LOS ÁNGELES, California.– Acoso, intimidación, fallas para identificar a los solicitantes de asilo político, negligencia al documentar los temores sobre retornar al país de origen, anotar mentiras e incluso maltrato físico: son algunas de las presuntas irregularidades que Human Rights Watch (HRW) ha detectado en más de 100 casos de refugiados que manejó la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).
"Les dije que no me deportaran y se rieron": Human Rights Watch denuncia abusos de agentes fronterizos
Más de 100 casos de presuntos abusos y fallas cometidos por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) han sido documentadas por la organización de derechos humanos. Los afectados han sido solicitantes de asilo político.


La organización publicó esta semana nuevas quejas que señalan a oficiales fronterizos al presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por no responder adecuadamente a una solicitud de información que busca confirmar varios abusos cometidos por agentes federales.
Al momento, el grupo ha reunido informes que elaboraron funcionarios que toman casos de refugiados para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), otro organismo del DHS, en los cuales documentan distintos maltratos. "Los documentos proporcionan detalles sobre múltiples casos de intimidación, abuso verbal e incluso físico por parte de oficiales del CBP", asegura Human Rights Watch.
Por ejemplo, un oficial del USCIS señaló en un correo electrónico que el CBP intimidó a un solicitante de asilo para que retirara su caso. Su relato fue este: "Lo que es especialmente perturbador es que (...) el registro indica que ha sido objeto de acoso, intimidación y maltrato físico por parte del CBP tras su reciente ingreso a Estados Unidos y (…) ese maltrato (…) afectó su decisión para retirar su caso".
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El reporte describe más de 100 situaciones de presuntos abusos y fallas del CBP. En los puntos de acceso al país, los agentes fronterizos deben atender a las personas que piden asilo. Las detienen durante 72 horas o menos y las derivan al USCIS para se les haga una entrevista que demuestra que su miedo es "creíble" y se les inicie un proceso en un tribunal migratorio.
El problema, de acuerdo Human Rights Watch, es pasar ese primer filtro. Su reporte detalla que un oficial ignoró el temor que le expresó un solicitante de asilo. Así lo contó el inmigrante: "Les dije que tenía mucho miedo y que, por favor, no me deportaran y se rieron", relata el informe.
"Brindar una audiencia justa a personas que huyen de contextos de persecución y abstenerse de cometer abusos no es algo que el CBP pueda hacer cuando le plazca, sino una exigencia del derecho estadounidense", señaló Clara Long, investigadora de HRW.
En otra instancia, la organización asegura que un oficial del CBP mintió en un formulario. "Pregunta: ‘cuando el agente del CBP le cuestionó si tenía miedo de regresar a El Salvador, usted dijo que no; ¿Por qué dijo que no?’ Respuesta: ‘No dije que no, esas preguntas no me las formularon’".
Human Rights Watch y el American Immigration Council solicitaron información de funcionarios de USCIS para agregar más pruebas de que el CBP violó las leyes y no cumplió los procedimientos correspondientes al detener a solicitantes de asilo en la frontera, así como el hecho de que otras oficinas conocían tales fallas. Alegan que han recibido una cantidad "muy limitada" de reportes del DHS, refiriéndose a que obtuvieron información con demasiadas eliminaciones y que no recibieron documentos de 2012 al 13 de diciembre de 2016.
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En mayo pasado, el grupo de derechos humanos publicó un reporte denunciando que agentes de la Patrulla Fronteriza les han negado a 125 individuos y familias solicitantes de asilo el derecho a ser detenidos, procesados y quizás protegidos por el gobierno de EEUU. Eso ha ocurrido durante las administraciones de Barack Obama y Donald Trump.
"Trump dice que no te podemos dejar entrar", "¿cómo sabe que cumple con los requisitos?" o "ya no estamos aceptando solicitantes de asilo político", fueron algunas de las mentiras que los funcionarios habrían dicho en las garitas fronterizas de California, Arizona, Nuevo México y Texas.
A través de un comunicado enviado a Univision Noticias, el CBP dijo que no comentaría sobre este litigio pendiente, aunque señaló que conoce dicho informe y que trata de responder a dichas preocupaciones.
"CBP trata a todas las personas con dignidad y respeto y se asegura de que todas las instalaciones cumplan con todos los requisitos legales y normativos pertinentes", agregó la dependencia.



















