Estados Unidos hasta el 13 de agosto de 2026.
ICE devolvió parte de las pertenencias que había confiscado a Tot Quip cuando lo bajó del avión en Guatemala y le entregó más cuando lo trasladó de vuelta a Estados Unidos, pero no le devolvió todas.
Aunque ICE se dio cuenta el 6 de febrero de 2026 de que había expulsado a Tot Quip por error, al no devolverle el pasaporte cuando llegó a Guatemala, no pudo hacer efectivo su regreso a Estados Unidos hasta que Tot Quip consiguió obtener un nuevo pasaporte en Guatemala. Esto retrasó su regreso.
Incluso ahora, ICE sigue sin devolver muchos de los objetos que le confiscó a Tot Quip cuando lo detuvo, entre ellos la mayor parte del dinero en efectivo que llevaba consigo en el momento de la detención, el cargador de su teléfono, sus auriculares, su ropa y su mochila.
ICE no ha ofrecido ninguna justificación por la forma en que ha gestionado las pertenencias de Tot Quip.
Los agentes de ICE le dijeron a Tot Quip que le devolverían sus objetos, pero no lo han hecho.
Según la demanda, ICE carece de una justificación plausible para no devolverle sus pertenencias. Ninguno de los objetos que ICE no le ha devuelto constituye contrabando ni un artículo cuya posesión esté prohibida.
Tot Quip no conoce ningún motivo por el que pudieran necesitarse como pruebas en un procedimiento civil o penal. De hecho, no se enfrenta a ningún cargo penal, y mucho menos a cargos con los que los objetos que ICE no le ha devuelto pudieran guardar una relación plausible.
N+Univision pidió explicaciones a ICE y a DHS sobre su directiva de incautación y devolución de bienes y documentos y en el momento de la publicación de esta nota no habíamos recibido respuesta al respecto.