El atroz asesinato de Luz Raquel Padilla: un caso donde confluyen feminicidio, odio social y discriminación a discapacitados
El caso de Luz Raquel Padilla, una madre a la que le prendieron fuego en Zapopan, Jalisco, en México, después de recibir sostenidas amenazas de muerte, no solo es un feminicidio que tiene conmocionado al país y que engrosa la lista de los 11 asesinatos de mujeres al día. Es además un caso de odio y discriminación hacia su hijo, una persona en discapacidad, que al padecer un cuadro severo de autismo incurría en ruidos y golpeteos.
Lejos de ser apoyada con gestos de empatía por su situación de ser la cuidadora sin descanso de su hijo Bruno, de 11 años, -cuidado que incluso le imposibilitaba salir a trabajar-, los vecinos hostigaban constantemente a Luz. En sus redes sociales quedaron de manifiesto cómo ponían mensajes en las paredes exteriores de su departamento que amenazaban su vida y su seguridad, además de sufrir vejaciones como ser agredida con lejía y tener un perro pitbull en el pasillo para que ni ella, ni su madre, con quien vivía y quien se encarga del sustento de la casa, pudieran pasar con tranquilidad.
“Esto es un feminicidio por odio. Ella recibía las amenazas, pero esas amenazas eran ocasionadas por un profundo rechazo y discriminación hacia su hijo, ante sus crisis y sus ruidos. Ella hacía lo que haría cualquier madre, defender a su hijo”, explica Marialú Castro, miembro de la red latinoamericana YoCuido, que trabaja por el derecho al cuidado digno y el reconocimiento del cuidador, organización a la que también pertenecía Luz Raquel Padilla.
A pesar de que las mujeres cuidadoras atienden a 42 millones de personas dependientes en México, (casi la población de un país como Polonia) no existe un plan nacional de cuidado que preste apoyo a las personas con alguna discapacidad o enfermedad, ni vele por los derechos e implicaciones por las que tienen que pasar las mujeres que las cuidan.
“Es una sociedad que ha normalizado la violencia y en la que el estado no hace presencia. El Estado no estuvo ahí cuando Luz Raquel Padilla fue y denunció y no la protegió, el Estado no la quiso poner en un sistema de protección cuando ella lo solicitó muchas veces, es el mismo Estado que no otorga políticas públicas a niñas y niños con discapacidad, ni a sus cuidadoras”, increpa Yereli Rolander, del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad A.C., quien llama la atención sobre el hecho de que son justamente las mujeres, que son víctimas de tanta violencia en México, las que se encargan casi en su totalidad de estas labores del cuidado.
“El gobierno da un apoyo económico, pero son apoyos que no ayudan a una familia ni a sobrevivir. Además, no hay espacios de conciliación laboral para que las mujeres puedan trabajar y a la vez ocuparse del cuidado, no hay corresponsabilidad en los varones que cuando saben que hay una niña o niño con discapacidad prefieren irse; las mujeres son las que se quedan con los cuidados de las personas con discapacidad o de los enfermos. Son las madres, las abuelas, las tías, ellos se van y a ellas ¿quién las cuida?”, añade Rolander.
En medio de proyectos de ley que justamente buscan instaurar este necesario plan de cuidado, el caso de Luz Raquel Padilla pone en evidencia la urgencia de algunas recomendaciones que se han hecho por parte de las organizaciones sociales. “¿Qué pasa cuando una persona cuidadora ya no está?, ¿qué pasa con la persona que ella cuidaba?, ¿qué va a pasar ahora con Bruno? Hay personas como él que necesitan un cuidado intenso, especializado y extenso, ¿quién se va a hacer responsable de esa vida si su cuidadora, como ocurrió en este caso, es asesinada? Esto tiene que contemplarlo la ley”, explica Marialú Castro.
Mientras los problemas más estructurales encuentran alguna solución que hagan menos vulnerables y reconozca la vida digna de esta población, desde organizaciones como YoCuidoMexico se le exige al gobierno mexicano agilizar el proceso judicial y jurídico para que la familia de Bruno tenga su custodia.
“Además, pedimos reubicar inmediatamente a su familia, porque siguen expuestos a la gente que dañó la vida de su madre. Se tiene que garantizar las medidas de protección que garanticen el sustento económico y desarrollo integral a largo plazo de esta familia. Bruno va a necesitar eso toda su vida”, explicó Castro.
Finalmente, la organizaciones y movimiento de mujeres que han hecho plantones en diferentes lugares del país, exigen al gobierno que se castigue a los responsables, y que la investigación se haga con todas las instancias destinadas a proteger el derecho de las mujeres, de los niños y de las personas con discapacidad.
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