El DHS reduce de 30 a 10 días el plazo para los refugiados que enfrentan la pérdida de su estatus

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo pública una norma final provisional, que entrará en vigor mañana, y que implica que se reduce el plazo que tienen los refugiados para impugnar la cancelación de su estatus de 30 a 10 días.

De esta manera, los refugiados que reciban una Notificación de Intención de Cancelación (NOIT, por sus siglas en inglés) de su estatus tendrán solo 10 días, en lugar de los 30 actuales, para responder y presentar pruebas que justifiquen que siguen siendo elegibles para la protección de refugiado.

Es un obstáculo añadido para quienes enfrentan la pérdida de su estatus de refugiado, porque les dejan diez días para poder pelear por salvarlo. Un periodo de tiempo "totalmente insuficiente" a juicio de la asociación Global Refuge.

"Es un período de notificación totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener registros de un país del que se vieron obligados a huir debido a conflictos o persecución. En algunos casos, los refugiados ni siquiera recibirán la notificación antes de que transcurran los diez días, lo que elimina su única oportunidad de responder", aseguró Krish O'Mara Vignarajah, la directora de la asociación especializada en refugiados Global Refuge.

"La cruda realidad es que las consecuencias para las familias probablemente serán graves e inmediatas, incluyendo la detención, la separación de los niños de sus padres, la pérdida de empleos y hogares, y la interrupción de la atención médica. Las familias a las que servimos ya están preocupadas, y esta norma les da motivos de sobra para estarlo", denunció Global Refuge.

Desde la asociación, señalan además que es la medida más reciente de "una serie de acciones dirigidas contra los refugiados admitidos legalmente".

“Lamentablemente, este cambio normativo es solo el más reciente de una serie de acciones de esta administración dirigidas contra los refugiados admitidos legalmente. En enero, el DHS inició una operación para reexaminar miles de casos de refugiados. En febrero, procedió a detener a refugiados que aún esperaban la residencia permanente, una política que un tribunal federal bloqueó posteriormente. Ahora está acelerando el proceso para revocarles su estatus", criticó la presidenta de Global Refuge.

También instó al Congreso a que presione al DHS para que retire la norma.

N+Univision también consultó con la asociación American Friends Service Committee. Maria Bilbao es una de sus activistas. Acude una vez por semana a acompañar y asesorar a familias que acuden a sus citas con migración en el centro de ICE de Miramar, en Florida.

Preguntada por la nueva norma que dejará el tiempo de respuesta para conservar el estatus de refugiado a una tercera parte, solo 10 días, asegura que es "un duro golpe" para muchas personas.

"Es muy preocupante. Reducir de 30 a 10 días el plazo para defenderse cuando el gobierno intenta quitarle a alguien el “estatus de refugiado” es un duro golpe. Por lo que estamos viendo en Miramar, las personas ya tienen muchas dificultades para conseguir abogados y defenderse. Reducir los plazos hace todo todavía más difícil", asume María Bilbao.

"Es más de lo mismo, de lo que estamos viendo de limitar cada vez más las posibilidades de defensa. Creo que esta medida podría ser impugnada judicialmente, especialmente por cuestiones de debido proceso", criticó la activista.

"Tengo muchos casos cercanos de personas que llegaron legalmente como refugiadas y reciben una notificación de que el gobierno quiere quitarle ese estatus. Ahora tendrán solo 10 días para conseguir un abogado, reunir pruebas y defenderse, en lugar de 30; y si no logra responder a tiempo, pueden perder su estatus y enfrentar una deportación. Les deja en una situación muy vulnerable", aseguró la activista.

Además, destacó que muchas de esas familias ni siquiera cuentan con recursos para costearse un abogado.

"En Miramar vemos constantemente personas que llegan a sus citas con miedo, confundidas y sin entender bien qué puede pasarles. Muchas no tienen abogado porque no pueden pagarlo. También vemos familias desesperadas cuando alguien queda detenido y no saben dónde está ni cómo conseguir ayuda legal. Esto complica aún más las cosas", reconoce María Bilbao.

Abogados recomiendan tener en cuenta los nuevos plazos

La norma final provisional del DHS modifica el plazo de respuesta de 30 a 10 días. Si la notificación se envía por correo, se añaden tres días adicionales según las normas de notificación vigentes, lo que da un total de 13 días para responder.

Las personas afectadas pueden presentar pruebas documentales, solicitar una entrevista o responder de cualquier otra manera para impugnar la propuesta de terminación. La pregunta es: ¿es suficiente diez o trece días para apelar?

"No, para nada, es muy poco tiempo", afirma tajantemente la abogada experta en inmigración Lorena Vargas.

"Es muy poco tiempo porque la persona tiene que recabar unas pruebas que generalmente no se obtienen de manera fácil. Están en otro país, hay que buscarlas, apostillarlas, a veces traducir... Considero que lo hacen con toda la intención para que la gente no pueda rebatir que les cancelen el estatus de refugiado; y les coloca en una situación de profunda indefensión", explica la abogada.

Está previsto que la norma se publique en el Registro Federal mañana 14 de octubre de 2026 y que entre en vigor inmediatamente después de su publicación, permaneciendo abierta a un período de comentarios públicos de 30 días.