Roberto Mosquera del Peral, inmigrante cubano deportado por Estados Unidos a la nación africana de Esuatini en el marco de expulsiones a terceros países del gobierno de Donald Trump, comenzó el pasado 15 de octubre una huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad en la que lleva ya tres meses ingresado sin acceso a abogados y sin que se hayan presentado cargos en su contra.
Un inmigrante cubano deportado por EEUU a África hace huelga de hambre en prisión, según su abogada
Roberto Mosquera del Peral estaba entre los cinco hombres enviados al reino de Esuatini en julio, donde permanece en una cárcel de máxima seguridad sin que se le hayan presentado cargos.
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La abogada de Mosquera, Alma David, denunció en un comunicado publicado este miércoles que la vida de su cliente "está en peligro" y que su detención es "arbitraria". "Insto a los Servicios Correccionales de Esuatini a proporcionar a la familia del señor Mosquera y a mí una actualización inmediata sobre su estado y a asegurar que esté recibiendo atención médica adecuada. Exijo que se le permita al señor Mosquera reunirse con su abogado en Esuatini".
Mosquera fue uno de los cinco hombres de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen enviados a mediados de julio al pequeño país surafricano, una monarquía absolutista cuyo rey está acusado de violaciones de los derechos humanos. El hombre jamaicano fue repatriado a su país de origen el mes pasado, pero a los demás se les ha mantenido en la prisión y ya han pasado más de tres meses.
Grupos cívicos en Esuatini también han llevado a las autoridades a los tribunales para impugnar la legalidad de mantener a ciudadanos extranjeros en prisión sin cargos. Las autoridades alegan que los hombres serán repatriados, pero no ha dado un plazo.
Las autoridades estadounidenses dijeron que quieren deportar a Kilmar Ábrego García a Esuatini bajo el mismo programa.
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que los hombres enviados a Esuatini eran criminales condenados por delitos graves, incluidos asesinato y violación, y estaban en Estados Unidos ilegalmente. Sus abogados declararon a la AFP que los cinco habían cumplido sus condenas hacía tiempo.
Los abogados de los hombres dijeron que todos habían cumplido sus sentencias penales en Estados Unidos, pero ahora están siendo retenidos ilegalmente en Esuatini, donde no han sido acusados de ningún delito.
El Departamento de Seguridad Nacional ha presentado el programa de deportación a terceros países como un medio para remover "extranjeros ilegales" del suelo estadounidense como parte de la represión migratoria del presidente Donald Trump, diciendo que tienen la opción de autodeportarse o ser enviados a un país como Esuatini.
Las "consecuencias humanitarias" de las expulsiones a terceros países
Esuatini, la última monarquía absoluta de África, se encuentra entre varios "terceros países" que han aceptado migrantes deportados de Estados Unidos. Otros han sido enviados a Ghana, Ruanda y Sudán del Sur en acuerdos poco transparentes que grupos de derechos humanos critican como "trata de personas".
La organización defensora de derechos Human Rights Watch dijo que ha visto documentos que muestran que Estados Unidos está pagando a naciones africanas millones de dólares para recibir deportados. Dijo que Estados Unidos acordó pagar a Esuatini $5.1 millones para aceptar hasta 160 deportados y a Ruanda 7.5 millones de dólares para hasta 250 personas.
Otros diez deportados fueron enviados a Esuatini este mes y se cree que están detenidos en la misma prisión del Complejo Correccional de Matsapha, fuera de la capital administrativa, Mbabane. Los abogados dijeron que esos hombres son de Vietnam, Camboya, Filipinas, Cuba, Chad, Etiopía y Congo.
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En el caso de Mosquera, si bien la administración Trump afirmó que había sido encarcelado por homicidio, la AFP determinó que su condena más grave fue solo por intento de asesinato y que llevaba años en libertad.
Los abogados de los deportados afirmaron que a los hombres solo se les ha permitido hablar con sus familias mediante videollamadas de unos minutos una vez a la semana, bajo la vigilancia de guardias armados, y que a un abogado local se le ha negado el acceso a ellos.
"El hecho de que mi cliente se haya visto obligado a tomar medidas tan drásticas pone de manifiesto que él y los otros 13 hombres deben ser liberados", declaró David el miércoles.
Con información de AP y AFP.