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Multas

La pobreza no debería ser factor para suspender la licencia de manejo, alega demanda

Más de 600,000 californianos han perdido sus licencias de conducir por no pagar una multa o por no comparecer ante un tribunal, según una coalición de organizaciones detrás de la acción legal.
1 Nov 2016 – 8:33 PM EDT

LOS ÁNGELES, California.- El caso de Guillermo Hernández, un inmigrante al que le suspendieron la licencia de conducir por no tener dinero para pagar una infracción de tránsito, se cita en una demanda que interpuso una coalición de organizaciones de asistencial legal en California en contra del Departamento de Vehículos de Motor (DMV), en la cual se argumenta que no deberían cancelar el permiso de manejo a choferes de bajos recursos.

Hernández, residente del condado Contra Costa, y otros demandantes señalados en la querella no pudieron pagar el “exorbitante” costo asociado con multas de tránsito que les impusieron y sus permisos de conducir les fueron retirados sin evaluar su situación económica, reclama la demanda.

“Nadie debe verse forzado a escoger entre mantener su licencia de conducir y alimentar a su familia. El DMV debe dejar de castigar a la gente por ser pobre”, expresó Rebekah Evenson, directora de Legal Aid en el área de la bahía de San Francisco, uno de siete grupos que presentaron la acción legal el pasado viernes.

Las organizaciones indicaron en un comunicado que más de 600,000 californianos han perdido sus licencias de manejo por no pagar una multa o por no comparecer ante un tribunal. Esta práctica persiste a pesar de las políticas de amnistía implementadas por la agencia, aseguran.

“Es alarmante que se haya suspendido injustamente la licencia de conducir de cientos de miles de personas y que esta práctica afecte de forma tan excesiva a las personas de color”, dijo Paul Tepper, director ejecutivo del Centro Occidental sobre Leyes y Pobreza.

La cifra no pudo ser confirmada por el DMV, que también omitió comentar sobre la querella. “El departamento no comenta sobre litigios pendientes como este”, señaló su vocero Armando Botello.

El Poder Judicial de California reportaba hace unos meses que más de 58,000 automovilistas se habían beneficiado del Programa de Amnistía de Multas, que reduce el costo de las infracciones hasta un 80%.


Aunque el DMV tiene la autoridad legal para retirar las licencias a quienes intencionalmente dejaron de pagar una infracción de tránsito, la pobreza no puede ser considerada como algo “intencional”, indica la demanda, que también ha sido respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, la Escuela de Derecho Gould de la Universidad del Sur de California (USC), el Centro Legal Comunitario de East Bay, entre otros.

Los tribunales de tránsito, indica la querella, deben dar a los automovilistas la oportunidad de comprobar su incapacidad de pago y si no se les ofrece tal opción entonces es ilegal que el DMV cumpla con la solicitud de dicha corte de suspender la licencia.

'Manejar no es un lujo'

Según las organizaciones, la Suprema Corte de Estados Unidos y California han ratificado que una licencia de manejo no es un lujo, sino algo esencial para la subsistencia de muchas personas. La capacidad de conducir a menudo es necesaria para poder obtener y mantener un empleo, cuidar de los hijos o familiares, y trasladarse hacia citas médicas, indicaron en el comunicado.

El caso principal de la demanda es el de Hernández, quien en marzo de 2013 recibió una infracción por no actualizar su domicilio en su licencia de manejo y no tener un registro automovilístico válido. Él acudió a una corte en dos ocasiones tratando de resolver la multa y en ambas ocasiones le dijeron que “no estaba en el sistema”.

Aunque la multa inicial le exigía un pago de 500 dólares, los cargos adicionales elevaron el adeudo a 900 dólares. En julio de 2015 él solo pudo abonar 200 dólares y le suspendieron la licencia. Este hombre, dice la demanda, no ha podido encontrar un trabajo estable desde un robo en su pequeño negocio.

“Bajo las prácticas actuales, una persona puede perder su licencia de conducir porque no puede pagar una multa por imprudencia peatonal. Un sistema que se supone debe ser sobre seguridad pública se ha convertido en un sistema para cobrar multas para el estado”, dijo Elisa Della-Piana, directora legal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles.

Esta acción legal, que se presentó ante el Tribunal Superior del condado de Alameda, sigue los pasos de demandas que impugnan las prácticas de suspensión de las licencias de conducir en los tribunales de tránsito de los condados de Los Ángeles y Solano.

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